Los atajos de la ETB y el detrimento del patrimonio público

En el artículo que escribí hace 8 días para este medio mostré que la ETB lleva 8 años de pérdidas cuantiosas en el negocio de móviles. Basados en la información de los informes de gestión de esa entidad calculamos que las pérdidas a hoy en ese negocio son mayores a los $600 mil millones.

¿Qué fue lo que pasó con ese negocio? ¿quiénes son los responsables de este detrimento patrimonial tan grande para la ETB y para la ciudad?

Durante esta semana denunciamos que existen pruebas de mal manejo administrativo, malas decisiones e irregularidades en el proceso de contratación de este proyecto que pueden explicar el fracaso absoluto de este negocio. Veamos.

La ETB contrató desde 2012 y hasta 2016 a la empresa de consultoría internacional Delta Partners para básicamente estructurar y poner en marcha el negocio: estudiar su prefactibilidad, realizar las proyecciones financieras, identificar y acompañar la negociación de alianzas estratégicas, diseñar la estrategia comercial del negocio, entre otras actividades.

Por esta consultoría se le pagó a esta empresa internacional una suma cercana a los $66 mil millones, lo cual representó el 16% del total de las inversiones realizadas por ETB para llevar a cabo el negocio. Y solo por un contrato Delta Partners recibió la extraordinaria suma de $3 mil millones mensuales durante siete meses (para un total de $21 mil millones).

Con tal suma extraordinaria para asesorar el negocio se habría esperado que el proyecto de móviles fuera un éxito para la empresa y para la ciudad. Pero no, el negocio fue un fracaso. Y no solo eso, la contratación con Delta Partners está llena de irregularidades.

Según los hallazgos administrativos de la Contraloría de Bogotá, Delta Partners fue contratada en 2012, cuando el actual presidente de la ETB era el responsable de este negocio (siendo vicepresidente de Estrategia y Negocios), sin cumplir los requisitos técnicos durante la evaluación de las ofertas y, contrario a lo que documentó ETB en un informe, hubo otro oferente (Greenwich Consulting) que sí cumplía los requisitos técnicos establecidos.

Además, la Contraloría señala que la ETB firmó un contrato por tres millones de dólares con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de 10 mil dólares. Es decir, el valor del contrato fue 300 veces el capital de la empresa constituida para el negocio. Y que además se violó el manual de contratación puesto que la cuantía de este contrato ameritaba que se hiciera mediante invitación pública y no mediante contratación directa.

En respuesta a estas denuncias que realicé, el presidente de la ETB salió a defenderse. Aceptó las enormes pérdidas del negocio, pero a pesar de haber liderado la estructuración del negocio entre 2012 y 2014 y de haber decidido contratar en 2012 y 2013 a Delta Partners, el presidente afirmó que él no tiene ninguna responsabilidad sobre el detrimento patrimonial que le causó este negocio fallido a la ETB.

El presidente ha dicho que la responsabilidad del fracaso del negocio ha sido principalmente de la administración de Peñaloza, quienes, según él, marchitaron el negocio al haber decidido desacelerar las inversiones en infraestructura y actividad comercial del negocio.

Y para sustentar sus afirmaciones ha citado un documento de investigación que no es público, llamado “libro blanco”, en el que se documenta y se analiza, según él, lo sucedido en el negocio de móviles entre 2014 y 2019.

Pues bueno, le exigimos al presidente que haga público ese “libro blanco”. Los bogotanos deben saber por qué el patrimonio público de la ciudad se esfumó. La ciudadanía debe saber quiénes fueron los responsables de esa pérdida tan brutal.

La ciudadanía merece conocer cuál fue la responsabilidad de esa empresa consultora en el resultado del negocio. La ciudadanía merece conocer cuál fue su responsabilidad en ese detrimento patrimonial.

Presidente, el que nada debe, nada teme.

Diego Cancino

Concejal de Bogotá Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Asesor en la Cámara de Representantes y profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Externado.

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