Curules de paz, sigue la polémica

Congreso-Senado

La propuesta del presidente Iván Duque para que las víctimas del conflicto armado cuenten con determinado número de curules en el Congreso de la República,   que sería llevada al legislativo durante el primer semestre de 2020, ha causado  gran polémica en los diferentes sectores políticos.

La idea del primer mandatario es que los 16 asientos que tendrían las víctimas del conflicto en la cámara de representantes, no sean adicionales, sino que integren las diferentes listas de los partidos políticos a esta corporación en las próximas elecciones. En este caso se tendría en cuenta a los militares y policías que de una u otra forma han sido afectados por la guerra en Colombia.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que se trata de “una reforma orientada a garantizar las curules de las víctimas, personas que han sido reconocidas como tal y quienes requieren el aval de los partidos”.

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Al respecto hablaron para Confidencial Colombia senadores de las diferentes bancadas que integran el legislativo, dando a conocer su punto de vista. El congresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria explicó que “lo que busca el Gobierno Nacional es que las verdaderas víctimas como las de la Corporación Rosa Blanca, militares y policías que fueron secuestrados, sectores de la izquierda perseguidos, etc.,  tengan derecho a expresarse políticamente. La democracia tiene partidos y son los partidos los que se expresan en las elecciones, en donde estas deberán inscribirse para acceder a las listas y poder competir por esas curules.”

Por otro lado el senador liberal Guillermo García Realpe considera que las 16 curules de paz es un asunto que debe cumplirse porque tiene que ver no solamente con los Acuerdos de la Habana, sino además con un mecanismo de reparación colectiva hacia los 16 territorios más impactados por la violencia en Colombia, y va más allá afirmando que “no es viable ponerlas en las listas de los partidos porque estos, tanto en cámara y senado, tienen congresistas que son víctimas del conflicto como por ejemplo el representante John Jairo Hoyos, Harry González, María José Pizarro y los  senadores Rodrigo Lara, Iván Cepeda y  Andrés Cristo”.

El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino estima que el presidente no debe hacer demagogia con las víctimas y que debe respetar el Acuerdo de Paz. “Los derechos de esta población se deben atender sin vacilaciones porque son colombianos que fueron golpeados por la guerra. El primer mandatario debe honrar lo firmado y si quiere garantizar la participación en política de los colombianos afectados por los conflictos, debe promulgar el Acto Legislativo que creó las 16 curules y que fue aprobado por el Congreso de la República”.

Roy Barreras senador del Partido de la U aseguró estar entristecido por lo que considera como falta de sensibilidad del Gobierno Nacional frente a las víctimas. “Esto ya  fue aprobado en este Congreso y ha sido el Gobierno el que ha impedido promulgarlas a través de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. Esas curules paras las víctimas deben reconocer las 16 zonas más golpeadas por la violencia, por eso el número y por eso corresponden a los PDET’S y por eso no pueden corresponder a las listas de los partidos políticos, ni pueden ser de cualquier departamento, sino de las zonas de violencia”.

Por último, el congresista Carlos Guevara del Partido Mira, cree que lo más sensato es esperar el fallo de la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras en la Corte Constitucional que busca revivir la aprobación de las 16 curules para las víctimas cuando se dio la votación en el legislativo. “El Partido Mira en la legislatura anterior presentó una proposición para que esas curules fueran producto de una votación entre esta población a nivel nacional, pero por ahora,  lo mejor es esperar la sentencia del Alto Tribunal”.

La idea que presentaría el primer mandatario iría enfocada a que quienes postulen su nombre sean víctimas certificadas, que hagan parte de la lista a congreso de los diferentes partidos y movimientos políticos, de la que harían parte militares y policías en esta condición. La extensión en el tiempo para estas curules sería hasta el año 2030.