Hay Rafa para rato

En esto días me enteré de los quebrantos de salud de mi amigo, colega y excompañero de trabajo el abogado, ambientalista y comunicador Rafael Vergara Navarro. Aprovecho para relatar las experiencias de trabajo compartidas que explican por qué soy un defensor de derechos humanos y comunicador.

Rafa es cartagenero. Estudió en la Universidad Externado de Colombia y obtuvo el título de doctor en derecho en 1976, especializado en Política Agraria, Administración Bancaria y Derecho Público. Entre 1968-1978 laboró en la Superintendencia Bancaria -hoy Superintendencia Financiera- como auditor de la Casa de la Moneda, Director de Control de Cambios Internacionales y Director General del Control del Banco de la República. En las dos últimas trabajé con él durante 1975 a 1978.

La Oficina de Control de Cambios se encargaba de vigilar la implementación del Estatuto Cambiario (Decreto Ley 444 de 1967), del expresidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) por parte de la banca colombiana. El Estatuto fue la carta de navegación económica del país durante más de 25 años, con los principios de protección, racionamiento de divisas y control a la inversión extranjera.

La Dirección General de Control del Banco de la República tenía la responsabilidad de vigilar la banca central del país. Recordemos que el Banco fue creado por medio de la Ley 25 de 1923 y tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica, según la Constitución Política. Su principal objetivo es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general.

El presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), autor del Estatuto de Seguridad, nombró a Francisco Morris Ordoñez Superintendente Bancario (1978 – 1982). El señor Morris despidió a varios empleados de la entidad, lo que nos obligó a ejercer el derecho de asociación consagrado en la constitución de 1886, y conformamos el Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Bancaria. La respuesta del señor Morris fue el despido masivo de la mayoría de sus integrantes para acabar con el sindicato, lo cual consiguió. A mi me ofrecieron ascenderme del cargo a condición que me retirara del sindicato. No acepté el chantaje, renuncié de manera irrevocable y me desvinculé de la entidad el 29 de octubre de 1978. Rafa no hizo parte del sindicato pero sí nos apoyó.

A comienzos de 1979 abrimos una oficina de abogados los dos Rafa en la Calle 17 con Carrera 5ª de Bogotá. Unos meses después ingresáramos al equipo jurídico de la Asociación Nacional de Profesionales, ASONALPRO, que tenía su sede en el barrio Teusaquillo de Bogotá. Se reunía en la oficina de los abogados Humberto Vergara Portela, Raúl Burbano y Eduardo Umaña Mendoza, ubicada en el edificio PROAS diagonal a la nuestra, y se sumaban Eduardo Carreño Wilches, Adolfo Salamanca, y los dos Rafa.

En diciembre de 1979 se realizó la asamblea ordinaria de ASONALPRO para evaluar las actividades del año y nombrar junta directiva, pero se suspendió al romperse quórum. El 9 de enero de 1980 el Ejército Nacional allanó la sede como parte del hostigamiento a la labor de la defensa de presos y perseguidos políticos y hasta allí llegó el equipo interdisciplinario de arquitectos, economistas, académicos, jueces y abogados.

Poco tiempo después, el apartamento del centro de Bogotá de Rafa Vergara, fue allanado, obligándolo a asilarse en México en 1979 como opción política. A partir de ese momento, la oficina de abogados que compartíamos fue permanentemente vigilada y asediada por parte de los organismos de seguridad del Estado, por lo cual tuve que cerrarla a finales de ese año.

A comienzos de 1980 fundamos el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, junto con el maestro Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, María Consuelo del Rio, Daniel Medina González, Eduardo Carreño Wilches, Rafael Soto y yo.

El Colectivo de Abogados tenía su sede en la Carrera 10ª con Calle 15 y obtuvo su personería jurídica en marzo de 1980. Me encargué de tramitarla ante la Alcaldía de Bogotá, siendo negada porque plasmé en los estatutos que uno de los ejes de nuestro trabajo era la “defensa de los presos y perseguidos políticos”. Lo anterior, contrariaba lo que sostenía públicamente el presidente Julio César Turbay Ayala de que “en Colombia no hay presos políticos, el único preso político soy yo”, dizque por estar encerrado en la Casa de Nariño. Mis colegas recomendaron suprimir esa parte, volví a presentar la solicitud y fue aprobada.

Mi vida cambió a partir de mi ingreso a la ASONALPRO y el CAJAR. De abogado experto en derecho comercial, bancario, trabajador oficial y sindicalista, pasé a ser abogado defensor de los derechos humanos: la Primera Línea. Adiós a la época en que era joven, feliz e indocumentado, parodiando a Gabriel García Márquez.

En los 80 nuestra principal actividad era la defensa de los presos y perseguidos políticos. Fui abogado defensor en los Consejos Verbales de Guerra en casos como la muerte del exministro Rafael Pardo Buelvas y contra integrantes de Autodefensa Obrera en la Escuela de Artillería, y por el robo de armas del Cantón Norte y otros delitos en el Consejo del Siglo contra miembros del M-19 en la capilla de penitenciaria de La Picota, al sur de Bogotá. El CAJAR también representó a las víctimas de desapariciones forzadas como Omaira Montoya en 1977 y los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia en 1985.

Obligados por las circunstancias del país, a partir de los 90 la actividad del CAJAR se centró en casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, y desapariciones forzadas de personas en lo nacional e internacional. En el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos representamos a las víctimas de crímenes atroces como la ejecución del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, las masacres de Santo Domingo y La Rochela, y los desaparecidos del Palacio de Justicia. En años recientes nos hemos opuesto a la nuevas estrategias para eliminar a la oposición política, como la destitución del exalcalde Mayor de Bogotá D.C., Gustavo Petro, por parte del exprocurador Alejandro Ordoñez.

A partir del 2002 se incrementaron los ataques, amenazas y persecuciones contra nuestra institución, con la inteligencia ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la policía política de la Casa de Nariño dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa persecución permanece hasta hoy con los “perfilamientos” que denunció la revista Semana.

Me contó mi tocayo en una grabación que ya está mucho mejor, que hay Rafa para mucho tiempo más. ¡Tanto me alegro! Sin ti no sería quien soy. Ánimo y mucha energía positiva, eres un ejemplo de vida. Te necesitamos para que sigas defendiendo el medio ambiente, los derechos humanos y deleitándonos con tus columnas de opinión.

Rafael Barrios Mendivil

Abogado. Fundador e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en lo nacional e internacional.

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