“No fue una propuesta, sino una idea”: Macías sobre la Constituyente
Asesinan a tiros un candidato a la Asamblea Constituyente de Venezuela
El Ministerio Público de Venezuela ha ordenado este domingo que se investigue el asesinato del abogado José Félix Pineda, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector comunas y consejos comunales, asesinado de varios disparos ayer sábado en el estado de Bolívar (sureste del país).
“Fiscalía 4° de Ciudad Bolívar investiga muerte del abogado José Félix Pineda (39), ocurrida la noche de este sábado; un grupo de personas irrumpió en la residencia de la víctima ubicada en el sector Brisas del Sur Tres, y le propinó varios disparos”, señaló la oficina en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha condenado el asesinato y exigió una inmediata búsqueda de los culpables.
“Rechazamos el asesinato del candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, José Félix Pineda; exigimos del Ministerio Público (una) investigación oportuna sobre los responsables”, publicó la organización no gubernamental en Twitter.
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54% de los venezolanos apoyan constituyente de Maduro, según encuesta
El 54 por ciento de los venezolanos apoyan el proceso constituyente lanzado por el presidente Nicolás Maduro y como motivos principales para respaldar la iniciativa citan blindar las conquistas sociales logradas durante el ‘chavismo’ en materia de vivienda, educación y trabajo.
El estudio ha sido elaborado por la empresa Hinterlaces a partir de entrevistas realizadas entre el 15 y el 28 de junio en todo el país vecino y ha sido dado a conocer este domingo por la televisión estatal venezolana, Televén.
La encuesta revela además que el 56 por ciento de la población rechaza las campañas mediáticas que pretenden señalar que “el presidente Nicolás Maduro quiere redactar una nueva Constitución para perpetuarse en el poder”.
Asimismo, el 60 por ciento de los venezolanos está en desacuerdo “con quienes dicen que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) redactará una nueva Constitución para establecer en Venezuela un gobierno modelo comunista como Cuba“.
Precisamente este domingo ha comenzado oficialmente la campaña para la elección de la ANC y el candidato ‘chavista’ a la misma Diosdado Cabello ha defendido que se inhabilite políticamente a quienes hagan llamamientos a la violencia y desconozcan el resultado del proceso convocado por Maduro.
“Aquellos que llaman a la violencia y a desconocer a la Constituyente, sean inhabilitados políticamente para que más nunca puedan ejercer la política”, ha afirmado, según recoge la agencia de noticias oficial, AVN. Además, señaló que todos los inscritos para las elecciones del próximo 30 de julio “debemos comprometernos con el pueblo”, desde el mismo momento de ser electos.
Durante la marcha de inicio de la campaña electoral, realizada en Barquisimeto, estado e Lara, Cabello ha destacado que “no debe haber comandos de campaña paralelos, sino que solo debe haber un grupo revolucionario. No puede haber privilegios de ningún tipo”.
En su intervención, Cabello, él mismo expresidente de la Asamblea Nacional, ha justificado la agresión de simpatizantes ‘chavistas’ a diputados de la oposición en la propia sede de la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio. “El pueblo entró (…). En estos días el pueblo fue a la Asamblea Nacional (…). Los diputados de la MUD estaban ahí y estaban chillando porque los encerraron”, ha criticado.
También la oposición se ha movilizado este domingo para conmemorar los 100 días desde que comenzó la última oleada de protestas, el pasado 1 de abril. Durante los disturbios han muerto al menos 90 personas. En la concentración de este domingo en Caracas, nuevamente multitudinaria, los asistentes han exhibido banderas de Venezuela, gorras tricolor y camisetas blancas como símbolo del rechazo a la violencia.
La Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán elegidos el 30 de julio, estará integrada por 545 venezolanos. De ellos, 173 serán miembros sectoriales –trabajadores, estudiantes, comunas, campesinos y pescadores, pensionados, personas con discapacidad y empresarios– y 364, territoriales, a razón de uno por municipio, dos por capitales de estado y siete por el Distrito Capital.
También tendrá ocho representantes de los pueblos indígenas, que serán electos el 1 de agosto, cuando se realizarán tres asambleas regionales en las que estarán presentes los portavoces seleccionados por los pueblos originarios en las 3.473 asambleas comunitarias efectuadas entre el 5 y el 30 de junio.
Sin embargo, la oposición unida en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha expresado su rechazo al proceso constituyente y ha convocado un plebiscito para el próximo 16 de julio contra la ANC que contará con 1.933 puntos de votación en todo el país instalados cerca de escuelas, plazas e iglesias.
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Fiscal venezolana presentó tres nuevos recursos contra constituyente de Maduro
La fiscal general de Venezuela , Luisa Ortega Díaz, anunció hoy que ha presentado tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva carta magna.
Según informó su oficina en un comunicado, Ortega Díaz interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y se establecieron sus bases electorales.
La fiscal recurrió también ante el Tribunal Supremo decisiones del Poder Electoral relacionadas con ese proceso, según la nota hecha pública hoy por su oficina.
Con estos serían cinco los recursos presentados por la titular del Ministerio Público contra la ANC, ya que los dos primeros han sido negados por la máxima corte.
En esta ocasión la fiscal “demandó la nulidad” del decreto a través del cual Maduro convocó a la ANC, y señala que el jefe de Estado solo “puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental”, pero no llamar a la celebración del proceso.
Afirma que “esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación del poder constituyente originario” en un referendo consultivo.
Ir a un nuevo proceso constituyente para derogar el actual texto, logrado a través de un proceso de amplia consulta, constituye “la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la carta magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario”.
La fiscal general argumentó que la Constitución vigente fue elaborada en un proceso constituyente, con una consulta previa y posterior a los ciudadanos, por lo que un nuevo proceso que no cumpla esos pasos “evidencia un retroceso en ese aspecto”.
Además requirió la nulidad del decreto en el cual se contemplan las bases de la elección de la ANC, por “violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica”.
Estas bases vulneran, a su juicio, “la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad” del voto, sostiene la demanda según la comunicación del Ministerio Público.
En una tercera acción legal la fiscal denunció que “hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC”.
En los tres recursos se solicitó además un amparo cautelar para suspender los efectos emanados de los decretos presidenciales y de las decisiones del órgano electoral.
Para esta decisión la fiscal ha pedido al Supremo la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional que “han dictado sentencias violatorias del orden constitucional”, contra quienes Ortega Díaz solicitó esta semana su destitución y le fue negada.
Ha solicitado además al TSJ que se le autorice para llevar a juicio a ocho magistrados de esa Sala Constitucional, seis titulares y dos suplentes, una acción sobre la que la corte aún no se ha pronunciado.
La fiscal general se ha distanciado del Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico.
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