La seguridad como eje del desarrollo económico y social

Miguel Ángel Díaz*

Existe hoy un consenso general, no solo en nuestro país ya es una realidad aceptada por todos, sino que se convierte en una tendencia mundial: ¡Sin seguridad no hay progreso! Ningún país, ciudad, empresa o persona puede pensar en un proyecto, si las condiciones de seguridad no son favorables. El Banco Mundial, menciona en el estudio publicado “Perspectivas económicas mundiales” que solo los países, ciudades y regiones más seguras atraerán la mayor inversión pública y privada disponible en proporción 5 a 1 con aquellas que no son seguras. Es cierto que, para atraer el crecimiento económico y progreso a las naciones, se requiere de condiciones complementarias como población, recursos naturales, educación, territorio, infraestructura y salud. La seguridad se ha convertido en la condición esencial, para garantizar el éxito de los proyectos en el ámbito social, económico y político, porque genera garantías para la producción, un asegurado retorno de la inversión y estabilidad en los territorios, necesarios para el desarrollo de las regiones.

La realidad que conocimos, cambió con la aparición súbita de una pandemia de orden mundial, que transformó las prioridades sociales, las costumbres políticas, las condiciones económicas; así como las actividades cotidianas y la misión del Estado. La Organización Mundial de la Salud -OMS- ha planteado en diferentes escenarios, la probabilidad que estas condiciones se repitan en menor o mayor escala de manera constante, lo que definitivamente hace necesario, incluir esta variable en el análisis de lo que debe ser el nuevo orden mundial.

Debemos reconocer, que la seguridad se convierte en refugio ante tanta incertidumbre; la población ha ido cambiado sus hábitos de consumo, la aversión al riesgo ha aumentado en la mentalidad empresarial, las plataformas tecnológicas de economía colaborativa cobran mayor realismo, las comunidades priorizan la vida y la salud y los Estados cambian su rol funcional de derechos y libertades, para ser garantes del orden social.

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No cabe duda, hoy todos los gobiernos deben priorizar la generación de condiciones, que favorezcan la confianza pública para la libre concurrencia de los actores económicos, sociales y culturales, con los que se establezca una red de relaciones productivas, intercambio de bienes y servicios eficientes en un ambiente de seguridad, que brinde garantías para todos, acceso a la educación y a la salud.

Hoy como nunca, está claro que los ambientes violentos e inseguros, de ilegalidad e informalidad, en donde los homicidios, los hurtos, atracos, extorsiones, tráfico de estupefacientes, de armas y crimen organizado campean, que cuentan con algo de aceptación social y política; propician las condiciones para que reine el caos, la desolación, aumente el desempleo, se desgaste el tejido empresarial, las personas emigren junto a sus capitales, dirigiendo sus inversiones para el crecimiento económico, hacia destinos seguros.

Así las cosas, este es un tiempo de supervivencia, en el que solo las condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad, generan prosperidad a la sociedad y los países en general, en los que las personas y las empresas, puedan crecer en ecosistemas sostenibles. Solo basta ver las cifras del más reciente estudio del periódico “The Economist” (2019) sobre algunas de las ciudades más seguras del mundo como Tokio, Singapur, Amsterdam, Estocolmo, Toronto y New York versus las más inseguras como Tijuana, Acapulco, Caracas, Juárez, Cape Town y San Luis, evidenciando la relación de crecimiento versus seguridad.

Es en los países cuyos índices de delincuencia son más bajos, en los que las tasas de crecimiento son más altas, como sucede en los países nórdicos; en contraste, países con índices de seguridad más bajos, presentan índices de crecimiento proporcionales; el ejemplo más cercano y diciente de esta relación es Venezuela, cuyo decrecimiento en su economía durante la última década, lo convierten en el país con más alta tasa de homicidios intencionales del mundo.

Fuente: The Economist 2019

La delincuencia organizada es responsable del 19 % de los homicidios

en los últimos 5 años. Desde el comienzo del siglo XXI, las organizaciones criminales han causado la muerte de un número de personas igual al de todos los conflictos armados del mundo y al igual que estos últimos, la delincuencia organizada desestabiliza a los países, mina el desarrollo socioeconómico y erosiona el estado de derecho; la capacidad económica y la generación de ingresos de estas mafias son su mayor fortaleza, les permite crear infraestructuras sólidas de defensa legal, de eficacia operativa y de impacto social; situaciones que la policía y los organismos de seguridad de los Estados no han podido analizar, descifrar y atacar con efectividad.

Por lo anterior, se debe agrupar los mayores esfuerzos y recursos técnicos, humanos y judiciales, así como utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos, que permita entre otras cosas georreferenciar los delitos, los nuevos modelos de operación y las transacciones económicas que pueden ser rastreables una vez se comete el acto delictivo. Para lograr intervenciones eficientes que contrarresten la ejecución de homicidios y toda clase de actos delincuenciales, se requiere de una comprensión integral de sus escalas y sus causas. Entre los principales factores que impulsan estos hechos, se encuentran la desigualdad, el desempleo, la inestabilidad política y la delincuencia organizada.

Por ello se hace necesario revisar, cuales son las mejores prácticas o estrategias utilizadas con éxito en otras latitudes, para enfrentar dichas problemáticas, que les ha convertido en modelo de crecimiento económico, desarrollo social y atracción de inversión y turismo.

Sin duda, la primera estrategia es que la seguridad pública, las políticas y programas de seguridad, tengan como pilar el análisis de los datos históricos de fuentes confiables, utilizando herramientas de “bigdata” que permitan definir zonas de calor y tendencias. Menos del 6 % de las medidas en el campo de seguridad y justicia que se llevan a cabo en Latinoamérica, se basan en alguna evidencia concreta de su efectividad.

Una segunda estrategia, corresponde a la focalización de las actuaciones sociales, lugares y comportamientos de alto riesgo, puesto que el crimen se centra en un ambiente propicio para su gestación, como la falta de denuncia de los delitos, falta de procedimientos judiciales que conlleven a la condena efectiva, en los que además  se permita una verdadera resocialización, que sea ejemplarizante para toda la sociedad y que desestimule la práctica de estas conductas.

Otra estrategia, es la aplicación de medidas de control que lleven a lograr la cohesión social y la mejora de condiciones de ingreso y calidad de vida en zonas marginales, como una renta básica para hogares, el fácil acceso al empleo por parte de los jóvenes y el aumento de la cobertura en seguridad social para los adultos mayores. Se debe llegar a considerar que los aspectos de seguridad a nivel cultural se consideren como responsabilidad compartida de toda la sociedad y de la misma forma se inviertan recursos públicos en renovación urbana y de recuperación de espacios públicos para destinarlos a deporte, entretenimiento e integración social; reduciendo las brechas económicas en las ciudades.

El fortalecimiento del liderazgo es otra de las estrategias que se debe implementar, como centro del renacimiento urbano, en especial en manos de los gobernantes, la comunidad empresarial y los sectores sin fines de lucro, buscando la articulación y coordinación de todos los recursos públicos y privados, integrados en un plan estratégico de largo plazo, así como los indicadores de gestión de éxito compartido, para lograr una recuperación como la que ha tenido New York o una ciudad como Los Ángeles, que sufrieron hace algunas décadas el dominio de la inseguridad y la delincuencia.

Por último, la estrategia que consolida el diamante de la seguridad, parte de la premisa que dice: para obtener un ambiente seguro, se requiere una gran inversión. No podemos esperar seguridad, si no se invierten los recursos proporcionalmente, para llegar a un entorno de confianza deseado. Es claro que la inversión en seguridad, se multiplica gracias un aumento del PIB y el desarrollo social. Es así como la seguridad pública y privada deben fortalecer una alianza, que permita compartir recursos tales como cámaras, patrullas de vigilancia, radios de comunicación, inteligencia, información y además se contraten ciertas actividades de la policía, como la seguridad de cárceles, eventos y escenarios públicos entre otros, para que las autoridades hagan más presencia en las calles y sea más cercana a la ciudadanía.

Presentamos el ranking de las ciudades más seguras del mundo considerando el modelo de las 5 estrategias o diamante de la seguridad

Diamante de la Seguridad | Fuente: CONFEVIP 2020

*Presidente Confederación del Gremio Empresarial de Vigilancia – CONFEVIP