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La izquierda se une para atacar el Metro de Peñalosa

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Los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá Luis Ernesto Gómez, Jorge Rojas y Celio Nieves solicitaron al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ordenar la vigilancia especial al proceso de licitación del Metro elevado para garantizar la protección del patrimonio de los bogotanos y la transparencia en una de las obras de infraestructura vial más importantes de la capital. _

Los aspirantes por el movimiento Activista, la Colombia Humana y el Polo Democrático, respectivamente, solicitaron al jefe del ente de control ejercer su función preventiva en defensa del bien común del proceso contractual más importante para la ciudad, determinante para la movilidad de los ciudadanos durante las próximas décadas.

“Es necesario que se ponga la lupa a ese proceso lícitatorio, ante los señalamientos que ha recibido para que esta obra de infraestructura vial tan importante para los bogotanos se realice cumpliendo con todos los estándares de la contratación pública”, sostuvo el precandidato Luis Ernesto Gómez del movimiento Activista.

Por su parte Jorge Rojas dijo: “Hacer un metro sin estudios es abrirle un boquete a la corrupción. De la primera línea del metro depende la movilidad de las próximas 4 décadas en Bogotá. ¡No nos podemos equivocar! Bogotá necesita un metro subterráneo de verdad, no un trencito alimentador de Transmilenio”.

Sobre la iniciativa, Claudia López, aspirante a la alcaldía por Partido Verde manifestó a través de su cuenta en Twitter: @ClaudiaLópez:
“Buena iniciativa de mis amigos de campaña Bogotá para asegurar que, así sea el medio metrico, y ojalá el completo de verdad, tenga vigilancia de Procuraduría que asegure rigor y transparencia. Les mandamos un abrazo desde Tunjuelito donde estamos en recorrido #BogotáReverdece”.

La solicitud corresponde a varias advertencias que ha recibido la licitación del metro, entre estas la que realizó el ente de control el pasado 8 de mayo, en la cual el Procurador General señaló que “hay fuertes rumores de que Odebrecht estaría, por si o por interpuesta persona, en la licitación del Metro de Bogotá y eso lo tenemos que impedir”.

Así mismo, como es de conocimiento de los organismos de control del orden distrital como nacional, hasta la fecha hay otras advertencias frente a este proceso que no han provocado pronunciamientos de fondo y que contemplan hechos como:

• La estructuración y adopción de un Conpes de cofinanciación y la solicitud y aprobación en el Concejo de Bogota de vigencias futuras para un metro elevado con estudios realizados para un metro subterráneo.

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• Solicitud de vigencias futuras y de un cupo de endeudamiento sin el lleno de los requisitos previstos por la propia Administración Distrital y el ámbito jurídico nacional.

• Vencimiento de las vigencias futuras, aprobadas por el Concejo de la ciudad. Si bien la Administración argumenta que un traslado de recursos entre entidades distritales se considera ejecución, se trata de una interpretación que se ubica en el margen de la ilegalidad.

•Posible detrimento patrimonial por la decisión de la administración de desconocer estudios de ingeniería avanzada contratados por el Distrito Capital para un metro subterráneo para la ciudad.

• Graves impactos ambientales sobre la Estructura Ecológica Principal, que incluye incluso la intervención de la Franja de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá (ZMAP).

Ante estos y otros señalamientos, el aspirante Luis Ernesto Gómez indicó que “son muchas las voces de expertos, líderes políticos y de opinión las que han manifestado observaciones frente a eventuales irregularidades administrativas en el proceso que encabeza el alcalde Enrique Peñalosa, además de los interrogantes frente al alcance y la capacidad del Metro, el impacto urbanístico y ambiental que tendría y la relación costo-beneficio entre un metro elevado y un metro subterráneo”.

Los precandidatos concluyeron que preservar el interés común implica precaver para garantizar la adecuada y recta ejecución de los recursos públicos, lo cual no significa torpedear la obra sino asegurar transparencia y contribuir al desarrollo que la ciudad y el país necesitan.

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