El gobierno desacata, de nuevo

Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en uso desproporcionado de la fuerza, violencia sexual y de género, actos de discriminación y racismo, asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, todo constatado en el más reciente informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, en Colombia.

El informe de OACNUDH destaca que la protesta, que se desató en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Señala que durante los tres meses de protestas y violencia desmedida, se registraron 46 asesinatos relacionados con las manifestaciones. Al menos en 28 de ellos, existen “motivos razonables para afirmar” que los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública. En 10 de ellos podrían estar vinculados miembros del ESMAD. “De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”.

De otra parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Secretaría de Gobierno, encargaron un estudio privado para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, cuyo informe final también fue publicado la semana pasada. Su conclusión principal fue que durante esos dos días se perpetró una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional. Su práctica más representativa y generalizada fue el uso ilícito de la fuerza que se inició en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez, y que originó uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad de Bogotá, D.C.

Este estudio identificó y documentó siete prácticas violentas en las jornadas de protestas de septiembre de 2020: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad. Dichas prácticas conllevaron a 14 muertes, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas al menos a 216 miembros de la Policía.

De las 14 muertes, 11 de ellas habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de integrantes de la Policía. Otros dos asesinatos ocurrieron como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y terceros. El último asesinato, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9 de septiembre.

La relatoría añadió que el uso de armas de fuego estuvo determinado por la falta de una orden expresa y jerárquica de no disparar. Lapso indefensible por parte de las autoridades civiles y policiales, cuyas funciones son de supervisión y control, ante la evidencia de uso excesivo de la fuerza letal en varios puntos de la ciudad y el despliegue de unidades de apoyo de la Policía de Vigilancia al Centro de Atención Inmediata donde había escalado la violencia, a sabiendas de que estas unidades portaban armas de dotación y de que la necesidad operacional era la disuasión y control de disturbios.

¿Cómo reaccionó el gobierno a estos dos informes?

En la ceremonia de ascensos en la Policía Nacional del 15 de diciembre, el presidente Iván Duque, sin hacer referencias directas, descalificó los hallazgos del informe independiente de la alcaldía por haber sido liderado por Luis Alfonso Negret-Mosquera, exdefensor del Pueblo y hoy candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo. “Construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, es un acto de villanía y es además una actitud contraria al deber de estar guiado por la verdad y por los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley”, dijo el presidente. Ni una palabra sobre la actuación de la policía.

En respuesta al informe de la Oficina de la Alta Comisionada, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, dijo que el presidente Iván Duque tiene “cero tolerancia con la violencia” y que no se puede permitir que descalifiquen «la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre todo, porque aquí hay políticos que están haciendo la política a costa de destruir la confianza ciudadana en las instituciones”. Luego le tocó matizar la reacción a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, al afirmar que el Gobierno de Colombia ha reconocido la existencia de víctimas en el marco de las movilizaciones conocidas como Paro Nacional, al tiempo que ha señalado que “merecen justicia y reparación”.

Son reacciones que van de la mano con la respuesta del gobierno a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hace unos meses, sobre la actuación de la Policía Nacional.

La CIDH, solicitó el 14 de mayo una visita al país por las protestas masivas en Colombia. Después de un mes de demoras el Gobierno dio su beneplácito y la visita de trabajo se realizó entre 8 al 10 de junio 2021. El informe resultante se presentó el 7 de julio, contradiciendo la postura internacional del gobierno, de que en el país existe una democracia garantista al derecho fundamental de la protesta y que las violaciones a los derechos humanos durante el paro eran casos aislados o “manzanas podridas” en la Policía Nacional. Por el contrario, el informe evidenció una “sistematicidad” de la represión policial a las protestas legítimas que no requieren de órdenes explicitas ni escritas de las autoridades, y emitió 41 recomendaciones para evitar repetición de lo mismo en el futuro.

Entre las recomendaciones de la CIDH sobresalió la de separar a la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”, porque persisten en lógicas del conflicto armado “en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”. Otra sobresaliente fue la creación de un mecanismo de seguimiento para derechos humanos en Colombia “que contribuya a la consolidación de la paz en diversos sectores de la sociedad”.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se refió al mecanismo en el momento, insistiendo que “Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”. Es una posición engañosa, porque el mecanismo de seguimiento no reemplaza a las instituciones nacionales, sino que dará seguimiento y apoyo a su labor. Además dijo que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes para el Estado y que no va a cumplir algunas de ellas, argumento que no es aceptable ya que Colombia hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha suscrito tratados internacionales que obligan al Estado a cumplir de buena fe, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el objeto y fin de los tratados.

La consecuencia práctica e inmediata del desacato de parte del gobierno a la ONU y la CIDH será un monitoreo y seguimiento más pormenorizado de esos dos organismos a la situación en el país. De allí la importancia de insistir en el nuevo mecanismo de seguimiento de la CIDH para Colombia y la permanencia de la OACNUDH en el país. Si el gobierno quiere deshacerse del monitoreo, debe dejar de señalar como polítizados los hallazgos de informes independientes y enfocarse más bien en hacer las reformas a la Policía Nacional que son tan evidentemente necesarias.