Una Ley para todas las víctimas del conflicto armado

La Ley de Victimas y Restitución de Tierras, sancionada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, además de ser un instrumento reparador, tiene un efecto dignificante para las víctimas sin que importe quién fue su victimario.2011-06-27 La expectativa de las víctimas es grande; sin embargo, les asaltan dudas en relación a los mecanismos de aplicación y al procedimiento que deben seguir para recibir los beneficios. Confidencial Colombia.com consultó la opinión de tres mujeres, víctimas de diferentes actores, y su posición frente a la nueva norma que busca garantizarles una reparación integral.

**Oliva Solarte**

Oliva Solarte ha sido dos veces víctima del conflicto. Hace más de 20 años perdió a su hijo mayor, soldado profesional de ejército de Colombia, a manos de las Farc. Después, el 12 de julio de 1999, la misma guerrilla que asesinó a su primogénito se llevó a su otro hijo, Jorge Trujillo Solarte, intendente jefe de la policía, quién trabajaba en el municipio de Puerto Rico, Meta.

Desde entonces, Oliva no ha encontrado más que silencio. “No sé nada de mi hijo ni de su paradero, no hay pruebas de supervivencia y lo único a lo que me apego es a que Dios lo esté acompañando”.

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La única ley de víctimas que conoce Oliva es la necesidad de tener a su hijo otra vez en casa. Ella no pide reparación de hecho no sabe de los mecanismos para lograrla y supone que no puede acceder a ella por la muerte de su primogénito debido a que el crimen ocurrió hace mucho tiempo.

A pesar del desconocimiento de la ley, Oliva agradece la iniciativa y la intensión de reparar a los millones de afectados por el conflicto y por los miembros al margen de la ley. “El gobierno no secuestró a mi hijo, no es culpa de ellos. Por eso les agradezco y me parece grandioso que tengan en cuenta a las víctimas de la violencia, sea de quien sea”.

**Pastora Mira**

El conflicto ha marcado la vida de Pastora Mira. En 1960, su padre fue asesinado por guardias conservadores al ser considerado parte de la chusma liberal. Años más tarde, fue el padre de su hija quién murió a manos de las Autodefensas y, como ella misma afirma, la última arremetida del conflicto acabó con la vida de sus dos hijos.

“Sandra Paola fue asesinada el 2 de febrero del 2002, después de haber sido retenida por las autodefensas durante más de 6 meses. Y mi hijo fue asesinado el 18 de mayo del 2005, fue torturado y botado en la vía pública.”

Esta víctima quiere verdad y quiere justicia. Quiere ser parte de la reparación colectiva, quiere que con su voz otras víctimas recuperen algo de su pasado y puedan encaminarse a la superación del duelo; y quiere que los victimarios pidan perdón por lo que hicieron. Pero teme que la ineficacia de las instituciones revictimice a los que han luchado a su lado.

“La reparación para mi es que el Estado me permita, dentro de los parámetros, hacer lo que me dé la gana para ayudar a otras víctimas del conflicto a recuperar la dignidad. Quiero que me permitan ayudar al otro, que se encuentra en la misma situación en la que estoy yo.”

**Blanca Nubia Monroy**

A mi hijo lo asesinó el Estado, quiero que el nombre de mi hijo se limpie”. Esa es para doña Blanca Monroy, la única reparación que espera de esta nueva ley.

Aunque el desconocimiento de los alcances para ella en la ley es grande, tiene claro que no renunciará a obtener, de parte del Ejército, el reconocimiento público del error que cometieron. Su hijo fue víctima de los llamados falsos positivos. Un joven de 19 años, habitante de Soacha, que el dos de marzo de 2008, a las 7 de la noche, salió a cumplir una cita de trabajo y nunca regresó.

Desde entonces ella y otras 13 madres de Soacha esperan justicia. “no quiero una reparación en dinero, mi hijo no tiene precio”.

Doña Blanca no tiene claridad en relación a la diferencia de ésta con la ley de Justicia y Paz. Por eso pide asesoría pero advierte que hay abogados que se quieren aprovechar de ellas. “Reconocer a las víctimas de Estado es un avance, pero necesitamos que nos pidan perdón”.

Según cifras de la Fiscalía actualmente en las cáceles hay más de 2.000 casos por falsos positivos en investigación. Se calcula que la población en carcelaria de miembros de la fuerza pública condenados por este delito se pueda triplicar en un año.