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Trasladan a Medellín a Concejal de Tarazá señalado de pertenecer al Clan del Golfo
El periodismo en riesgo
En un comunicado la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos y la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras anunciaron el inicio de una campaña llamada “Periodismo en riesgo”.
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La esquiva paz del Bajo Cauca Antioqueño
El Bajo Cauca Antioqueño ha sido una de las zonas más conflictivas de la historia reciente colombiana. Su riqueza aurífera, agrícola y su situación como corredor estratégico lo convierten en un botín preciado para todos los actores armados del conflicto.
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¿Quién le retiró la escolta a Luis Carlos en Tarazá?
De nada valió ser uno de los periodista más amenazados del país. A Luis Carlos Cervantes lo mataron de nueve disparos en la cabeza mientras iba a recoger a su hijo al colegio. El asesinato de este periodista reitera las preguntas sobre el oficio periodístico en Colombia y sobre los alcances de las medidas de protección que el Estado otorga a los comunicadores.
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Ojo a la guerra informativa contra la paz
La supuesta masacre contra 7 miembros de una comunidad indígena en Tarazá, un municipio de Antioquia, prendió las alarmas de la institucionalidad y les dio tema de conversación a los enemigos de la paz. El hecho, a pesar de que fue dado como cierto por varios medios de comunicación y replicado por líderes opositores en las redes sociales, fue desmentido por la policía. Los riesgos de usar información de guerra sin confirmar, sobretodo en medio de un intento de paz.
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Masacre en el municipio de Tarazá
Autoridades investigan presunta masacre de una familia en zona rural del municipio antioqueño de Tarazá. La información oficial preliminar señala que el frente 18 de las Farc habría asesinado a dos mayores de edad y cinco niños.
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Las polémicas capturas de miembros de Marcha Patriótica
Durante la última semana varias personas han sido capturadas por, presuntamente, pertenecer a las Farc. Organizaciones campesinas y de Derechos Humanos sostienen que se trata de civiles sin ninguna relación con la insurgencia. Algunas de estas personas están vinculadas directamente con el movimiento Marcha Patriótica.
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