Jalón de orejas de los transportadores al Superintendente Camilo Pabón

En una comunicación enviada a la Superintendencia de Trasporte, la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo, Asonaltet, le pidió a la entidad pública no inmiscuirse en asuntos que son exclusivamente de responsabilidad privada. Lo anterior debido a que las empresas de esta modalidad recibieron una notificación en la que la Supertransporte les da instrucciones con respecto a los cobros que por concepto de rodamiento efectuaron a sus afiliados durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19.

Igualmente, la columna que publicó el funcionario en este medio, relacionadas con el cobro de multas por infracciones de transporte.

“La Superintendencia le hizo llegar a las empresas de transporte especial una comunicación diciendo que es ilegal, o que es prohibido, que las empresas le cobren a sus afiliados cuotas de rodamiento. Y el Superintendente hizo un pronunciamiento diciendo que era ilegal que las empresas le cobraran a los afiliados las multas de transporte que les son impuestas cuando infringen las normas de transporte. En ese sentido es claro que dicha entidad está metiéndose ampliamente en un tema que es netamente privado y extralimitándose en sus funciones”, dijo Carlos Francisco Torres, director de Asonaltet.

Torres fue enfático en señalar que las empresas de transporte público especial, durante la época de la pandemia, se han caracterizado por el apego al estricto cumplimiento de la normatividad del Gobierno Nacional, lo que los llevó a frenar por completo sus operaciones desde el 13 de marzo de 2020. Dijo que, después de 16 meses, hasta ahora se está empezando a dar la reactivación del sector y que en todo este tiempo fue golpeada duramente su estructura financiera.

“Solicitamos en reiteradas ocasiones la ayuda del Gobierno Nacional, en medio de la emergencia, pero no la recibimos. Así que al no estar operando por completo, y al no haber recibido incentivos por parte del Gobierno para continuar nuestras actividades, mantener nuestras nóminas administrativas y operativas, nos hemos visto en la necesidad de acopiar recursos económicos bajo los cobros que son legales, acordados entre empresas y vinculados, bajo figuras contractuales de carácter civil”, manifestó el director de Asonaltet, quien dijo, además, que la comunicación enviada a la Supertransporte fue copiada a la Procuraduría General de la Nación y que 102 empresas más del transporte público especial también le respondieron en el mismo sentido.

Señaló, además, que los propietarios de los vehículos vinculados a las empresas se encuentran en plena libertad de cumplir o no con los acuerdos contractuales establecidos, o finiquitar esta relación de índole privado bajo el ordenamiento jurídico vigente. Dijo que son conscientes de que la emergencia sanitaria y el cese de operaciones afectó a los propietarios de los vehículos vinculados a las empresas, pero fue enfático en señalar que la Superintendencia no puede interferir en asuntos contractuales de orden privado, en los cuales lo acordado es ley para las partes.

“Deberían analizar la situación económica y social originada en la pandemia y contrastar la misma contra las consecuencias de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, esto de manera previa a proferir conceptos que resultan sesgados y en detrimento de los intereses de los vigilados. Las declaraciones del Superintendente van en contravía de la normatividad y desconocen los conceptos del Ministerio de Transporte, además de que tampoco tienen en cuenta los más recientes conceptos que sobre el asunto de las sanciones de tránsito, han sido expuestos por las altas cortes. Para los empresarios del transporte especial esas declaraciones son una abierta violación a acuerdos entre particulares en los cuales el Estado no puede intervenir”, expresó Carlos Francisco Torres, director de Asonaltet.

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