¡Injustos con la justicia!

Jota Domínguez Giraldo

En Colombia todos los días se oye hablar de reformas, y de las reformas las políticas siempre están a la orden del día.

Al Congreso llegan con ese encargo los senadores y representantes a la Cámara, asunto que les permite a los políticos cuadrar para sus conveniencias – generalmente es para eso – unas normas todas beneficiadoras de sus muy personales deseos. El transfuguismo lo ponen de moda en toda reforma.

Y pese a todas esas reformas políticas que son pan de cada día, seguimos esperando una reforma política que beneficie a los votantes o electores y esta no aparece por ninguna parte, salvo la séptima papeleta, que además es necesario decirlo, no fue precisamente idea nacida del Capitolio que es el lugar donde mueren todas las ideas populares; ésta surgió de un grupo de personas decididas a cambiar algo en este país, comandado por Fernando Carrillo hoy Procurador; a él se le agradece el detalle.

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Pero no nos digan los congresistas que ellos hacen reformas políticas, esas son reformas electoreras que les garantizan su supervivencia. El resto es física paja.

Y ahora para molestar un poco, están hablando de una reforma a la justicia.

La pregunta a responder es ¿qué es una reforma a la justicia?.

Esta pregunta nace de una invitación a escuchar una teleconferencia denominada “Modernización de la administración de justicia”, “elementos para una reforma a la justicia”, la que lamentablemente no pude atender; sin embargo su solo título dejó muchas inquietudes.

La justicia no necesita una reforma; lo que necesita reforma es la actitud para que se entienda que la justicia necesita de muchos elementos para poder trabajar honradamente.

La justicia debe ser impersonal, general, pronta, recta y cumplida. Eso no hay que reformarlo.

Entonces no se necesita una reforma a la justicia; se requiere una reforma a los pocos mecanismos de que dispone hoy la justicia, que francamente para operar son escasos, cuando no inservibles o nulos, para que los jueces puedan actuar transparentemente.

Ulpiano, una persona muy conocida por todos los abogados, decía que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde.

Los jueces de toda clase, deben actuar con la dignidad y el decoro del cargo, aplicando las normas y no tergiversando incisos y parágrafos porque eso permite a quienes se defienden o acusan, obtener una ventaja espúrea que le facilita torcer las normas. Eso sería hablar de injusticia.

Entonces la justicia como tal, no necesita reformarse; necesita que haya unos seres humanos dispuestos a hacer valer su profesión de acuerdo con las normas, lo mismo que el ingeniero con sus normas o el médico con sus normas o el panadero con sus normas, todos con normas propias del oficio.
Necesitamos seres humanos comprometidos con su trabajo.

Un administrador de justicia debe hacer exactamente lo mismo; tomar decisiones para lo bueno o para lo malo, no tiene que mirar más allá de lo que le dice la norma y olvidarse de nombres y apellidos.

Cuando un funcionario público se posesiona en su cargo, elegido o nombrado, es elegido para lo bueno y también para lo malo del cargo.

Pero en la justicia se están olvidando de tomar decisiones buenas y aplican las malas sin tener en cuenta que hay unos códigos que no deben violarse. Por ejemplo, ¿cómo no es condenable con todo rigor lo que se hurtaron los Moreno Rojas, los Nule, todos los bandidos que intervinieron en Odebrecht, los recaudadores de dinero en pirámides y en fin, todos y todos esos hampones, y cuál es la condena ejemplar?.

No pongo más ejemplos, porque para qué.

¿Para eso hay que reformar la justicia?. No señor, para qué.

Mientras casi toda la ciudadanía trabaja con orden dentro de una sociedad respetando y aplicando las normas, por el otro lado hay que evitar que haya jueces actuando injusta o ilegalmente, permisivamente porque muchos de sus superiores aprueban decisiones que vienen cargadas de mala fe.

Necesitamos buenos jueces, eso es una verdad de a puño. Hay que elegir los buenos, los mejores calificados. Eso sí es justo y condenar a los que se tuercen aplicando injusticias en nombre de la autoridad.

Ahora bien: Si lo que se quiere es limitar y prohibir puertas giratorias para impedir que algunos exmagistrados beneficien a las empresas que quieren litigar ante instancias y entidades del Estado, terreno muy abonado y conocido por estos exjueces y que además por sus conceptos enmarcados en fallos y sentencias producen temor ante jueces inferiores cuya presencia intimida, eso ya es muy distinto. Esa no es una reforma a la justicia; es una reforma para que la autoridad de la justicia no se vea menoscabada por aquellos que fueron sus superiores.

Ahí deben existir limitaciones por sus funciones anteriores de tiempo y lugar, sin menoscabar el derecho al trabajo y además pobrecitos, también impedir que pasen en forma inmediata, de una Corte a la otra cada 8 años mínimo.

La justicia en Colombia sufre mucho por cuanto que sus necesidades para trabajar bien son muy grandes y si de reformas se trata, hay que dar mejores condiciones laborales en los sitios de trabajo, estímulos a los jueces por sentencias proferidas, entregar computadores en línea modernos, mantener actualizados y especializados en cada rama, y pagar bien y cumplidamente a los jueces, auxiliares, Inpec, Medicina Legal, CTI, y a los policías y disponer sitios a donde se puedan llevar los sindicados y hacer cárceles para los presos, y etcétera, etcétera.

En Colombia se les ocurrió que reformar la justicia es aumentar los años de oficio para aspirar a magistrados de las Cortes, o magistrados de las seccionales o para ser jueces, o permitirles elegir funcionarios de alto rango.

Reformar tampoco es crear puestos para las esposas de los magistrados en las Contralorías, Defensorías, Auditorías, Fiscalías y Procuradurías.
Para reformar la justicia, también es necesario cambiar muchos de los congresistas, quienes son los que hacen las leyes.

En fin, reformar la justicia no solamente es una conversación de dos horas en una teleconferencia.

Los del Consejo Superior de la Judicatura no deben hacerse elegir sólo para que les digan magistrados; ellos están en la obligación de velar porque todos sus muchos miembros en Colombia tengan las condiciones necesarias para ejercer bien y sin afugias ni penalidades sus trabajos.

Reformar o modernizar la justicia no es despachar un millón de rollos de papel higiénico para los despachos judiciales. Esos sí se requieren y con urgencia en muchos despachos de la rama ejecutiva.