Uribe demandará a Pineda y a De la Espriella

En las últimas versiones libres o mediáticas de exparamilitares como Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’, ‘Pedro Bonito’ o ‘El Alemán’, el expresidente había sido mencionado como parte o beneficiario del proyecto paramilitar. Ahora, Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, miembros de la coalición uribista y condenados por parapolítica, lanzan las acusaciones. El expresidente, los desmiente y afirma que los demandará.

Este martes, en diligencia judicial, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda afirmaron que la campaña presidencial de Uribe en el año 2002 contó con el apoyo logístico de paramilitares.

 

Según los exparlamentarios, las estructuras paramilitares al mando de Salvatore Mancuso facilitaron más de 50.000 camisetas con logos de la campaña, así como la logística y el transporte para movilizaciones populares a favor del candidato Uribe.

 

Según Eleonora Pineda, Álvaro Uribe estaba al tanto de que ella era una ficha de Salvatore Mancuso en el mundo político. Además, recordó que, junto a ella y a De la Espriella, el candidato hizo varias correrías políticas en Córdoba y Sucre durante el 2002.

 

El expresidente salió al paso de los señalamientos haciendo una “contradenuncia” vía Twitter. “Miguel de la Espriella, testigo de Mancuso, ha exigido 500 millones a Congresista para no hacerle falsa denuncia de parapolítica”.

 

Además, anunció que, “Mis abogados formularán denuncia penal contra testigos presionados por extraditado Mancuso”.

 

El expresidente ha sostenido en diversas oportunidades que las acusaciones de Salvatore Mancuso y de otros jefes paramilitares hacen parte de “una venganza criminal” de quienes fueron extraditados durante su gobierno.

 

La primera declaración del exjefe paramilitar sobre estos hechos se dieron ante la Corte de Suprema Justicia en el año 2009, al ser interrogado por la abogada Sandra Gamboa.

 

El ‘mono’ ha dicho que, por preservar la seguridad de su familia, no ahondará en sus testimonios sobre lo ocurrido en esa campaña presidencial. Sin embargo, durante el pasado mes de agosto, una jueza especializada le advirtió que de no entregar más detalles sobre estos hechos, perdería los beneficios de Justicia y Paz.