Modificación a la Ley de Garantías prende las alarmas en la oposición y la sociedad

En las últimas horas el Congreso de Colombia le dio luz verde a la ley de presupuesto de la nación para la vigencia 2022; sin embargo, la ley que contempla recursos por un monto total de $350,4 billones (millones de millones) ha generado discordia en varios sectores porque en su articulado se incluyeron cambios sensibles que van más allá del presupuesto, siendo el más polémico la modificación a la Ley de Garantías.

Este fue aprobado en Senado con 54 votos a favor y 30 en contra, y si bien en la Cámara la votación fue mayoritaria, con 98 votos positivos, el artículo tenía 6 proposiciones de eliminación que no fueron aprobadas.

Antes de hablar de la modificación en concreto que se hizo en el Congreso y para claridad de nuestra audiencia, hay que decir que, la Ley de Garantías es una normativa que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas.

Desde su promulgación en 2005, previo a la reelección de Álvaro Uribe en 2006 la norma prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.

Dicha prohibición busca mantener que la contienda electoral no se uses recursos públicos a favor de ningún candidato amigo de los gobernantes de turno.

Sin embargo, con el artículo aprobado en las últimas horas y que se incluyó en la Ley de Presupuesto esas reglas estarían por romperse, ya que establece que a partir de la publicación de la ley de presupuesto general de la nación “y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.

Esa modificación ha encendido las alarmas en la oposición que desde ya anunció demandas contra el mencionado texto, aduciendo que se trata de una ‘jugadita’ del Gobierno del presidente Iván Duque para incidir en los resultados de las elecciones a Congreso y Presidente en 2022.

Uno de los primeros en anunciar acciones jurídicas contra la nueva ley de presupuesto fue Roy Barreras, senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico. A juicio del veterano político, la norma que modifica la Ley de garantías “Viola la unidad de materia porque contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto”.

Otra voz de la oposición que criticó fuertemente la decisión del Congreso fue Gustavo Petro, quien no anunció demanda pero no dudó en señalar que “con la suspensión de las garantías electorales se lanzarán en masa a robar el erario y comprar votos”.

Entretanto, el representante a la Cámara Germán Navas Talero anunció que denunciará por el presunto delito de prevaricato a quienes votaron el controvertido artículo que derogaría la Ley de Garantías de manera excepcional para el próximo año.

Para el congresista del Polo Democrático Alternativo, los miembros de la Cámara de Representantes sabían de antemano que, de votar este ‘articulito’ estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al votar dicho artículo.

Por su parte, el Gobierno defiende la medida señalando que con la modificación a la Ley de Garantías se le dará un empujón a la reactivación económica que se viene dando en el país luego de los efectos negativos generados por la pandemia

“La Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con entes territoriales para ejecutar programas y proyectos y así promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”, señaló José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.

La polémica está servida y será la justicia la que nuevamente dirima este nuevo choque entre la oposición y el Gobierno generado por una nueva norma apoyada por la Casa de Nariño y aprobada por su maquinaria en el Congreso.