El Tribunal Constitucional español condiciona la investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional de España ha movido ficha para ejecutar un jaque mate casi perfecto sobre la investidura de Puigdemont. Los magistrados se vieron obligados a hacer encaje de bolillos para sacudirse la presión que rodeaba ayer su decisión de admitir a trámite o no el cuestionado recurso del Gobierno que pedía la suspensión del pleno de investidura en Cataluña convocado para el próximo martes.

Su decisión pospone la admisión a trámite del recurso para dictar una clara medida cautelar que, garantizando los derechos de ningún diputado electo, evita precisamente lo que el Ejecutivo de Rajoy más teme: una investidura telemática de Puigdemont desde su residencia belga.

Los once magistrados -a falta de Andrés Ollero, ausente por enfermedad-, que se mostraban en desacuerdo acerca de la pertinencia de dar la razón al Gobierno admitiendo a trámite su recurso, lograron trabar una tercera vía, un camino salomónico, para alcanzar la unanimidad mantenida hasta la fecha en todas las resoluciones judiciales relacionadas con la crisis en Cataluña.

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Su decisión ha sido publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado, y establece como medida cautelar la suspensión de todo pleno de investidura del candidato Puigdemont que no cumpla estas tres condiciones:

1. No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.

2. No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

3. Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.

Estos requisitos planteados por los 11 magistrados, en la práctica, arrinconan a Puigdemont y eliminan esperpénticos escenarios como una aparición sorpresa del expresidente fugado en el Parlament, previa burla de las fuerzas de seguridad españolas, que llevan días desplegadas para detenerle en un hipotético intento de volver a España.

Su decisión también implica que los cinco fugados y sujetos a una orden de búsqueda y captura de la justicia española -entre los que se incluye el exalcalde de Girona- no podrán delegar su voto, por lo que el bloque independentista se quedaría sin mayoría absoluta, con sólo 65 diputados.

El Tribunal Constitucional “declara radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas”, y advierte al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas”. Los magistrados les instan a “abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont” que no respete las condiciones impuestas en esta resolución judicial. Por último, les advierte de que serán apercibidos de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

El camino único de Puigdemont

Ante esto, la investidura de Puigdemont sólo podría pasar por un camino: presentarse en España ante el juez y recibir una autorización para poder acudir a la cámara. JxCat ha anunciado esta mañana que el expresidente autonómico pedirá la autorización al juez en las próximas horas. El nuevo plan de Puigdemont pasaría por gestionar esa autorización a través de su abogado, sin necesidad de personarse ante el juez -evitando así su inmediato ingreso en prisión como medida provisional, al igual que el resto de imputados en su causa-, para acudir sin ser detenido al Parlament. En la cámara sería investido, y, posteriormente, puesto a disposición judicial y enviado a prisión. Puigdemont tiene pendiente responder ante el juez acusado de varios delitos graves, entre ellos, el de rebelión.

Sin embargo, esta opción cuenta con posibilidades mínimas. Según fuentes jurídicas consultas por elEconomista, por norma general no deben resolverse peticiones de los inculpados si éstos no se encuentran a disposición judicial. Es decir, si no se personan ante el juez. En casos de gran relevancia judicial como el del dictador chileno Pinochet o de otros inculpados en fuga o no localizados, los tribunales no han admitido peticiones a través de letrados hasta que sus representados no han sido detenidos por las autoridades.

Este modo de proceder no es obligatorio, de manera que será el juez Llarena, instructor de la causa, quien decida si accede a la petición ‘telemática’ de Puigdemont. Si analizamos las decisiones tomadas por el magistrado en lo que respecta al asunto catalán, todo parece apuntar a una alta improbabilidad de que favoreciese al expresidente catalán en este punto, ya que supondría agravar la crisis, con un presidente investido en prisión, y entorpecer el procedimiento judicial, restando al mismo toda esperanza de normalización.