Presidente, facilite la presencia de la CIDH

El 5 de mayo de 2021 un grupo de organizaciones colombianas con trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le solicitaron a este órgano una visita al país y la creación de un grupo especial de investigación en el marco de las protestas sociales que se vienen adelantando hace más de quince días en el territorio nacional. Las organizaciones buscan que se investigue lo que está sucediendo en el Paro Nacional y quieren contar con un mecanismo especial de seguimiento al mismo.

Lo que motivó la petición fue la indignación, el  temor y la impotencia de miles de ciudadanos y ciudadanas, pues la violencia estatal no cesa y se ha ensañado contra los diferentes sectores movilizados, la mayoría juveniles. Las organizaciones se apoyaron en los valiosos pronunciamientos que la CIDH ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta social y seguimiento a sus estándares.

Se consideró que dado el escalamiento de la situación se requiere la visita de trabajo para documentar en el terreno las denuncias de las víctimas y de los procesos organizativos afectados, con la posibilidad de identificar impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT+, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como comunidades étnicas.

El incremento del autoritarismo y la cooptación por parte del gobierno Duque de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, han conllevado a una falta de confianza generalizada en estas instituciones estatales. Por eso, se solicitó impulsar y conformar un grupo especial de investigación sobre las violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque los hechos de los últimos tres años.

La decisión de las organizaciones de solicitar a la CIDH esta intervención mucho más decidida, deliberada y permanente en Colombia, refleja un amplio consenso: ya no es suficiente el monitoreo tradicional y los informes sobre los derechos humanos en el país.

Hay antecedentes de mecanismos de seguimiento en la región que tienen sus orígenes en diálogos entre la Comisión y los gobiernos. El primero fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de Ayotzinapa, que investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Sus integrantes no fueron de la CIDH, sino personas externas que, de mutuo acuerdo con el Estado mexicano, investigaron, de forma independiente, esta crisis de derechos humanos.

En 2018, a raíz del descontento social en Nicaragua que fue reprimido con el uso excesivo de la fuerza pública en las protestas y con detenciones arbitrarias, la Comisión, en acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, también creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para ir al país, verificar y hacer respectivas recomendaciones. Esta experiencia es más parecida a la que puede darse en Colombia. Conllevó a que la CIDH creara el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, que le dio seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos.

Para la profesora de la Universidad de Georgetown, Silvia Serrano, Colombia amerita ambas cosas: un grupo de expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos en medio de las protestas del Paro Nacional (que necesita la anuencia del Estado); y un mecanismo especial de seguimiento como el MESENI, creado por la Comisión, en paralelo, y que no requiere de la anuencia del Estado. (“Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional”. El Espectador. 7 de mayo 2021).

El 14 de mayo, los expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al Gobierno una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada.

Para esta fecha los expertos tenían en sus manos informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se habían producido por lo menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.

Añadieron que “Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país “.

Ante todo esto, el 14 de mayo la Comisión Interamericana,  solicitó al Gobierno colombiano su anuencia para una visita de trabajo al país con el fin de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril.  Propone que durante su visita, mantendrá reuniones con las autoridades del Estado, los más amplios sectores de la sociedad civil, las víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros actores relevantes.

Por su parte, el mismo día, más de 50 legisladores de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, suspender la ayuda directa a la Policía Nacional de Colombia. También solicitaron al gobierno de Joe Biden hacer declaraciones de manera clara, inequívocas y públicas en las que se les pida a las fuerzas de seguridad colombianas, en especial a la Policía y al ESMAD que pongan fin al uso indebido de la fuerza.

La visita de trabajo de la CIDH es necesaria, pues desde noviembre de 2019 hay una falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta, sumado a la ausencia de acciones por parte del Gobierno que respalden este derecho, corroborado por la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 2020 que amparó el derecho a la protesta y que no se ha cumplido.  Se amerita una verificación internacional independiente que garantice el esclarecimiento de estos gravísimos hechos  denunciados por los expertos y que no haya impunidad. Hay que exigir que el gobierno de Duque dé su aval.