Mercurio

El país no cuenta con una política articulada para el control y uso del mercurio. Así lo concluye una auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Medio Ambiente.

Los ministerios y entidades evaluadas fueron Agricultura, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Transporte. Además de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Como resultado de la auditoría se tienen 24 hallazgos administrativos de los cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 presunta incidencia penal y con relación al cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio se evidenció que no se ha establecido quién estará a cargo de su liderazgo o coordinación.

Para la Contraloría, a pesar de que el Plan incluye una relación de actividades que se deben ejecutar, no estableció los responsables a cargo ni los tiempos de consecución de las metas establecidas y tampoco cuenta con una estrategia de articulación para el desarrollo de las actividades.

“Las entidades han venido asumiendo y haciendo lo que consideran deben hacer según sus competencias, situación que afecta el desarrollo de todo el Plan y termina afectando el objetivo final de la Ley 1658 de 2013 que es «proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional”, explica el informe.

Para la Contraloría, la ausencia de direccionamiento genera falta de articulación y armonización de las distintas entidades para alcanzar la meta del Plan Único de Mercurio que es reducir y eliminar progresivamente el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en la minería a julio de 2018 y en todos los procesos industriales y productivos a julio de 2023.

Se encontró que las CAR con jurisdicción en zonas de minería aurífera como son Corantioquia Corpourabá, Cornare, Corponariño y Codechocó, no realizan monitoreo de emisiones de mercurio por lo tanto no cuentan con un inventario de fuentes activas y pasivas de mercurio, tampoco tienen identificadas las zonas afectadas por emisiones y liberaciones de este mineral.

Con relación al registro único de usuarios de mercurio RUM que deben adelantar las Corporaciones, se observaron porcentajes de inscripción bajos frente al número de usuarios en cada jurisdicción y la obligación de implementación del RUM por parte de las Corporaciones entró en vigencia desde el 8 de abril de 2016. (Corantioquia 1.82%, Corponariño 11.86%, Corpourabá 0% y Codechocó 29%).

La Contraloría considera que es necesario un adecuado direccionamiento del Plan Único Nacional de mercurio y procesos de articulación y armonización de los esfuerzos de las entidades involucradas, si lo que se busca es proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional.

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