Resistir a la Impunidad: Informe de seguimiento a casos de violencia policial durante el paro nacional de 2021

Protestas en Colombia

El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 12:45 pm le dispararon en la cabeza al artista y graffitero de 26 años Nicolás Guerrero, mientras se encontraba en una velatón en memoria de las víctimas mortales de las protestas, en el Sector de la 14 en Calima, Cali. La madre de Nicolás relata que el ejército se encontraba en el lugar de los hechos, pero se retiró y entró el ESMAD, lo cual indispuso a toda la comunidad. Señalan que no era necesario que interviniera el ESMAD y menos con la violencia que llegaron a impartir, había francotiradores y tanquetas.

A la fecha, hay un proceso activo ante la FGN en etapa de indagación. Lo que más preocupa es que no se ha podido individualizar al presunto responsable. Además, la madre Nicolás señala que el fiscal de derechos humanos ha recibido amenazas y que ella y su familia se han sentido amenazados por la policía. La familia tiene conocimiento de una investigación abierta en la policía por el caso, pero no asistieron a la citación porque no tienen confianza. Nicolás Guerrero, víctima de violencia policial durante el Paro Nacional del 2021

Casos como el de Nicolás fueron documentados en el Informe Resistir a la Impunidad, en el cual divulgamos los resultados del seguimiento al estado de los casos por hechos delictivos ocurridos con ocasión o en el marco del Paro Nacional del 2021.

A partir de la revisión del reporte de la Fiscalía General de la Nación – FGN, así como de los registros que se presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros reportes de organizaciones de la sociedad civil contrastamos los casos registrados en el marco de las protestas del 2021 y verificamos la garantía del derecho a la justicia de las víctimas de estos casos.

Al respecto encontramos que sigue existiendo un alto subregistro de casos, existe un alto grado de impunidad y el Estado no ha tomado las medidas necesarias para identificar y judicializar a los presuntos responsables de estos delitos. A saber, en 1.938 casos (61,1%) reportados por la FGN no se han identificado responsables. Y de los casos en que se ha identificado responsable, 409 (13%) están en etapa de indagación. Es decir que, sumando casos sin presuntos responsables y en indagación, el 74.1% de los casos por hechos delictivos asociados a las protestas del 2021 permanecen impunes.

Además, encontramos que 202 personas fueron víctimas de lesiones personales por parte de la Fuerza Pública. De estas, 88 víctimas se encuentran en etapa de indagación, y los casos de 4 víctimas fueron archivados. Es decir que, casi la mitad de las víctimas de lesiones personales atribuibles presuntamente a la Policía no ha visto avanzar su proceso y sus casos permanecen impunes. Con relación a los homicidios cometidos en o con ocasión de las protestas, Campaña Defender La Libertad registró 6 homicidios de personas civiles en Bogotá, de los cuales, 4 son presuntamente atribuibles al ESMAD; mientras que la FGN no reportó ningún homicidio cometido por la Fuerza Pública en la Capital.

En el mismo sentido, mientras que la FGN no reportó ningún caso de violencia sexual en Bogotá, Campaña Defender la Libertad reportó 18 casos, de los cuales 5 sucedieron en la ciudad de Bogotá. Ocurre lo mismo, con el reporte de lesiones personales y detenciones arbitrarias en la ciudad de Bogotá, en donde el reporte de las organizaciones sociales es superior, incluso el triple, al de la FGN. Por último, nos llamó fuertemente la atención que, en el caso de la Fuerza Pública, por cada caso delictivo hay en promedio 11 víctimas; mientras que, en el caso de particulares, por cada caso delictivo hay en promedio 5 víctimas.

Es importante advertir que no solo en el Paro Nacional del 2021 se presentaron violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública, por el contrario, en todas las jornadas de protesta que se presentan desde el 2019 se han registrado estas violaciones. Por ello, también acudimos como fuente primaria al relato de víctimas de violencia policial del 2019 al 2021. De los relatos de las víctimas encontramos que (i) se presentan maniobras dilatorias para suspender o agendar las audiencias ante la FGN y algunas víctimas no conocen la etapa en la que se encuentran sus casos; (ii) ninguna víctima siente confianza hacia la policía, por ende, no confían en los procesos disciplinarios que se adelantan en la institución; (iii) las víctimas y sus familiares se sienten amenazados por la policía y han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos; (iv) y el apoyo del Estado es casi nulo, por el contrario, han recibido amplio apoyo de organizaciones sociales e incluso se han creado colectivos por parte de las víctimas.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado, y al próximo gobierno, para que en su integridad garantice el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de DDHH por parte de la Policía Nacional. Esto es, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y eventualmente sancionar, dentro de un plazo razonable, a los responsables de estas violaciones (CIHD).

Además, consideramos que es necesario construir un reporte consistente, público y actualizado de los casos ocurridos durante las jornadas de protesta; garantizar que todos los casos de violaciones a DDHH por parte de la Fuerza Pública ocurridos sean investigados por la justicia ordinaria a través de un proceso judicial eficiente y sin dilaciones; garantizar el acompañamiento integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y adoptar los enfoques requeridos para identificar todos los casos que están asociados a violencia basada en género.

Vemos con esperanza los anuncios del Presidente Electo, Gustavo Petro, en torno a la reforma integral a la policía, sin embargo, hacemos un llamado sobre la imperiosa necesidad de incluir en esta transformación a las víctimas de estas violaciones y hacer hincapié en la formulación de propuestas concretas sobre la garantía al acceso a la justicia de las víctimas en los términos definidos por la CIDH.

La injusticia y la impunidad son una forma de violencia, y su ausencia impide el acceso al derecho a la reparación. No olvidemos a las víctimas, quienes diariamente deben afrontar las secuelas físicas y psicológicas derivadas de las violaciones a sus DDHH y que además se enfrentan a la estigmatización y no reconocimiento de su condición.

 

Diego Cancino

Concejal de Bogotá Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Asesor en la Cámara de Representantes y profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Externado.

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