El gobierno paga $2.100 millones en brazaletes electrónicos sin instalar

En solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, lo que para la Contraloría General de la República puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.

La situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.

Antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista.

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La denuncia fue hecha por la Contraloría

No se programaron recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio

De la misma manera, y a pesar de que, cuando sustentó la declaratoria de dos Urgencias Manifiestas, la USPEC argumentó ante la Contraloría que era necesario un periodo de transición de 4 a 6 meses para el cambio de proveedor, se pudo constatar que, en la última selección de contratista, adelantada por operación de mercado abierto, la entidad no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio de vigilancia electrónica durante el cambio de operador.

Por tal razón, la USPEC autorizó la adición de $3.349,7 millones a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador, esto a pesar de estar vigente un nuevo contrato de operación del servicio, que solo entró a operar en junio de 2017, habiendo sido adjudicado desde febrero del mismo año.

Cambios en las especificaciones del negocio, incrementaron el valor final de la tarifa.

A pesar de las reuniones entre representantes de la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, una vez adjudicada la nueva negociación, se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa, en detrimento de la transparencia de la convocatoria pública, pues se pasó de un valor de prestación del servicio diario de $17.556,10 a $20.093,8, equiparando incluso el valor que se venía pagando bajo el contrato anterior.

Tal aumento de tarifa con posterioridad a la adjudicación del negocio, aunado a la total indefinición de un plazo cierto para la ejecución de las obligaciones, así como el sobredimensionamiento en la estimación del presupuesto inicial del proceso, desvirtúan el aparente ahorro que la USPEC anuncia como beneficio de la negociación en bolsa, pues se terminó cancelando un mayor valor unitario de vigilancia diario y la entidad tuvo que cancelar sumas adicionales por concepto del uso del mecanismo de Bolsa y pago de comisiones a su corredor de bolsa.

Los sistemas de vigilancia electrónica fueron regulados como una medida sustitutiva a la pena de prisión o detención preventiva en virtud de la Ley 1142 de 2007

Pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo

Por otra parte, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista, con recursos dirigidos a la prestación del servicio a su cargo, la Contraloría logró establecer el pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo, por un monto de $21 millones, lo cual será materia de análisis en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal.

Adicionalmente, el organismo de control logró establecer que luego de 4 años de expedida la Ley 1709 (20 de enero de 2014), el Gobierno Nacional no ha establecido, vía reglamento, el valor de la tarifa diaria de monitoreo, que acorde con el artículo 27 de la citada norma, debe ser sufragada, como regla general, por el beneficiario de la misma.

Tal reglamentación permitiría al Estado reorientar el destino de los recursos que se vienen gastando en favor de una minoría de la población sometida a medidas extramurales, y limitarla a los que demuestren que no pueden costearla.

Así mismo y conforme a los resultados de diferentes ejercicios de control fiscal adelantados por la Contraloría, se evidenció que la prisión domiciliaria, como medida alternativa a la retención intramural, viene presentando serios problemas de efectividad relacionados con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo, lo que se refleja en imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios.

Tal circunstancia, aunada a la concesión del beneficio a personas que en anteriores ocasiones han demostrado incumplimiento a los compromisos exigidos para el efecto, y de procesados y condenados que continúan con su accionar criminal en uso de la prisión domiciliaria, beneficiaria o no del sistema de monitoreo, llevan a concluir sobre la necesidad de optimizar los recursos que se dediquen a la gestión de estas medidas alternativas.

Considera la Contraloría que deben tomarse acciones tanto desde la órbita judicial para otorgar el beneficio a quienes estén en disposición de cumplir las obligaciones que de allí se derivan, como desde el campo administrativo, trasladando el costo del beneficio de vigilancia electrónica a quien tenga la disposición de sufragarlo.

Los sistemas de vigilancia electrónica fueron regulados como una medida sustitutiva a la pena de prisión o detención preventiva en virtud de la Ley 1142 de 2007, asignándole al entonces Ministerio del Interior y de Justicia la responsabilidad de implementar gradualmente la adopción del sistema y asegurar su financiamiento.

Para ello se suscribió el Contrato 337 de 2008, con el cual se pactó la prestación del servicio con Gensa S.A. y a partir de 2011, luego de una selección abreviada y directamente en los años 2014 y 2016, con la empresa Energía Integral Andina S.A., entidad que primero como subcontratista y luego como contratista, prestó el servicio de vigilancia electrónica durante 9 años.

Hasta la fecha, ha sido un servicio que ha implicado la destinación de recursos durante los 9 años de $209.061 millones constantes de 2017.

Durante la vigencia de los mencionados acuerdos, las entidades estatales que tuvieron a su cargo la responsabilidad de tener en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electrónica, no implementaron ningún sistema de costeo que permitiera establecer la tarifa del servicio, la cual fue fijada en todo tiempo por el proveedor del mismo.

La misma circunstancia se constató con el actual proveedor del servicio, escogido mediante operación de mercado abierto, quien fijo la tarifa diaria de vigilancia, acorde con el valor total de la operación, sin que hasta la fecha la USPEC conozca la desagregación del precio, tal como lo pudo establecer la Contraloría en el último ejercicio auditor realizado a la prestación del servicio.