Lasso “respeta” la decisión del Constitucional sobre el estado de excepción y rehúsa aclarar si lo renovará

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha asegurado que, como “demócrata”, “respeta” el dictamen de la Corte Constitucional que limita a un mes el estado de excepción decretado a mediados de octubre y ha rehúsado aclarar si lo renovará, a la espera de ver sus “resultados”.

El Constitucional ha concluido que Lasso se excedió en el alcance territorial del despliegue militar y en el plazo inicial de 60 días fijado para esta medida excepcional, con la que el mandatario ecuatoriano quería a hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia principalmente derivada del narcotráfico.

“Soy un demócrata que respeta la institucionalidad, independientemente de que comparta o no (la decisión)”, ha declarado Lasso, en una entrevista a Europa Press en la que ha dicho “respetar” la posición de los jueces, que marca el 18 de noviembre como fecha límite para la aplicación de las actuales medidas.

El presidente tiene ahora en su mano plantear una nueva prórroga –la Corte Constitucional ya ha apuntado que deberá estar debidamente justificada–, pero Lasso ha evitado pronunciarse a este respecto. “Por el momento no lo hemos pensado”, ha aseverado, a la espera del “final de los 30 días” y de analizar unos resultados que, por ahora, son “positivos”.

El mandatario, no obstante, sí ha enfatizado su compromiso para atajar la inseguridad tras el “desgobierno” de los últimos catorce años, al que ha achacado tragedias como la muerte de más de cien presos en una rebelión en una cárcel de Guayaquil a finales de septiembre.

“Los dos últimos gobiernos han sido contemplativos con el narcotráfico y el nuestro ha resuelto enfrentarlo cara a cara”, ha añadido Lasso, de visita oficial en España. A su juicio, la otra alternativa es “pactar con el mal”, como ha descrito a las mafias.

En el caso de la inseguridad en las cárceles, Lasso lo ha atribuido a una combinación de “leyes que no permiten una presencia del Estado con firmeza” y a la falta de inversión en tecnología. A corto plazo, aspira a mejorar instalaciones y vigilancia en prisión y, a medio y largo, combatir el consumo de drogas como “un problema de salud pública”.