Persiguiendo al opositor, callando la democracia

Cuando pensamos en que los seres humanos caminamos por una línea recta en el tiempo hacia el futuro, intuitivamente creemos que estamos envejeciendo con el paso de los días, que cada día es diferente y que nosotros siempre estamos cambiando. Heráclito lo expresó en la famosa frase de que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Sin embargo, con los hechos ocurridos en el último mes, no deja de parecernos que esto ya lo habíamos vivido, que la historia de Colombia parece un círculo en el que siempre volvemos a la violencia y a la persecución de la oposición por parte del Estado, tal y como lo expresó Francisco Gutiérrez-Sanín, en entrevista de la BBC: “…hay fenómenos que están muy asociados al comportamiento del uribismo en el poder que nos recuerdan al pasado, como su proclividad a ver en los enemigos de la oposición a enemigos del Estado”.

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Esa manera de ver a la oposición por parte del partido del Gobierno es lo que en estos días ha justificado el uso de la fuerza desmedida en contra de los manifestantes y la que lleva a usar las instituciones para perseguir a la oposición. Recientemente, la Procuradora General –exministra de este Gobierno y cercana a Uribe– abrió investigación contra los senadores Wilson Arias y Alexander López por estar en terreno y oponerse a conductas de la Policía contrarias a los derechos humanos. Por una situación similar, meses atrás, el comandante de la Policía de La Calera pidió sanciones en contra mía por haber intervenido en un procedimiento irregular. La exministra también les abrió investigación a los representantes a la Cámara Ángela María Robledo e Inti Asprilla por oponerse vehementemente a la táctica del miedo expresada en la presencia de un grupo numeroso de uniformados de la Policía durante el debate de moción de censura, en el recinto del Congreso.

De igual forma, el pasado 2 de junio, la Procuraduría Provincial de Facatativá les envió un oficio a los concejales de ese municipio, “ordenándoles” –según se lee en el documento– a abstenerse a usar sus redes sociales para apoyar el Paro y denunciar los abusos de la Policía. Mientras miembros del gabinete presidencial y congresistas de su partido estigmatizan a diestra y siniestra; a la oposición, se le “ordena” no ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Como si fuera poco, los alcaldes que se alejaron del talante autoritario del Decreto 575 de 2021 y abrieron espacios de diálogo, serán sancionados disciplinariamente según anunció Wilson Ruiz, ministro de Justicia. Es necesario recordar que, por medio de este Decreto, la respuesta a la protesta social es la represión, por medio del uso de la fuerza y de la judicialización; descartando así el diálogo. La negativa de estos alcaldes es un gesto de valentía y de responsabilidad política, ante los altos riesgos a los derechos humanos que producen estas medidas.

Volvimos a la época en la que, desde la Presidencia de la República, se estigmatizaba y perseguía a quien pensara diferente. Quizás la diferencia radica en que ahora se busca sacar del escenario político al opositor. El daño a la democracia es enorme y faltará mucho tiempo para recuperarnos.

@cancinodiegoa

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