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Conozca los motivos de la Procuraduría para meter en cintura a dos alfiles de Vargas Lleras

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Dos figuras políticas cercanas al exvicepresidente y excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, están en la mira de la Procuraduría General de la Nación.

Se trata de los exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao y Elsa Noguera, quienes deberán responder por presunta omisión e incumplimiento de sus funciones en el proceso contractual para la adquisición y adecuación del Hotel Dann Colonial como nueva sede de esa cartera ministerial.

El Ministerio Público busca establecer si Henao, en el periodo del 4 de junio de 2013 hasta el 2 de mayo de 2016, pudo incurrir en falta disciplinaria por presunta omisión e incumplimiento de las funciones de control y vigilancia de la etapa precontractual, durante la celebración y la ejecución de los contratos firmados para la adquisición y adecuación del Hotel Dann Colonial.

De igual manera, la Procuraduría espera determinar si Noguera, entre el 3 de mayo de 2016 y el 9 de agosto de 2017, pudo también omitir e incurrir en incumplimiento de sus obligaciones de control y vigilancia sobre los contratos relacionados con la adecuación de la citada sede.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el proceso también se encuentran vinculados el subdirector de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, José Vicente Casanova Roa; el coordinador del Grupo de Recursos Físicos, Orlando Eli León Vergara; la coordinadora encargada del Grupo de Soporte Técnico de Apoyo Informático, Rosa María Nivia Bejarano; el coordinador del Grupo de Contratos, Javier Hernando Salinas Vargas, y la Representante Legal de Emtel, Ana María Londoño Riani.

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La Procuraduría busca establecer la posible ocurrencia de irregularidades contractuales teniendo en cuenta que el valor inicial de adquisición y adecuación del hotel fue de $1.429.035.336, y se invirtieron más de 7 mil millones de pesos. Para la fecha, el ministerio sigue funcionando en inmuebles arrendados, porque la sede propia no se encuentra en funcionamiento.

Así mismo se determinará si hubo o no omisión por parte de los funcionarios en los trámites de cambio de uso del suelo para la nueva sede del ministerio, teniendo en cuenta que a la fecha se está pagando la tarifa máxima en el impuesto predial porque el inmueble está en un terreno de uso comercial.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas, tendientes a verificar la ocurrencia de las conductas, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los investigados podrán ser escuchados en versión libre.

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