Claudia López defiende a Canal Capital y señala a los concejales de ‘tráfico de influencias’

En los micrófonos de Caracol Radio la alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que las personas que señalan al Canal Capital de despidos masivos y tercerización, “se quejaron con los concejales que los habían metido a trabajar allá”.

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La mandataria local hizo las declaraciones tras conocerse las denuncias de personas que prestaron sus servicios en el Canal Capital y según ellas, “no se les renovó el contrato”.

Al respecto el Canal Capital expidió un comunicado en el que dice  que es falso que se esté dando un proceso de tercerización en la producción, “en 2020 abrimos convocatorias públicas al sector audiovisual, que puede ser consultada en el SECOP, a la que se presentaron 49 casas productoras. En este proceso se adjudicaron 10 proyectos que generaron 600 empleos para el sector, que incluyen los creados por proyectos convocados, los estratégicos y los producidos directamente. En este proceso de democratización de la producción, este año se convocaron 14 proyectos y se adjudicaron 6; con esto, generamos 400 empleos en el sector audiovisual”.

En cuanto a la no renovación de los contratos del personal que presta sus servicios en el Canal Capital, el comunicado asegura que no se trata de despidos y argumenta que los proyectos audiovisuales en los que participaban un equipo de colaboradores no continuarán produciéndose total o parcialmente, por lo que no era necesario la firma de una nueva obligación contractual.

La gerente del Canal Capital Ana María Ruiz, deberá hacerle frente a un debate citado por el Concejo de Bogotá el próximo 23 de julio, en donde tendrá que explicar las razones por las que el medio de comunicación de Bogotá no está produciendo la parrilla de programación como venía sucediendo en las dos alcaldías anteriores, cuando estuvieron al frente el periodista y exconcejal Hollman Morris (Alcaldía de Gustavo Petro) y Yesid Lancheros (Alcaldía de Enrique Peñalosa).

Ante las denuncias, la Personería inició  un proceso de verificación para determinar la veracidad de los señalamientos, entre los que se asegura que hay irregularidades en contratación de personal, al igual que serios señalamientos sobre acoso laboral y tercerización de los programas.

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