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Víctimas de chuzadas piden sanciones ejemplares contra militares involucrados

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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, una de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos perfiladas en las chuzadas que se hacían desde la inteligencia del Ejército, pidió sanciones ejemplares contra los militares que llevaron a cabo las interceptaciones.

A través de un comunicado, el CAJAR exigió sancionar disciplinaria y judicialmente a los integrantes de la fuerza pública involucrados en el escándalo de espionaje.

“Es de suma gravedad que, al interior de las fuerzas militares, varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas instituciones. El control social de la actuación de la función pública es un derecho y un principio fundamental de la democracia. Nuestra labor es legal, legítima, y en pro de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Exigimos el cese inmediato de toda labor de espionaje y vigilancia ilegal en contra nuestra y de las personas y organizaciones afectadas”, dice el colectivo.

Este es el pronunciamiento completo del Completo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre el escándalo de chuzadas en el Ejército.

Exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la fuerza pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Ante los anuncios del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo de destituir a un general y diez oficiales del Ejército involucrados en actividades de inteligencia ilegal realizadas contra al menos 130 personas entre periodistas, políticos estadounidenses y colombianos, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos de nuestra organización, con base en denuncias publicadas por la revista Semana, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo expresa:

  1. Es de suma gravedad que, al interior de las fuerzas militares, varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas instituciones. El control social de la actuación de la función pública es un derecho y un principio fundamental de la democracia. Nuestra labor es legal, legítima, y en pro de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Exigimos el cese inmediato de toda labor de espionaje y vigilancia ilegal en contra nuestra y de las personas y organizaciones afectadas.

 

  1. Recordamos que en el mes de enero, la misma revista dio a conocer las primeras indagaciones periodísticas sobre las actividades de inteligencia ilegal, momento en que solicitamos públicamente y por escrito a la Fiscalía General de la Nación que nos informara si nuestra organización de derechos humanos estaba siendo objeto de esos seguimientos y nos reconociera como víctima en la investigación respectiva y la respuesta escrita fue negativa.

 

  1. Ahora, el trabajo investigativo de dicha publicación confirma que integrantes de esta organización defensora de derechos humanos fuimos blanco de estas actividades ilegales y que la salida del anterior comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, guarda relación con estas actuaciones ilegales.

 

  1. Insistimos, por tanto, en una investigación de contexto sobre las diferentes denuncias de corrupción e inteligencia ilegal que han salido a la luz pública desde el año anterior, así como su relación con la labor que hemos realizado de representación de víctimas ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, las denuncias del diario New York Times por directivas de las instituciones militares que trajeron de regreso la práctica de los falsos positivos, y la posterior persecución a los militares que se atrevieron a denunciarlas.

 

  1. Saludamos la decisión de desvincular a militares implicados en estas prácticas, pero recordamos que esta medida es insuficiente como garantía de no repetición. Se requiere transparencia en este ejercicio, información sobre los integrantes de la fuerza pública implicados y una investigación con participación de las víctimas que avance hasta los máximos responsables.  Decisiones de desvinculación deben estar acompañadas de investigaciones disciplinarias y judiciales eficaces que lleven a sanciones ejemplarizantes para erradicar definitivamente estas prácticas contrarias a la democracia.

 

  1. Insistimos en que una dimensión de las garantías de no repetición es la depuración de las instituciones. Desde la década de los noventa, Cajar ha sido víctima de seguimientos, amenazas, hostigamientos y actividades de inteligencia ilegal por parte de organismos de seguridad del Estado. Por ello, más allá de las recientes desvinculaciones, insistimos en la discusión pública sobre los límites a la labor de inteligencia en una democracia, la depuración de estos organismos, así como la desclasificación, corrección y entrega de toda información adquirida ilegal o ilegítimamente contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.  

 

  1. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación presentar los avances en sus investigaciones al excomandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel y demás integrantes del Ejército vinculados en estos hechos, que según la misma publicación harían parte de “batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)”.

 

  1. También solicitamos que la Procuraduría General asuma estas investigaciones haciendo uso del poder preferente, conductas de tal gravedad que afectan la democracia y la defensa de los derechos humanos, no deberían ser investigadas por la misma entidad en la que se han cometido estos graves hechos.

Exigimos garantías para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. Seguiremos adelante en nuestra exigencia de verdad completa, sanción de los máximos responsables y pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas. No nos callarán.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Bogotá, 2 de mayo de 2020

 

 

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