Vuelve y juega, la Drummond no cumple

A pesar de que la multinacional minera Drummond fue sancionada con 7,000 millones de pesos por el derrame de carbón en Magdalena, ésta sigue cargando carbón con barcazas cerca de Santa Marta.

Autoridades ambientales como el Ministerio de Medio Ambiente presentaran pruebas que evidencian que Drummond no acató la prohibición de cargue de carbón en barcazas.

 

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Al parecer, el cargue de carbón se reanudo el jueves, pese a que éste estuvo suspendido el martes y el miércoles, informó el director del Puerto de Santa Marta, el capitán de fragata Óscar Mantilla.

 

La reanudación de cargue de carbón incumple con el Decreto 3038 de 2007, el cual tenía la vigencia aplazada hasta el primero de enero este año. El objetivo del decreto es que las empresas productoras de carbón ajustaran el proceso de carga para que éste se hiciera de manera directa.

 

El decreto 3038 de 2007 ordenó el cargue directo con bandas transportadoras encapsuladas a partir del primero de enero de 2010.

 

No obstante, las exigencia de cargue directo de carbón se venían reforzando desde el 2011. En el Artículo 113 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, se estableció que: “A partir del 10 de enero de 2012, los puertos marítimos y fluviales que realicen cargue de carbón, deberán hacerlo a través de un sistema de cargue directo. Aquellos concesionarios que con anterioridad a la vigencia de la presente ley hubieren presentado y les fueran aprobados los cronogramas a los cuales hace referencia el Decreto 4286 de 2009, se regirán por los mismos. En todo caso, dichos cronogramas no podrán exceder del 1o de enero de 2014.”

 

El mes pasado José Miguel Linares, presidente de Drummond, informó que la compañía no sería capaz de cumplir con las normas de cargue directo de carbón a partir de la fecha estipulada.

 

A diferencia de Drummond, una de las pocas empresas que ha cumplido es Prodeco, la cual es filial de la Glencore y también codueña de El Cerrejón. Prodeco invirtió 550 millones de dólares en la construcción de un muelle de más de dos kilómetros de largo para poder cumplir con las reglas del Decreto 3038 de 2007.

Pero Drummond no es la única compañía que podría haber incumplido con el cargue directo. El 2 de octubre del año pasado, la ANLA abrió una investigación ambiental contra la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. La investigación busca determinar si la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. cometió infracciones ambientales, ya que no remitió los informes de avance al cumplimiento de las obligaciones para la implementación de cargue directo de carbón.

 

El incumplimiento de las normas podría terminar en multas diarias hasta que Drummond no actualice las instalaciones portuarias de modo que proporcione un sistema de carga cubierto que evite que el carbón y el polvo de carbón caigan al mar. Actualmente, Drummond solo cuenta con un sistema de grúas, no cubiertas, que cargan el carbón en barcazas.

 

Esta no es la primera vez que Drummond, la segunda compañía productora de carbón más grande de Colombia con una exportación diaria de 80,000 toneladas métricas de carbón térmico, se salta las leyes ambientales. En enero de 2012 la compañía fue responsable del derrame de más de 500 toneladas de carbón en el puerto de Ciénaga; razón por la cual la ANLA le impuso una multa de casi de 7,000 millones de pesos.

 

De todos modos, la Ministra del Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dijo en su momento que la cantidad de carbón vertida en el mar era de casi 1,900 toneladas métricas y no “casi 300 toneladas”, como alegaba Drummond. Hay que recordar que Drummond no informó a las autoridades correspondientes sobre el derrame de carbón de manera inmediata; al contrario, la compañía lo reveló casi una semana después, luego de que las fotos se publicaran y circularan en las redes sociales.

 

Debido al derrame, el gobierno también castigó a la compañía con la suspensión de las exportaciones de carbón durante el mes de febrero de 2012 mientras se llevaba a cabo la investigación.

 

Drummond opera en Colombia desde los años 90 y es operada de manera privada a través de la comercializadora japonesa Itochu Corp., la cual cuenta con una participación del 20%.