Procuraduría tiene en la mira al alcalde de Yopal por “declaraciones machistas”

La Procuraduría General de la Nación el día de hoy abrió indagación preliminar en contra de Luis Eduardo Castro, Alcalde de Yopal, quien el día de ayer se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y quea su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.

“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el Municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.

El ente de control requirió a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Yopal – Casanare, para que en el término improrrogable de cinco (5) días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal de Yopal Casanare, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del Municipio.

Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los alcaldes y gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación No. 38 de 2020 de la CEDAW a los Estados parte, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata: “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.

La decisión del Ministerio Público se produce minutos después que, mediante un oficio, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, solicitaran a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien –en medio de un acto público– se refirió de manera denigrante y machista a las mujeres venezolanas y colombianas, estigmatizándolas como instrumentos sexuales.

Estas declaraciones –sostiene la misiva– “constituyen -a todas luces- un tipo de violencia verbal en contra de las mujeres, por afectar su dignidad, así como una violación a sus derechos”.

Por tanto, la solicitud de las altas funcionarias, a la Procuradora Margarita Cabello, es explícita: “Consideramos que estas expresiones son constitutivas de una presunta falta disciplinaria, al ostentar el Alcalde Municipal una potestad en el ejercicio de su cargo que lo obliga a actuar con mesura, respeto y decoro en sus manifestaciones, pues sus palabras no fueron acordes con la probidad que debe guardar un mandatario municipal. Por lo anterior, le solicitamos aperturar investigación disciplinaria en contra del citado alcalde, en aras de garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública”.

Así mismo, la Vicepresidente y la Consejera agradecieron el compromiso del Ministerio público en defensa de las mujeres, y recalcaron la importancia de que se siente un precedente en este caso, que involucra a un servidor público. “Agradecemos su compromiso como garante de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las mujeres y el acompañamiento que desde el nivel nacional se brinde a las mismas”, manifiestan en la carta.

Finalmente, las altas funcionarias ratificaron la determinación del Gobierno Nacional para que en Colombia no se tolere ningún tipo de violencia contra las mujeres. “Seguiremos impulsando acciones para lograr que las mujeres en Colombia vivan sin miedo y sin violencias”, concluyen.