¿Elefantes blancos o proyectos turbios?

Usamos el término elefante blanco para significar una obra (grande) que no sirvió para nada, que ni siquiera se puedo terminar y que la inversión está botada mientras que lo construido está volviéndose ruina.

En la leyenda, el rey de Siam (ahora Tailandia) le asignaba uno de sus elefantes blancos a un súbdito no querido, y lo embromaba de por vida incluso hasta arruinarlo, porque tendría que cuidarlo especialmente, mantenerlo y además, admitir las visitas de todos los que quisieran admirarlo.

Hoy en día su significado es bastante más grave porque embroma a todo un país, región o municipio. La Contraloría General de la República – CGR – tiene una base de datos que construyó a partir de la Ley 2020 de 2020, llamada Registro Nacional de Obras Civiles e Inconclusas, y de la creación de la división especial llamada DIARI Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. La Contraloría ha dicho (Portafolio, marzo 2021) que son 1,527 las obras inconclusas en las que se habría invertido $23.3 billones en total. ¡Hemos perdido el equivalente de 2 reformas tributarias!, un despropósito total en una nación que tiene tantas necesidades urgentes.

¿A qué obedecen los elefantes blancos? ¿imprevisión, desconocimiento, torpeza o mala fe? Ninguna causa es excusable, por supuesto. Los estudiosos del CEPEP (Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de México, noviembre 2017) han analizado las posibles causas de tal despropósito, encontrando una lista que he complementado con las conclusiones de los miembros de Comisión de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (advirtiendo que no son las conclusiones oficiales de la SCI).

  • Vacíos legales o normativas que dan espacio a la autorización de la ejecución de proyectos que no tienen la debida maduración.
  • Incumplimiento en la aplicación de las normas vigentes sobre maduración de proyectos: no hubo la debida planeación/ejecución que asegurara la maduración del proyecto, no responden a una estrategia de desarrollo, no se identificó correctamente una necesidad real de la población o una potencial oportunidad a aprovechar, no se comprobó la factibilidad de mercado, legal, ambiental, financiera, técnica, institucional, social, política, etcétera, no se garantizaron los recursos financieros suficientes para concluir la obra, para o su operación y mantenimiento, o que quedaron en manos de quien no tenía la experiencia necesaria, el interés o simplemente el conocimiento para su gestión.
  • Débil relación gobierno – ciudadanía, ausencia de mecanismos efectivos de transparencia y participación ciudadana.
  • Formación deficiente de los servidores públicos.
  • Falta de control ciudadano a través de veeduría.
  • Educación deficiente de la población.

En la ley 80 de 1993, de contratación estatal, se incluyen preceptos como el numeral 3 del Artículo 26 o Principio de Responsabilidad respecto de disponer previamente los “diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueran necesarios”, o el del numeral 12 del artículo 25 que fija el Principio de Economía, que habla de la “debida antelación a la apertura del procedimiento de selección” a la preparación de estudios, diseños y proyectos. Incluso las previsiones del Artículo 23 en cuanto a la responsabilidad que cabe a los funcionarios que en evidente desacato juegan con el dinero de los contribuyentes.

Y buenas prácticas existen desde hace tiempo: por ejemplo, la “Matriz de Estructuración de Proyectos de Infraestructura” en sus tres fases (Perfil, Pre-factibilidad y Factibilidad) que realizó en el pasado el Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o la “Guía para la obtención de estudios y diseños para el ciclo de Pre-inversión” preparado bajo la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNPOS).  En las últimas décadas se ha perfeccionado mucho la gestión de proyectos a través de certificaciones internacionales apoyadas incluso por el BID, para funcionarios responsables. Todo apunta a garantizar la debida maduración de los proyectos, cuya práctica anula completamente la posibilidad de generar elefantes blancos.

Pero aparte de anotar que seguramente debemos mejorar el marco normativo para hacerlo más fuerte, hay que entender que el método es bien conocido en el mundo entero y que sería difícil decir que tenemos funcionarios incapaces, o que estamos descubriendo apenas que había que entrenarlos para manejar exitosamente los proyectos.

Sabemos que hay una correlación muy fuerte entre los elefantes blancos y la corrupción, y que muy probablemente es su causa raíz. Porque desde hace tiempo, desde que la corrupción se apropió de la contratación pública, es notorio que lo que les importa a los politiqueros no es el proyecto sino el contrato. Una vez firmado y consumada la corrupción, lo de menos es si el proyecto estaba bien concebido, atendía bien una demanda priorizada por una población, o bien diseñado, o bien ejecutado o construido. Nada de eso importa porque el objetivo del politiquero corrupto no era el bien común que se iba a lograr con el proyecto sino su propio interés corrupto. Para nuestra desgracia, 1,527 veces lo han logrado (teniendo en cuenta lo que ha conocido hasta ahora la CGR).

Está bien que el año pasado la Contraloría haya anunciado su “obsesión” por encontrar las obras inconclusas y ayudado a visibilizarlas con su base de datos. Pero se necesita ir mucho más allá de sus investigaciones y aplicación rápida de sanciones que deben lograrse también con obsesión. Esto no puede ser del impulso del funcionario que esté sujeto a los condicionamientos de los politiqueros más influyentes de la temporada que lo colocaron allí. Tiene que ser una política de Estado, desde su prevención hasta el castigo severo a todos los que propicien una obra inconclusa, en el entendido que, para un país pobre como el nuestro con tantas dificultades y pésimo nivel de bienestar de la mayoría de los colombianos, enredar recursos de los contribuyentes en elefantes blancos debe ser considerada una verdadera traición al pueblo cometida por los politiqueros involucrados.

Para no desechar otras posibilidades, si se tratara de un error de ingenieros, o de la no aplicación de las normas establecidas para la maduración de los proyectos, tampoco los duros castigos deben esperar. En Colombia todas estas materias se entienden completamente y hay sobrada capacidad ingenieril para hacer proyectos magníficos, que cumplan a la perfección su cometido para la sociedad. Muy vigente la valiosa reflexión que le oí hace más de tres décadas a Cipriano Londoño, un ingeniero íntegro en todo sentido: “siendo un país pobre, con mayor razón no podemos darnos el lujo de hacer obras mediocres”.

@refonsecaz  –   Ingeniero, Consultor en Competitividad