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¡Buena noticia! Se frustra un nuevo atentado contra los baldíos del campesinado

Por Wilson Arias, senador de la República - Columnista invitado
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El fin de la presente legislatura trae una buena noticia: el hundimiento del proyecto de ley número 003 de 2018 que buscaba reformar la Ley 160 de 1994, al no haber tenido el debate que requería para dar continuidad a su trámite en el Congreso, pese a la presión de poderosos como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El proyecto hacía parte de una saga de odiosas iniciativas con un propósito común: despojar al campesinado de las tierras baldías que, según la Ley y la Constitución, les pertenecen. Corresponden a la misma “saga” los artículos del Plan de Desarrollo del primer gobierno de Santos que creaban los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario o Forestal (PEDAF) -que tumbamos con una demanda ante la Corte en su oportunidad-, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) y la primera versión del decreto de “ordenamiento social de la propiedad”, que luego se convirtió en el Decreto 902.

El proyecto de Ley 003 contenía elementos adicionales frente a propuestas anteriores. Por ejemplo, la centralidad de la minería, la agroindustria y los servicios ambientales dentro del concepto de “desarrollo rural”, todos estos elementos alejados de la economía campesina y la producción de alimentos. Además, el proyecto no tuvo ninguna socialización con las organizaciones campesinas y tampoco cumplió satisfactoriamente el proceso de consulta previa ni con afros ni con indígenas. Por lo tanto, el rechazo de las comunidades rurales a este proyecto fue evidente, como lo demostraron con su presencia en el Congreso y con varios pronunciamientos escritos.

Frente a los baldíos en concreto, las afectaciones de este proyecto habrían sido varias. Las “expectativas legítimas” buscan darle tierras a personas que no cumplen con los requisitos de sujetos de reforma agraria establecidos en la Ley 160 (ser campesinos pobres, sin tierra) y en extensiones que pueden ser superiores a los que establece esa norma. También propone reservar baldíos, con la posibilidad de entregarlos a actividades mineras, en lugar de a campesinos para la producción de alimentos. Se abría la posibilidad de entregar derechos de uso sobre baldíos a empresas, en cualquier extensión. Además, los predios que hagan parte del Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz podrían destinarse a ZIDRES y no a campesinos sin tierra.

El archivo de este proyecto es una buena noticia, además, porque permite la actuación de la subcomisión de tierras creada en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, luego de que derrotáramos los tres artículos propuestos por el Centro Democrático para blanquear muchas de las apropiaciones de baldíos. Ya hemos logrado la conformación oficial de esta subcomisión, integrada por Senadores de todos los partidos, quienes tendremos que entregar un informe a la plenaria de la corporación en los próximos meses.  

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Como se dice en el acta que crea la subcomisión, el principal objetivo es abrir un debate nacional sobre las tierras, especialmente sobre los predios baldíos. A diferencia de las propuestas usuales que buscan el “blanqueo” arbitrario de los baldíos apropiados o acumulados indebidamente, consideramos que lo que se requiere es buscar mecanismos para facilitar la recuperación efectiva por parte del Estado de predios baldíos, para que posteriormente pueda distribuirlos entre familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Nuestra propuesta es adelantar una serie de audiencias regionales, con el objetivo de recibir insumos sobre la percepción de estos asuntos en las organizaciones sociales, campesinas y en la academia, con la participación más amplia posible.

De manera más específica, considero que la discusión debe darse alrededor de temas como el fortalecimiento institucional que permita un plan de clarificación de la propiedad rural exitoso. De otra parte, la subcomisión debe ocuparse de la recuperación de predios con origen baldío que fueron acumulados por empresas “fachada” de un mismo grupo económico, como ocurrió en el caso de Mónica Semillas, Riopaila. Sarmiento Angulo y Cargill, que he denunciado desde hace años sin que las autoridades actúen con efectividad. Es posible que estos contenidos vayan en un proyecto de ley, que esperamos cuente con el mayor consenso dentro de la subcomisión.

Estaré informando a la ciudadanía sobre los avances de estas discusiones. Necesitamos generar propuestas para la recuperación de los baldíos que le corresponden al campesinado.

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