La Justicia en el centro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Con los hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad se encuentran muchos arreglos requeridos a nuestro sistema de Justicia. Mientras siga habiendo impunidad no podrá haber paz, se colige de sus líneas. Más allá, podemos extender este clamor: mientras siga habiendo impunidad no habrá un buen futuro para los colombianos en su conjunto, porque impunidad implica que no hay justicia y sin justicia no hay democracia, y sin democracia la prosperidad solo seguirá siendo para unos pocos.

Para enterarse del informe final de la Comisión de la Verdad se pueden sugerir unas buenas síntesis que han hecho El País, El Espectador y El Tiempo, y cuando se requiera, ir directamente al informe final. Este documento es quizás el más importante que recientemente hemos tenido en Colombia dada nuestra particular y tenebrosa historia de violencia, por lo que es necesario que lo conozcamos todos los colombianos.

En un artículo anterior hice un recuento de las 8 reformas que requerimos con urgencia para mejorar nuestro Estado para que genere un mejor país para los colombianos. Entre ellas, desde luego, se encontraba la Reforma a la Justicia, muy interrelacionada con la Reforma Política necesaria.  En este artículo complemento con algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad al respecto.

Es comprensible que aquellos que se pueden ver afectados por las conclusiones del informe final (aunque no sea vinculante para ningún proceso judicial) denigren de este documento; “no hay verdad que no haya sido perseguida al nacer” (Voltaire). Se ataca la verdad porque es una verdad terrible y es muy amenazante para los grupos de victimarios, aunque no se señalen personas. Dicen que es una verdad inventada pero está basada en 27,000 testimonios. Dicen que no oyeron la versión de los señalados de victimarios pero es difícil encontrar esa supuesta selectividad ya que las múltiples fuentes de información incluyen testimonios de personas que participaron como miembros de esos victimarios. Además, en forma simultánea, se han sabido aplastantes confesiones en la JEP al respecto. Así las cosas, todo aquel que esté en desacuerdo con el relato de la verdad, deberá hacer un esfuerzo titánico al exponer su caso para hacerlo de una forma creíble y superar el enorme del trabajo de la Comisión de la Verdad.

Señalaba en ese anterior artículo que el sector Justicia enfrenta problemas mayores con síntomas como: corrupción de funcionarios judiciales, falta de credibilidad, inoportuna respuesta e ineficacia en sus decisiones, morosidad en la resolución de los litigios así como en la investigación y acusación de las conductas punibles, generados por múltiples causas como falta de recursos físicos y humanos para atender la demanda de los usuarios (deficiencia del número de jueces), escasez de recursos financieros para atender eficientemente la función jurisdiccional, ausencia  de una política pública de mediano y largo plazo para el sector. Que ese reto enorme de reformarla va desde el nombramiento de magistrados en las altas cortes sin el riesgo de politización existente, hasta la profundización en la utilización de métodos de procesos modernos incluyendo tecnologías informáticas de última frontera.

Ahora con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la tarea de mejorar nuestra justicia para la no repetición de los horrores vividos y para por fin emprender un camino próspero para todos los colombianos, se ve aumentada con sus recomendaciones, todas de la mayor importancia. A continuación, algunas de ellas tomadas de las fuentes citadas (textual en letra inclinada):

  • Recomendaciones para proteger a la Fiscalía.
    • Reformar el mecanismo de elección del fiscal general, para garantizar su independencia “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”. Lo cual implica cambiar el procedimiento con la que hoy se elige al fiscal (el Presidente presenta una terna de candidatos para que la Corte Suprema de Justicia elija a uno). Debería revisarse en conjunto con los demás procedimientos de selección de los altos cargos de la Justicia.
    • Debe existir una Comisión Independiente que evalúe los riesgos de la cooptación de funcionarios y del funcionamiento de la corrupción al interior de la Fiscalía. Que proponga reformas sobre el fortalecimiento de la carrera, la vinculación, desvinculación y remoción de funcionarios, y sobre controles a la intervención de agentes de inteligencia militar y policial en la realización de actos de investigación.
  • Recomendaciones para proteger a las Fuerzas militares y a la Policía.
    • Que la Fiscalía asuma la competencia de conductas punibles de la Policía y Ejército, “con excepción de las típicamente militares”. Es decir, que la Justicia Militar no investigue ni juzgue en ningún caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
    • Fortalecer controles preventivos y disciplinarios para supervisar a las Fuerzas Militares y la Policía, y que las autoridades garanticen de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección.
    • Ubicar a la Policía en otro Ministerio, o en uno nuevo, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil, sin doctrina militar y no en la mentalidad del enemigo interno.
    • Que la Policía y el Ejército sean dirigidas y lideradas por civiles.
    • No permitir ascensos de militares con denuncias creíbles o procesos abiertos en su contra —por acción o por omisión— en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculación y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada.
  • Recomendaciones para prevenir el paramilitarismo y terceros involucrados.
    • Hacer un control efectivo de los departamentos de vigilancia y de seguridad privada para evitar “que se involucren en acciones ilegales”; y robustecer la legislación y los procedimientos de control y comercio de armas de fuego autorizadas legalmente en el país, así como su porte y tenencia.
    • A las instituciones del gobierno “garantizar la priorización de la investigación contra terceros civiles (por ejemplo, empresarios) y agentes del Estado”.
      • La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y los quebrantos al DIH, esta “solo tiene competencia por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y se enfrenta al obstáculo de carecer de facultades para investigar y sancionar a actores no combatientes (terceros civiles) que no se sometan a su jurisdicción de manera voluntaria”.
      • “La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y la corrupción”.
      • Para poder investigar dicho tipo de criminalidad se requiere contar con órganos independientes que implementen metodologías de investigación dirigidas a develar la sistematicidad y los patrones criminales.
    • Al Congreso que, en un mediano plazo, adopte medidas para garantizar que sean debidamente investigados los aforados constitucionales que participaron o se vieron beneficiados (presuntamente) de violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH.
  • Recomendaciones para la solución de fondo del problema del narcotráfico.
    • Abordar el tema del consumo desde una perspectiva de salud pública.
    • Promover “una gran conferencia internacional para hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”.
  • Recomendaciones para proteger a la sociedad de contaminarse de narcotráfico.
    • Sancionar a quienes sean aliados del narcotráfico. Implica un enorme trabajo.
    • En caso de que haya un pedido de extradición a algún actor armado o civil, le dé prioridad primero a “la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia”, antes de aprobar la extradición.
  • Recomendaciones para garantizar los derechos de quienes viven el campo.
    • Llevar a cabo el catastro multipropósito.

Recomendaciones que hay que desarrollar y volver realidades.

El dominio del terror y del silencio por el terror han empezado a ceder. Son buenas noticias para Colombia; no obstante ya sepamos, por todos estos pasos dados, que el camino hacia la paz es extremadamente difícil, también hemos aprendido que están volviéndose inexorables. Con el perdón de lo “imperdonable” que ha empezado a fluir, solo falta que el reconocimiento completo del horror por parte de sus causantes termine siendo nuestra página final de la violencia y el surgimiento de una nueva cultura en la cual logremos ser prósperos sin pasar por encima de nuestro prójimo.

 

* @refonsecaz

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