Disidencias ya estarían en la mitad de Bogotá: Defensoría del Pueblo

Las más reciente Alerta Temprana que sobre Bogotá emitió la Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia de actores armados ilegales en la capital de la república (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Frente de Guerra Urbano del ELN,  Facciones disidentes de las ex FARC-EP, Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos).

Dichas estructuras armadas, según el órgano de control, tienen presencia en las localidades de Ciudad, Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén. Según advierte la Defensoría, estas organizaciones ilegales mantienen una relación profunda con municipios de Cundinamarca como: Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque, Chipaque.

El escenario de riesgo se caracteriza por conformar 4 nodos que articulan 2 corredores de movilidad. El primero de estos se encuentra en el corredor oriental, desde la localidad de Usme hasta Usaquén, conectando con la dinámicas de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó. El segundo comprendería el corredor occidental, desde el municipio de Sibaté hasta Chía, atravesando zonas urbanas del municipio de Soacha como las comunas 3 La Despensa, 4 Cazucá y 5 San Mateo, así como por las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba de Bogotá D.C.

La Alerta indica que en estos territorios de Bogotá y Cundinamarca hay disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos armados ilegales, que implica una incidencia principalmente en territorios donde prevalece una relación Urbana – Rural y que existe una expansión y copamiento de actores armados ilegales parte del conflicto y de grupos armados de crimen organizado hacia nuevos zonas.

Según la Defensoría, estas redes criminales estarían funcionando  como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local y serían las responsables de homicidios, extorsiones; Restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil; constreñimiento; amenazas; hostigamientos; desplazamientos forzados; reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; violencia sexual y basada en género; tráfico de personas con fines de explotación sexual; atentados;  desaparición forzada; narcotráfico; préstamos a usura y contrabando.

El documento recomienda a la ciudad elaborar un plan de trabajo específico Distrital para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas.