Hace cuatro años había un sueño ahora no hay nada

Jaime Acosta

Cartagena, Colombia, septiembre de 2016, firma del acuerdo de paz

El país estaba expectante por la firma del acuerdo con las FARC, polarizado entre las voluntades del SI a la paz y la maquinaria uribista de fake news a favor del NO.

Por ingenuidad, equivocación estratégica de Santos, aletargamiento de los partidos, inconciencia de los jóvenes, en fin, por falta de liderazgo, de conciencia política y ciudadana, e insolidaridad con ocho millones de víctimas y cientos de miles de muertos, el Sí perdió por cincuenta mil miserables votos tramposos.

Lo que se firmó en el Teatro Colón dos meses después, gracias al Premio Nobel, no fue igual. Sin embargo, de lo valioso que se preservó fue que el acuerdo se enmarcó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, razón de la furia de Uribe y de terceros.

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Bogotá, agosto 7 de 2018, paz con legalidad volver trizas la paz

Difícil entender a Duque cuando habla de paz con legalidad, puesto que no puede haber paz con ilegalidad. Por ningún lado del acuerdo de paz se puede inferir ilegalidad, es decir, que esté por fuera de la constitución y las leyes, y del ordenamiento jurídico internacional. En cambio, la paz con legalidad es igual a volver trizas la paz. Es lo que ocurre desde hace dos años. Duque hace lo mínimo para mostrar que está cumpliendo, engañar a ignorantes, humillar a las víctimas, fallarle a los desmovilizados, y mentir a la comunidad internacional.

La paz con legalidad volver trizas la paz, ha resultado en cientos de líderes asesinados, de excombatientes acribillados cuando el estado se comprometió a protegerlos, jóvenes masacrados, jóvenes agredidos en los CAI, mujeres violadas, torturadas y desaparecidas, periodistas, opositores y analistas perfilados por una oficina clandestina de la inteligencia militar, vándalos prefabricados para justificar la represión contra la legitima protesta por la pérdida de derechos, bienestar, oportunidades, seguridad, en últimas, protesta por falta de democracia, estado, justicia y equidad.

Colombia, septiembre de 2020, sin rumbo y desestabilizada

A los cuatro años del acuerdo el país se desestabiliza desde el gobierno y su partido, producto del incendiario trinar de Uribe y de sus amenazantes seguidores.

La reforma rural aplazada: incumplimiento al acuerdo.

Se necesita un plan de desarrollo rural al 2030. Sin embargo, no está en la visión y en las acciones de Duque adelantar un proceso mediante el cual el campo sea de empresarios y de campesinos propietarios para lograr un desarrollo sostenible con paz, equidad, productividad y bienestar.

El covid era la oportunidad para impulsar el cambio rural hacia una autosuficiencia alimentaria, pero nada importante ocurrirá porque ya debería estar diseñado y puesto en marcha un plan 2030. La única reforma rural que está haciendo Duque es la de los baldíos que eran para el campesino pero que ahora serán para grandes terratenientes a través de una ley que agazapada hace tránsito en el congreso, como si ese modelo no fuera el culpable de setenta años de desgracias, pues ese proceso de acumulación no derivó en más productividad, bienestar y felicidad, sólo en dolor, acaparamiento y atraso. Desde el 2019 la muerte regresó al campo.

La economía, salvamento sin norte

Hay un plan de reactivación económica del gobierno bajo el supuesto de salvar empresas y empleo en una economía que equivocadamente se cree que volverá a ser igual, cuando no será así. Se debió hacer al mismo tiempo el plan de reactivación y otro de reestructuración o de reinvención para una profunda transformación productiva, porque la economía mundial venía ralentizada desde antes del covid por eso se avanzaba y conversaba de cambiar el capitalismo neoliberal de mercado.

Dos agendas, la de salvamento y la de transformación, sin embargo, Duque se quedó con la primera y los gremios y empresarios no han pedido ni propuesto la segunda, tanto que el ministro Restrepo habla mucho de comercio y turismo, poco de industria y nada de cambio estructural. Es como si hubiera un pacto solapado con importadores y franquiciadores, modelo empresarial que no tiene efectos de derrames positivos en la economía por sus débiles encadenamiento dado que el valor agregado – innovación constante y disruptiva – se hace en las casas matrices y no en Colombia, producto de los TLC. El resultado, desempleo del 25%, decrecimiento superior al 10%, informalidad que superará fácilmente el 60%, y una recuperación avizorada a cinco o más años.

La rápida redinamización de Asia se debe al cambio estructural, a una capacidad creciente de innovación y a una matriz cultural de acelerada y disciplinada respuesta. Sus economías ya están en la senda de crecimiento positivo, y occidente nuevamente dependerá de lo que haga China y no de lo que el hemisferio pueda hacer, con un Trump que no sabe cómo armar conflictos para satisfacer su aparato de guerra y relanzar la economía. Ojalá gane Biden, ojalá.

La Corte Suprema de Justicia define el futuro de Colombia

Cuando el país entendía la decisión de la Corte al declararle a Uribe medida de aseguramiento por fraude procesal, las leyes 600 y 906, con vacíos inexplicables como sucede con todas las leyes hechas para que la impunidad triunfe, llevaron el expediente a la Fiscalía y de ahí a una jueza de garantías para determinar el futuro del desaforado. La Sala de Instrucción que había actuado con rigor hasta cuando era senador, reculó y se contradijo, porque remitió a la Fiscalía el expediente con una carta sin vergüenza del presidente de la Sala de Instrucción, diciendo que no había mérito de nada desde la 906, a pesar de que pocos días atrás la misma sala le había decretado medida de aseguramiento con la ley 600. Es decir, con un ley SÍ y con la otra NO. ¿Por qué cambio la Corte de la noche a la mañana?

Una valiente e inteligente jueza devolvió el expediente Uribe para que la Sala Plena de la Corte decida de una vez por todas varias cosas: la ley bajo la cual debe ser decidido el juzgamiento del detenido, y a quien corresponde continuar el proceso, porque hay un vacío normativo que se debe zanjar pues es inaudito que un expresidente de la república, exalcalde, exgobernador y exsenador, no sea procesado por el más alto superior jerárquico. Es la Corte, por sentido común, por coherencia procesal, por solidez institucional, la que debe definir en sus salas el futuro legal de Uribe por fraude procesal y acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Si Uribe no hubiera metido las patas poniendo una denuncia al senador Cepeda recurriendo a falsos testigos, inventados por él con el abogado Cadena, el país no recordaría que los crímenes de lesa humanidad estaban en el cuarto del olvido, dejando que el tiempo pasara hasta que el señor se fuera de este mundo, y sin que nada tampoco hiciera la Corte Penal Internacional porque hasta tanto la justicia nacional tenga los casos en proceso, no interviene.

Sería una burla y aumentaría la desestabilización si el expediente Uribe vuelve a la Fiscalía o a la Jueza para dejarlo en libertad. Eso despertaría una mayor indignación nacional e internacional, caso en el cual los archivos desclasificados de la CIA posiblemente se convertirían en pruebas de un caso judicial internacional. Así mismo, la Corte Penal Internacional lo investigaría por crímenes de lesa humanidad, ante la ineficiencia e impunidad de la justicia de Colombia.

La Corte no puede poner el expediente Uribe a pasearlo hasta lograr la preclusión en manos de un Fiscal investigado por corrupción en la misma Fiscalía, arrasando con la verdad a la que tienen derecho las víctimas, Colombia y el mundo, porque la globalización no sólo es económica, es en todos los órdenes, entonces debe erradicar problemas como el que ocupa y desestabiliza a América Latina, y para que no vuelvan a ocurrir casos similares en otro lugar del planeta. Es decir, bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón la justicia no se puede poner en contra de las víctimas, de la constitución y las instituciones.

Uribe debe decir la verdad y someterse a la justicia en su país. Los terceros también, porque fortalecieron el paramilitarismo que le quitó tierras a campesinos para apropiárselas ellos. Y la dirigencia debe cerrar filas para terminar este largo periodo de obscuridad, y pensar en construir una nueva nación.

@acostajaime