El Estado le pone reserva legal al Estado

La Comisión Interamericana de Derechos, CIDH, en su 178 Periodo de sesiones, el 8 de diciembre de 2020. Convocó a una audiencia a la Comisión Esclarecimiento de la Verdad, CEV, que nació del Acuerdo de Paz de 2016 y al Gobierno colombiano, quien no asistió, lo que para el presidente de la CEV padre Francisco de Roux, pone en evidencia la verdad política que nosotros estamos viviendo en el país.

El comisionado Alejandro Valencia Villa manifestó que la CEV ha tenido mayores dificultades con las Fuerzas Militares, ya que se genera mayor resistencia cuando se indaga sobre hechos puntuales, sensibles, sobre los cuales hay denuncias que implican a la fuerza pública, como son algunos casos de masacres, pero no sucede lo mismo cuando la información solicitada es más genérica. Añadió que la falta de acceso a la información por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se traduce en la falta de respuestas, requerimientos adicionales imposibles de cumplir en lo que resta de existencia de la CEV, o respuestas negativas a comunicaciones oficiales enviadas en las que se solicita el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el proceso de esclarecimiento.

Además, expresó que el partido Centro Democrático, al que pertenece el presidente Iván Duque, también ha intentado reformar los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, al denunciar que el representante a la Cámara Óscar Dario Pérez Pineda del Centro Democrático, presentó el proyecto de Acto Legislativo 087 de 2018 que establecía que ninguno de los organismos de ese sistema de justicia pudiera acceder a información de carácter reservado relacionada con la seguridad nacional, como operaciones militares, estatales, inteligencia y contrainteligencia que pusiera en riesgo la seguridad nacional o de sus agentes. (Cámara de Representantes. Radicado 15 de agosto de 2018)

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La CEV le solicitó a la CIDH que requiera al Estado colombiano a fin de que presente antes de marzo de 2021, un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la comisión de la Verdad relacionadas con el acceso a información, en cualquier caso, presentar la justificación para la negativa de entrega de esta Junto a ella, a que garantice la colaboración armónica con los mandatos y funciones de la Comisión de la Verdad, y que exhorte al Estado para que se abstenga de presentar iniciativas legislativas que busquen reformar los mecanismos del sistema de justicia transicional.

Al cierre de la audiencia la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Colombia, expresó el compromiso y respaldo de la CIDH al Acuerdo Final de Paz, señalando que “nos parece fundamental el proceso de paz en relación con la vida y los derechos humanos de todos y cada uno de los colombianos”. También reiteró su disposición para colaborar con el Estado, la sociedad civil y las víctimas en su implementación.
La reacción del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, contra la CEV, se produjo en menos de 24 horas en conferencia de prensa, mostró su preocupación respecto a que la CIDH haga requerimientos a Colombia “basándose en simple información de prensa, sin aportar ninguna valoración de pruebas (…) uno no puede iniciar contra un Estado una critica sin tener las pruebas suficientes”. (“La molestia del Gobierno con la CIDH por peticiones de la Comisión de la Verdad”. (El Espectador. 9 de diciembre de 2020.)

Agregó que la CIDH debería respetar el principio de subsidiaridad, porque que el organismo internacional no tendría competencia en asuntos que deben resolverse entre las mismas instituciones domésticas ya no tiene función en Colombia, aseguró además que Colombia no se va a retirar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo hizo Venezuela en 2013, pero se siente tratado de forma ”asimétrica” por parte de la CIDH e, incluso, cree que las recomendaciones y estrategias propuestas por ella son, muchas veces, imposibles de realizar.

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos, SIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH y CIDH, hacen parte de nuestras instituciones por mandato del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Carta Política y del “control de convecionalidad” que obliga a los funcionarios judiciales y administrativos colombianos, como el doctor Camilo Gómez, a acatar las decisiones de la Corte IDH y la CIDH.

En Colombia, la CIDH cumple uan función concreta, dentro del marco de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos del país y en virtud del Acuerdo de Cooperación firmado por la CIDH y el Estado de Colombiano en febrero de 2018, cuyo el objeto es el de proporcionar asistencia técnica en la Implementación del Acuerdo de Paz.

Dentro de ese mandato, se tiene como antecedente la audiencia privada convocada por la CIDH durante el 172 Periodo de Sesiones del 3 al 10 de mayo de 2019 en Kingston, Jamaica con asistencia del gobierno de Colombia. La CIDH tomó nota de los avances y desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es el componente de justicia del SIVJRNR, para la investigación, juzgamiento y eventual sanción de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH, en el marco del conflicto armado, durante el primer año de su funcionamiento.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Memoria, Verdad y Justicia –hoy también relatora de Colombia- expresó en ese entonces que “destacamos la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que Colombia cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, juzgamiento y sanción”. (“CIDH monitorea avances y desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz a un año de su funcionamiento”. Comunicado de prensa. 29 de mayo de 2019).

El sistema de casos no es ajeno a la actitud del Gobierno colombiano de oponerle reserva a los órganos del SIDH, en especial cuando se trata de documentos como la Doctrina de Seguridad Nacional, el concepto del enemigo interno y los reglamentos de combate de las Fuarzas Militares al catalogarlos como dodumentos de seguridad nacional bajo reserva.

Esperamos que la CIDH, en el marco de su mandato, exhorte al Gobierno de Colombia a entregarle la información solicitadaa la CEV y que en los casos que se tramitan o se tramitarán en Corte IDH sobre inteligencia ilegal, como los del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Pedro Julio Movila y Jesús Ramiro Zapata, no le ponga reserva al Tribunal internacional, alegando que son documentos de Seguridad Nacional.