Diálogos de Paz

El proceso de paz al tablero

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El Tiempo y la Universidad del Rosario llevaron a delante un foro para dar a conocer el Proceso de Paz entre el gobierno y las Farc, que se lleva a cabo en La Habana. Este espacio es la primera vez en la que se encuentran miembros de la comisión negociadora del gobierno, representantes de los partidos políticos y el fiscal y procurador general de la Nación para hablar sobre los retos de la paz. 

En la Universidad del Rosario, en la ciudad de Bogotá, se dieron cita por cuenta de la convocatoria del diario El Tiempo el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.

 

Además, acudieron varios expertos de la academia y representantes de algunos partidos políticos para discutir los tres preacuerdos que hasta ahora se han logrado en la mesa de diálogos que se lleva a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc.

 

El evento dio comienzo con la intervención del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana. Su intervención comenzó presentando lo que se ha acordado hasta el momento con las Farc. Su posición como jefe negociador dejó ver que existe un ánimo conciliador y de negociación a la par que está la exigencia por el compromiso con la negociación.

 

De la Calle fue enfático en señalar que “es necesario un reconocimiento sólido y estable de responsabilidades de las Farc frente a las víctimas. No pueden excusar su responsabilidad en responsabilidades ajenas”. También señaló que el eje de la política agraria es la familia campesina. Sobre los mecanismos de justicia que serán aplicados en la eventual posguerra señaló que “en el mundo moderno no hay amnistías incondicionales. Además, no habrá impunidad”.

 

Por su parte el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, habló sobre la particularidad de este proceso de paz en el que no hay mediadores entre las partes. Ambos equipos negociadores dialogan de frente con su propio discurso. No dudó en reconocer la dedicación con que, asegura, han trabajado las Farc para sacar adelante la agenda de los diálogos de paz en La Habana.

 

Acto seguido se llevaron a cabo una serie de páneles, correspondientes a cada uno de los puntos que ya se han preacordado con el grupo insurgente.

 

El panel de tierras estuvo conformado por el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, el experto en tierras Alejandro Reyes y Francisco Gutiérrez del Observatorio de Restitución de Tierras.

 

En este panel, a pesar de que el tema central era la cuestión agraria, algo sobre lo que se extendieron Reyes y Gutiérrez, el senador Rangel incluyó en su intervención de seis minutos, otros temas como dejación de armas o narcotráfico.

 

Para Rangel uno de los problemas capitales es que las Farc son el principal azote del campo colombiano y no permiten que haya inversión en allí. Por ende, según ese razonamiento, no se puede negociar el futuro del agro de Colombia con ellos en un escenario de diálogo.

 

Reyes, por su parte, considera que el problema central surge de una “pregunta eterna”: De quién es la tierra en Colombia. Por esto es que se estarían dando ciclos constantes de violencia que tienen como eje central la tierra en el país. Además, señaló que otro de los problemas centrales es que no existe una población campesina que goce de derechos ciudadanos.

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La posición de Gutiérrez se centró en la búsqueda de una paz sostenible. Esto implica que debe haber una distribución de la tierra que incluya a todos los que tienen al agro como su territorio natural. También señaló que si bien las Farc no tienen una gran cantidad de combatientes en sus filas, por la organización guerrillera habrían pasado entre 900 mil y un millón de personas. Esto se explicaría por cuenta de la mala distribución de la tierra que eternizaría las condiciones para que sea atractivo inscribirse en ese tipo de organizaciones.

 

El panel de participación política contó con la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López quien habló sobre la necesidad de que se supere la tesis de enemigo interno que convirtió a la oposición legal en un grupo de perseguidos. Además, señaló que se debe indagar por la responsabilidad de algunos sectores de la sociedad que auparon y fortalecieron a los paramilitares, uno de los grandes protagonistas de la violencia en Colombia.

 

Por su parte Antonio José Lizarazo  señaló que la oposición institución es esencial para una democracia y que urge adoptar el estatuto de oposición consagrado en la Constitución de 1991.

 

Desde la academia, el profesor Vicente Torrijos señaló que hay algunos puntos que no se están en los preacuerdos pero que son importantes: la pugna entre las élites (gobierno-uribismo); la inercia política (sigue el proceso o habría que parar, en qué momento se debe parar el proceso); la refrendación es fundamental (impunidad, tratados internacionales) algo que puede llevar a una asamblea nacional constituyente.  Debe haber claridad acerca de si la negociación solo tiene sentido si la violencia es descartada como metodología política.

 

Hacia la mitad del foro tuvieron lugar las extensas intervenciones del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

 

Mientras que Ordóñez insistió en que la impunidad es uno de los riesgos más grandes a los que se enfrenta el proceso de paz. Su tono fue más político que técnico y recogió las críticas que tiene sobre el proceso de paz a las cuales definió como advertencias.

 

Desde la otra orilla del debate, el fiscal Eduardo Montealegre explicó de manera técnica los instrumentos de justicia transicional que deberían entrara a operar en Colombia, tanto para la insurgencia como para los agentes del Estado.

 

La pretensión última en justicia en el proceso de paz con las Farc es lograr llegar a tener cosas juzgadas de carácter universal como consecuencia de la aplicación de un arco de justicia transicional. Con esto se lograría, en palabras del Fiscal, que exista la posibilidad de establecer responsabilidades generales en materia delictiva sin que medie algún atisbo de impunidad ni se perpetúen las condiciones propicias para que se repita un conflicto.

 

Este espacio de debate abre una ventana a través de la cual se puede empezar a entender la dinámica interna del proceso de paz, aunque la ausencia de la sociedad civil en ese tipo de discusiones con las grandes figuras de la política y la justicia nacional aún están pendientes. 

 

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