Bogotá está pagando más del doble de la tarifa de energía del mercado regulado

Falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas de energía, mala calidad del servicio y ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos, son algunos de los hallazgos derivados de la evaluación de la política pública en la prestación del servicio de alumbrado público que realizó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a nivel territorial.

 

La evaluación, realizada a partir de información recolectada en 703 municipios, evidenció graves desórdenes, los cuales no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino también a la ciudadanía que no recibe un buen servicio.

 

Según los resultados de este estudio, el 85% de los municipios consultados confirmaron que no cuentan con un interventor para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, lo cual implica falta de control en la prestación del mismo.

 

Es importante destacar que solo los municipios que operan a través de un tercero están en la obligación de hacer estas interventorías. De los municipios que operan de manera indirecta, el 75,5% no realizan esta actividad.

 

“Recomendamos hacer interventorías. La evaluación encontró que tener un interventor se asocia con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura y una mayor iluminancia”, indicó el director del DNP, Luis Fernando Mejía.

 

Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación tiene que ver con las tarifas. Algunos municipios y distritos pagan costos más altos de la tarifa del mercado regulado por el suministro de energía para el alumbrado público.

 

Una de las causas que se asocian a los sobrecostos, según los resultados de la evaluación, son las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público.

 

Por ejemplo, Bogotá está pagando más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104%. Otras alcaldías que pagan con sobrecosto son Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena).

 

Para solucionar este inconveniente que afecta el gasto de los recursos públicos, el DNP propone que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación. Igualmente, el DNP propuso solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoria excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público.

 

“Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público”, indicó el director del DNP, Luis Fernando Mejía.

 

Al analizar los costos que se asumen por administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, la evaluación encontró que en promedio el gasto de administración, operación y mantenimiento por luminaria es de 218.633 pesos, siendo la región de los Llanos la que registra el menor promedio con 78.389 pesos por luminaria y la región Caribe la que registra el mayor promedio con 384.942 pesos por luminaria.

 

Sin embargo, el estudio encontró casos extremos como que en un municipio del país los gastos por administración, operación y mantenimiento por luminaria cuesta 5.559 pesos y en otro el costo asciende a 1.511.067 pesos.

 

Esta heterogeneidad en las tarifas de energía y costos de operación se debe en gran parte a la falta de control. Según los datos de la evaluación sólo el 19,4% de los municipios visitados tiene sistemas de medición precisos para la verificación del suministro de energía.

 

En el 26,9% de los municipios no se verifica, en el 7,5% se hace según los datos de la interventoría, en el 26,9% se paga el suministro con información del cálculo realizado por el operador, en el 32,8% según inventario del municipio y en el 38,8% de los casos se paga según el inventario del comercializador.

 

Con respecto al tema ambiental, la evaluación encontró que el 55,1% de municipios encuestados no cuentan con un plan de manejo ambiental para la disposición de los residuos de alumbrado público. Esto puede llevar a que se haga una mala disposición en los residuos de alumbrado.


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