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Camionetas Blindadas

Por: María Andrea Nieto


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@MAndreaNieto

Durante la campaña al Concejo de Bogotá el 2019, fueron muchos los candidatos que se comprometieron a ser austeros con los gastos de la ciudad, dar ejemplo y no usar ni la camioneta blindada, ni el conductor, ni la escolta de la policía nacional que tiene cada uno de los 45 concejales de la ciudad. Y así liberar a los policías para que puedan estar, por ejemplo, en las estaciones de Transmilenio donde se necesita tanta seguridad.

Al ser un rubro asignado con los gastos de la corporación, vale la pena aceptar que quien no quiera renunciar a esa concesión, está en su derecho. Pero que lo digan.
Para muchos, que nunca han tenido acceso a estos privilegios, acceder a ellos y que se les escurran entre los dedos de las manos por una promesa política, no debe ser fácil.
Al año los ciudadanos pagamos cerca 5.500 millones al año para tener estas camionetas blindadas. Una plata con la que se podrían tapar 5.500 huecos, ampliar la cobertura de la Universidad Distrital o construir un Centro de Atención Infantil.

Además de un tema monetario, vale la pena reflexionar si ese es el tipo de relación que queremos tener los ciudadanos con el Estado. Esos esquemas de seguridad en una ciudad como Bogotá, creo que después del acuerdo de paz, no son necesarios. Es un lujo (con excepción de los que lo necesitan). Una ciudad que entrona a 42 servidores públicos como lo hemos hecho con los congresistas y funcionarios públicos a nivel nacional y regional tanto de la rama ejecutiva y judicial, establece unos símbolos que marcan una diferencia excluyente entre unos y otros. Arriba los políticos y abajo los de ruana. Y aunque así haya funcionado en el pasado, ¿será necesario perpetuar esos símbolos? ¿esos excesos de gastos?, ¿los podemos seguir sosteniendo?, ¿no es suficiente con los honorarios de treinta millones que ganan los concejales si asisten al total de las sesiones al mes?.

Mientras definimos si queremos seguir manteniendo los privilegios de un esquema político que ya está caducando, es clave que los políticos dejen de decir mentiras por buscar votos. Es mejor que admitan que subir de estatus, los hace sentir poderosos. Porque en esa trampa caen muchos.

Pero también hay otros políticos que siempre han estado acostumbrados a estos privilegios y dejarlos significa perder ese “poder”. Ojalá entendieran que el mundo cambió y que los liderazgos de la modernidad, ya no tienen nada que ver con los reyes de la Europa Medieval a los que había que hacerles la venia. Sería espectacular que muchos siguieran el ejemplo del ex concejal Juan Carlos Flórez o del Representante a la Cámara David Racero que dejaron sus esquemas y se mantuvieron en la decisión.

Estas fueron las razones por la cuales manifesté a través de un video en Twitter, mi indignación con que los concejales faltaran a su palabra.

Al día siguiente y como una buena noticia para la ciudad, el presidente del concejo Carlos Galán manifestó que se cancelaría el rubro de más de 400 millones de pesos al año en gasolina para las camionetas blindadas. Esto implica que cada cual tendrá que pagar su combustible. Me alegró que mi solicitud tuviera efecto inmediato. Pero ¿será que el presidente del Concejo se anima y se baja de su camioneta blindada? Supongo que no, por lo del asesinato de su papá hace ya treinta años.

Algunos respondieron molestos por el cuestionamiento realizado. Creo que tiene que ver con ese concepto antiguo de política y reverencias. Vale la pena recordarles entonces que la veeduría que hacemos los ciudadanos es un derecho legítimo y que esta acción no debe indisponerlos o alterarlos. Es clave que entiendan que somos los ciudadanos que con nuestros impuestos les pagamos sus honorarios y esquemas de seguridad. Y que recuerden que en su calidad de servidores públicos están en el deber responder a los ciudadanos, sus jefes. Ahí sí, ni más faltaba que se crean reyezuelos.

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