Emberas asentados en el Parque Nacional impiden que se les identifique

Campamento Indigena Parque Nacional

Sin presencia de uniformados de la Policía y dando respuesta a un fallo judicial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y otras entidades del Distrito, junto a la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio Público, llegaron al Parque Nacional para llevar a cabo el proceso de identificación de la comunidad Embera que se encuentra asentada en este lugar hace más de cuatro meses.

Desde las 6:00 a.m. se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) y más de 200 servidores se organizaron para realizar un procedimiento necesario para garantizar los derechos de este pueblo y tener la información suficiente para un retorno voluntario, digno y seguro a sus territorios.

Durante cuatro horas, representantes de las entidades del Distrito dialogaron con los miembros de la comunidad indígena explicándoles el proceso a realizar. Hacia las 2:00 p.m., una vez finalizado el diálogo, los gestores de convivencia invitaron a la comunidad a acercarse a los puntos establecidos para realizar la identificación, sin embargo, algunos miembros de la comunidad atacaron y agredieron a varios gestores de diálogo y a otros servidores del Distrito. Por ende, para salvaguardar su integridad física, los equipos se vieron obligados a retirarse del perímetro.

“El Distrito tuvo toda la disposición para desarrollar esta identificación con plenas garantías. Lastimosamente, algunos líderes y lideresas no aceptaron y los funcionarios tuvieron que retirarse para evitar riesgos sobre su humanidad. Esperamos que la decisión de la comunidad de no permitir este proceso cambie y se entienda que es muy importante para avanzar con un retorno seguro y duradero”, dijo Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de Paz.

El operativo de caracterización se levantó y la administración distrital anunció que remitirá a las autoridades judiciales y a la Fiscalía la relatoría y la documentación de lo ocurrido para que tomen las medidas correspondientes.

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