EPM e Hidroituango: preguntas clave

Rafael Fonseca Zárate*

Era de esperarse que el alcalde Quintero tomara acciones en la búsqueda de los culpables por el desastre económico que ha tenido EPM por cuenta de los graves problemas en la hidroeléctrica más grande del país. Su campaña a la alcaldía fue basada en mostrar todas las falencias que veía al respecto, apoyándose en información técnica que iba saliendo a la luz por la Universidad Nacional, los estudios del gobernador Luis Pérez (para defender los intereses de Antioquia en el proyecto, o lo que le iba tocar por causa del proyecto) y en información de problemas orgánicos de la misma EPM, haciendo hincapié sobre la composición de los miembros de la junta directiva y sus relaciones con el Grupo Empresarial Antioqueño, denuncias que logró llevar al Consejo de Medellín. No se debe perder de vista en todo este debate, que nada de esto estaría sucediendo a no ser por la grave situación existente (especialmente por las causas que la generaron, que aún hoy no están totalmente aclaradas), incluso, que ni siquiera Quintero sería el alcalde de la ciudad.

A hoy hay muchas dudas que tienen que ver con las consecuencias del citado proceso de conciliación que ha planteado EPM con los consorcios de diseño, construcción e interventoría. Entre ellas está una muy seria qué tiene que ver con la póliza todo riesgo que ya estaba en proceso de pago, y que podría mal lograrse debido a que la ley establece que no puede haber dos indemnizaciones concomitantes para un mismo riesgo. O las repercusiones, que ya se están empezando a anunciar, del deterioro de la calificación de riesgo de la empresa por parte de las calificadoras internacionales, que le complican el alto endeudamiento que tiene y requiere en estas épocas turbulentas.

Todo esto aparece bastante enrarecido por el hecho de que el contratista es EPM (el contratante es HidroItuango, en donde EPM es socio, y a la vez, contratista).  Esto supone que tiene en su cabeza el riesgo-negocio completo. Al estar buscando una indemnización de sus subcontratistas deja ver que de esa relación contractual no se ha hablado suficientemente a la opinión pública. Es de suponer que el cuerpo jurídico del EPM actual lo tiene tan claro como para emprender semejante proceso, y que las dudas que han dejado ver ex personalidades relacionadas, no sean sino dudas razonables.

En artículos pasados revisé el aspecto crítico qué tiene que ver con la toma de la decisión para construir el llamado tercer túnel qué fue la piedra angular del problema que ya conocemos suficientemente. La pregunta fundamental qué quedó sin responder fue cómo había sido ese proceso de toma de decisión tan complejo en el cual, y a juzgar por los resultados, no hubo un debido análisis de los riesgos que se implicaban. Aunque cualquiera pudiera decir, como en efecto se concluyó, que tenían que ver con un hecho fortuito, del análisis desde el punto de vista de ingeniería, aún con los pocos datos disponibles, se podía al menos cuestionar sí hubo un real análisis integral con respecto a los riesgos asumidos (por cuestiones de espacio no se pueden explicar suficientemente esos detalles pero sus conclusiones sí). Allí planteaba que en algún momento del año 2014 se debió haber tomado esa decisión en una junta que no era de la hidroeléctrica (en la cual los socios son EPM y la Gobernación de Antioquia), puesto que los hechos demuestran que no tuvo nunca su aprobación. Lo que significa que fue una decisión autónoma de EPM como contratista (y no como socio).

Los últimos datos que salen a la luz pública indican que tal junta fue en 2013. Vale la pena recordar que fue una decisión motivada por rescatar parte del tiempo que se había atrasado en la construcción inicialmente y que por ende tenía unos efectos absolutamente importantes sobre los sobrecostos que se pudieran contabilizar hasta el momento, y por lo tanto era una decisión genuina que debía considerarse. El problema fue tomarla con un nivel de riesgo elevado, que en síntesis, tenía que ver con hacer una sola galería de desviación (el tercer túnel) y no dos para efectos de redundancia, ya que este tipo de proyectos no admite margen de riesgo, y asegurarse que la capacidad de flujo fuera superior a la mayor avenida registrada en los últimos 15 años (1800 m3/seg) que superaba los 1200 m3/seg cómo fue diseñado el único túnel. Si de evitar riesgos se hubiese tratado, también ha debido considerarse la posibilidad de recubrimiento de tales túneles por la conocida mala geología del macizo rocoso, pese a qué iban a funcionar muy poco tiempo, unos cuantos meses, y que por ello el factor de exposición era bajo.

En resumen, muy probablemente esa decisión se tomó teniendo en cuenta que la probabilidad de existencia de un evento de desastre era muy baja pero olvidando que la valoración de tal evento era inmensamente grande, y que al multiplicar un número pequeño por un número inmenso de todas maneras puede arrojar un número grande, qué eventualmente podía cambiar el curso de la decisión. Para quien esté interesado, todo esto está en lo que llamé el “Momento de la decisión” en donde se explica la metodología para incluir correctamente la valoración del riesgo en las decisiones financieras (incluso económicas teniendo en cuenta hasta las externalidades) de una alternativa en un proyecto como el que estamos hablando.

Las preguntas de fondo que aún no se han respondido son ¿cómo fue el momento exacto de esa junta en donde se tomó esa decisión? ¿cómo fue considerado el riesgo implícito? ¿fue la junta solamente, sin tener en cuenta las voces de los expertos ingenieros (que no solamente eran expertos del diseñador y el interventor sino además algunos internacionales muy reconocidos)?, y si esto fue así ¿cómo fue que semejantes expertos callaron ante una decisión contraria a su recomendación por provenir de un superior en la escala jerárquica del proyecto? O en forma contraria si ¿fue que ese grupo de reconocidísimos expertos recomendaron una decisión equivocada debido a que simplemente cometieron un error técnico (¡esto es muy improbable!)?

Así que la llegada del alcalde Quintero representa también una oportunidad, que no es otra que la de conocer las verdades que hasta ahora no se han escuchado, y que son necesarias saber,  especialmente desde el punto de vista de la ingeniería para asegurarnos de no volver a cometer los mismos errores, sean técnicos o de dirección.

También muy difíciles son otros aspectos como los que tienen que ver con sí hubo hechos que atentaron contra la ética del ejercicio de las actividades públicas, que son necesarios esclarecer, en los cuales las acusaciones del alcalde Quintero durante su campaña derivan a más preguntas graves. Entre ellos, el tema del posible conflicto de intereses del Grupo Empresarial Antioqueño en la junta directiva de EPM y en especial, el supuesto frenazo que tuvo la empresa en el desarrollo de energías renovables, cuando en forma simultánea CELSIA nacía, crecía y volaba (empresa importantísima del GEA dedicada a la energía). Esto también tiene que ver con su crítica sobre las puertas giratorias entre los directivos de EPM y los directivos del GEA, en donde al menos hay un cuestionamiento fuerte de ética que no se puede desconocer.

O preguntas que tienen que ver con las declaraciones en donde afirmó qué directivos de Camargo Correa (uno de los constructores del consorcio constructor) confesaron en Brasil que habían dado coimas para ganarse el contrato del proyecto hidroeléctrico (además de más proyectos en toda Latinoamérica).

Hay que reconocer qué ha habido múltiples problemas, muy graves, en los resultados de la administración de EPM, donde no solamente ha estado el problema gigante en Hidroituango, sino también los sobrecostos de Porce y de la hidroeléctrica en Panamá (en donde participaron los mismos subcontratistas), y algunos otros bien sabidos en las inversiones de EPM en otros países.

Es decir qué el orgullo de la ciudad y de Colombia (no debemos perder de vista que el éxito de EPM es el éxito para Medellín, pero su fracaso sería pagado por todos los colombianos) no ha tenido los buenos resultados que siempre se vendieron, aludiendo al modelo ejemplar de manejo empresarial de las entidades públicas de la ciudad.

Si se ha violado el gobierno corporativo, tan añorado para mantener la transparencia de las empresas, hay que decirlo también, están las acusaciones gravísimas sobre precisamente la falta de esa trasparencia que no se pueden quedar sin aclarar. Por lo menos en forma práctica, debemos preguntarnos si el argumento del gobierno corporativo tiene más relevancia que la búsqueda de la verdad dentro de la organización y del proyecto. Claramente no, primero la verdad.

*Consultor en competitividad.