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Titulación aplazada

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Tras una reunión entre el Incoder, las entidades de control y la población desplazada de la vereda El Dieciocho, cerca al Carmen de Atrato, en Chocó, el gobierno ordenó aplazar la entrega de títulos de propiedad a la comunidad indígena Embera. Luego de denuncia hecha por Confidencial Colombia, las autoridades realizarán una nueva visita al territorio para entregarle la tierra a sus verdaderos dueños.

El 21 de febrero, Confidencial Colombia conoció el caso de una posible titulación de tierras en una vereda cercana a la vía que conduce de Quibdó a Medellín. El gobierno se aprestaba a entregar más de 900 hectáreas a una comunidad Embera compuesta por 15 familias, en detrimento de más de 200 colonos y afrodescendientes que fueron desplazados de esa zona a mediados de los noventa. (ver artículo)

Armados de documentos que certifican su situación, llegaron el viernes a una reunión con funcionarios del Incoder, de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, el ministerio del Interior y las entidades de control para señalar que el procedimiento de titulación era a todas luces ilegal.

Allí también estuvieron los representantes de la comunidad Embera, que llegaron a ese territorio cuando los colonos debieron abandonarlo. Convencidos de que el proceso de titulación era un trámite, se presentaron como un resguardo indígena constituido, con presencia ancestral en los predios y arraigo a la tierra. Esto después del informe realizado por la Fundación Claretiana, que arrojó esos resultados.

Pero las pruebas presentadas por las víctimas de la violencia fueron contundentes. Los certificados de desplazamiento, radicados ante la personería, la defensoría del pueblo y la gobernación, así como los mapas de despojo y alguna escritura de terreno incluida en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados pusieron a dudar a los encargados de la titulación.

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Por eso, los organismos encargados decidieron suspender la expedición de la entrega del título en El Dieciocho. Tanto el Incoder como la Unidad de Tierras volverán a recorrer las más de 900 hectáreas que constituyen el supuesto resguardo indígena y no entregarán nada hasta que se verifique la situación de los colonos y afrodescendientes que habitaban esos predios.

Quizás la evidencia más contundente de la presencia de los dueños anteriores es una serie de fotos en las que registran el estado de la tierra antes de la violencia y el despojo. Estas imágenes, sumadas al mapa de la comunidad en los noventa, obligaron al Estado a proponer un “levantamiento topográfico” para identificar a los poseedores.

Finalmente, el gobierno no incluirá a la comunidad indígena de El Dieciocho en la constitución del resguardo existente en este sector. Junto a esas hectáreas, existen dos comunidades ancestrales que sí muestran arraigo, presencia histórica y pruebas de que poseen el terreno desde hace tiempo.

Los colonos y afros desplazados, que viven en Pereira, Quibdó, Medellín y varios municipios del departamento de Córdoba, han dado un paso hacia el retorno. Luego de pedir, en 2005, garantías por parte de las instituciones para iniciar un proceso de recuperación de su territorio, ahora se aprestan para volver.

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