A la JEP no le suena versión del Gobierno sobre crímenes de excombatientes

JEP

 

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico “no puede ser un patrón para explicar” los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016.

“Es indudable que en algunos eventos así ha sido, pero el narcotráfico no puede ser un patrón para explicar la ocurrencia de estos hechos”, pues “en el 63 por ciento de los municipios con producción de coca no se están presentando muertes de excombatientes”, ha explicado durante la presentación de un informe sobre la situación de los guerrilleros desmovilizados.

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“Si el narcotráfico fuera un factor determinante de los homicidios se esperaría que en la mayoría de estos municipios ocurriera este fenómeno. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: 6 de cada 10 municipios no presentan esta clase de hechos”, es decir, el 17 por ciento de los en 565 territorios en los que se han asentado antiguos combatientes, ha señalado Álvarez.

Las palabras del responsable de la JEP contrastan con las aseveraciones que desde el Gobierno de Colombia se han estado lanzando en las últimas semanas para explicar este fenómeno, afirmando que la culpa reside en las redes del narcotráfico.

Álvarez ha alertado de que si la situación continúa como hasta ahora, para finales de 2024, unos 1.600 guerrilleros desmovilizados podrían ser asesinados.

“Lógica de la sospecha”

Las distintas disidencias surgidas tras la desmovilización de las FARC serían responsables de casi la mitad de estos asesinatos, según los datos, basados en investigaciones penales, que ha presentado la JEP en su último informe.

De acuerdo con sus investigaciones, los tres grupos disidentes de las FARC son responsables de al menos 91 asesinatos, siguiendo una “lógica de la sospecha” en la que se desconfía del supuesto acercamiento de los desmovilizados con las autoridades, tras la firma de los acuerdos de paz de La Habana.

“Se tiene la creencia por parte de los miembros de la disidencia que aquellos que se han aferrado a la implementación, que participan en las actividades propias del proceso, pueden ser colaboradores de la Fuerza Pública y se convierten en objetivo de las disidencias”, ha explicado Álvarez.

Las tres disidencias a las que hace referencia el informe son los grupos liderados por Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, en 155 municipios del oeste y sur de Colombia; la ‘Segunda Marquetalia’, presente en 44 regiones, y encabezada por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ y otros antiguos comandantes de las FARC que decidieron salir de los acuerdos de paz; y grupos de disidentes autónomos y “abiertamente narcotizados y lumpenizados”, presentes en 38 municipios.

Las disidencias también estarían detrás, junto a otros grupos armados irregulares, de hasta 43 asesinatos de antiguos combatientes que decidieron llevar a cabo labores políticas, sociales, y comunitarias, en sus municipios de acogida.

“Son reacciones violentas que se desatan en lo local cuando se impulsa la participación política de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo de proyectos productivos que demandan el acceso a la tierra, o la defensa de los Derechos Humanos”, ha revelado Álvarez.

“En estos casos no se trata de un único autor: en el sur de Bolívar, norte de Colombia, se ha identificado como responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN); en el Alto Sinú, en Córdoba, y en la vecina región de Urabá, a los paramilitares del Clan del Golfo; y en la zona del Pacífico de Nariño, a las disidencias narcotizadas”, detalla.

El informe, que ofrece algunos casos concretos de antiguos combatientes que ahora integran las filas del FARC, el partido político surgido tras la desmovilización, como Jorge Iván Ramos, Mario Morales, o Vilmar Asprilla, señala que la mayoría de los asesinados eran guerrilleros de bajo rango, sólo una decena de víctimas formaron parte del alto mando y apunta que sólo seis víctimas han sido mujeres.