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¿Las Asociaciones de Fondos de Pensiones nos están robando?

Por: Guillermo Sinisterra


 Espero que quien entre al artículo por el título, verdaderamente piense que las Asociaciones de Fondos de Pensiones nos están robando, la verdad es que no es así. Se pueden poner muchos ejemplos de lo bajo que resulta el monto mensual de la pensión cuando se cumple la edad y las semanas cotizadas; también se puede hablar de las grandes utilidades que generan los fondos,  pero la verdad es que el monto de la pensión obedece a cálculos matemáticos y también es cierto que son uno de los sectores más regulados del ya sobreregulado sistema financiero colombiano.

La regulación a las AFP tiene varias implicaciones: 1. Disminuye los riesgos en que pueden incurrir con el dinero de los aportantes colombianos, ya que tienen requerimientos de rentabilidad mínima 2. Los obliga a tener inversiones de muy largo plazo que garantizan que no van a estar comprando y vendiendo títulos valores cada segundo para obtener rendimientos de corto plazo, sino que más bien escogen acciones de empresas sólidas que se vayan a sostener en el largo plazo. 3. Permiten a los aportantes escoger el perfil de riesgo de sus inversiones entre moderado, mayor riesgo o conservador. Mientras los de mayor riesgo llegan a un 45% en renta variable (acciones), los más conservadores pueden llegar al mismo porcentaje o aún mayor en Títulos del estado soberano TES. Un dato curioso es que cuando se analizan los retornos año a año de los fondos de pensiones, no es cierto que los de mayor riesgo siempre den mayor rentabilidad.  4. Gran parte del dinero de los fondos de pensiones se utiliza para financiar al gobierno, bien sea a través de la compra de títulos de tesoro o a través del financiamiento directo de obras públicas.   5. La persona tiene el derecho de retirar sus aportes cuando cumpla la edad de jubilación y si hay un remanente en su cuenta cuando el aportante fallezca, se hereda tal y como lo establece la ley.

Las utilidades que estos fondos de pensiones generan para sus afiliados están entre el 5% y el 10% efectivo anual, neto de una comisión que es del 3% en los fondos obligatorios, donde se incluyen los seguros para pensiones de sobrevivencia e invalidez. Sin embargo el monto de la pensión obedece a un estudio matemático que tiene en cuenta el monto de los aportes, los rendimientos, la edad del afiliado, el número de hijos menores de edad, la edad del cónyuge y su situación laboral, todos estos factores que pueden alterar el tiempo de pago de la pensión y por lo tanto el monto que se va a desembolsar hasta que se acabe el fondo que el afiliado tiene.  La gran conclusión de estos fondos privados, es que cada quien recibe lo que aportó más los rendimientos que el fondo generó mientras manejaba los aportes, menos las comisiones anuales que se pagan a las AFP.

Cuando hablamos del régimen de prima media que está representado por Colpensiones, el número de semanas cotizadas es mayor, la edad es la misma, pero hay algunas restricciones adicionales como que si hay excedentes una vez el pensionado muera, se pierden. En este caso se recibe entre el 55% y el 80% del promedio del ingreso recibido en los últimos 10 años de cotización.  En general, las personas después de cierto ingreso van a recibir una pensión mayor por parte de Colpensiones, de lo que recibirían en un fondo privado por lo que se vuelve una alternativa muy atractiva para los aportantes.

Colpensiones: Un esquema inequitativo

Sin embargo, la realidad de las pensiones en Colombia es que solo entre un 10 y un 15% de los que alguna vez han realizado aportes, van a lograr cumplir los requisitos para la jubilación y más del 50% de las personas que se jubilan reciben un salario mínimo, por lo que los aportes de un fondo común beneficiarían más a los que tienen pensiones altas y se llevan una parte más grande de ese fondo. Quiero hacer énfasis en esto, el sistema de Colpensiones hace que los aportantes más pobres financien las pensiones de los aportantes más ricos. Según el DANE en Colombia solo el 15% de los trabajadores reciben más de dos salarios mínimos, por lo que los aportes pensionales de 9.8 millones de personas que reciben menos de 2 millones al año, estarían financiando las pensiones más altas. Es muy difícil que con inversiones en el mercado de valores se generen los recursos suficientes para pagar las pensiones más altas, por lo que quien las está subsidiando parcialmente es el gobierno[1]

. Es decir que se sacan recursos de los impuestos (12,3 billones el año pasado), para financiar las pensiones de las personas más pudientes de la sociedad  incluyendo profesionales exitosos, senadores, miembros de regímenes especiales, altos funcionarios públicos, codirectores del banco de la república etc.

Mientras esto pasa, hay 3.8 millones de adultos mayores que viven por debajo de la línea de pobreza y nunca hicieron aportes al sistema, ese desperdicio de impuestos podría ser utilizado por ejemplo, en una compensación social para esas personas.

El Debate

Hay quienes mencionan constantemente que las pensiones son un derecho de los trabajadores y tienen razón, es claro que uno tenga derecho a sus aportes y sus rendimientos pero no más que eso, porque alguien tendría que estar subsidiándolo como sucede actualmente. Existen voces muy influyentes que dicen que las AFP nos están robando y que todo debería volver al estado y que los fondos de pensiones deberían acabarse. Este argumento se exacerba en momentos de crisis sistémica como la actual, cuando las inversiones de largo plazo de los fondos de pensiones están perdiendo valor. Esta caída es temporal y prueba de ello es que si usted lleva más de 15 años ahorrando en un fondo de pensiones, siempre verá en su extracto que los rendimientos son mayores que sus aportes.

Si estas voces ganaran y se hace una reforma pensional en ese sentido, en menos de 10 años el sistema que hasta ahora es “viable” colapsaría y el gobierno debería acabar con el régimen de prima media, sobre todo para salarios altos, aumentar las semanas cotizadas, la edad de jubilación o aumentar drásticamente el monto de los aportes mientras los trabajadores están activos, lo que volvería la informalidad más atractiva y aumentaría aún más el problema en el largo plazo.

Ver los 300 billones de pesos que en este momento tienen los fondos de pensiones como un buen ingreso para las arcas del estado, equivale a un costo de más de 50 billones de pesos al año en pagos de pensiones a perpetuidad. Pésimo negocio! Esto, sin tener en cuenta los incentivos de corrupción y malversación que se generarían al tener un fondo tan grande en las arcas del gobierno.

Un problema persistente de nuestros líderes es que hacen propuestas que mueven sentimientos pero  no se pueden cumplir, en el caso de las pensiones es cierto que se podrían renegociar las comisiones que los fondos ganan, hacer arreglos sobre la responsabilidad de pagos de pensiones de invalidez y vejez, pero creo que el Estado no está preparado para recibir un dinero que no alcanzaría para su presupuesto de un año, en cambio sí dejaría sin ingresos en la vejez a más de 10.9[2] millones de personas entre aportantes y pensionados, por el resto de sus vidas.

Nota Final: El reciente movimiento que hubo de los aportes más los rendimientos de las pensiones de salario mínimo de las AFP a Colpensiones[3], le permite al gobierno tener una liquidez adicional de casi 5 billones para enfrentar la emergencia generada por el Covid-19, esto se expresaría en menores pagos a Colpensiones. No es cierto que quieran cuidar el ahorro de los pensionados porque a hoy, esos fondos ya habían recuperado más del 70% de sus pérdidas de marzo.

@memosinist


*Economista, Profesor Universidad Javeriana – Columnista invitado

[1] El año pasado el gobierno presupuestó 39 billones de pesos para pensiones, de ahí solo 12,3 billones se fueron a Colpensiones y el resto corresponden a pensiones de Cajanal, el magisterio y el sector defensa.

[2] Esta cifra se compone de 1,38 millones de pensionados de Colpensiones 160.000 pensionados de los fondos privados, un poco más de un millón de personas pensionadas por los regímenes especiales y 8,3 millones de aportantes actuales.

[3] Artículo 6 del decreto 558 de 2020

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