¿Se le ‘armó la gorda’ al Fiscal?

En el Congreso hace carrera una iniciativa que busca crear una comisión especial que investigue los millonarios contratos de la Fiscalía. ¿Qué le espera al fiscal Eduardo Montealegre?

El jefe del órgano investigador es considerado como un lunar de la actual administración pues parece moverse solo y sin restricción mayor. Ya dejó de sorprender que él esté en medio de fuertes controversias por su posición en temas como el proceso de paz o el equilibrio de poderes y varios sectores piden a gritos que se le pongan límites, al menos en los puntos que no están directamente relacionados a su competencia.

 

A esto se suman decenas de críticas por el manejo que le ha dado a la Fiscalía y por varias irregularidades en materia administrativa y presupuestal que hoy lo tienen contra las cuerdas y en la mira del Congreso.

 

Este lunes la Comisión Primera del Senado aceptó por unanimidad la proposición de crear una comisión accidental para investigar los contratos de la Fiscalía, luego de que salieran a la luz las millonarias cuentas de dinero que el ente acusador ha pagado para, según dijo el Fiscal, evitar demandas en contra de la entidad las cuales superan los 35 billones de pesos.

 

Esos contratos, que ascienden a 44.000 millones de pesos, son realizados con reconocidos juristas, exmagistrados y periodistas que, de acuerdo con Montealegre, lejos de pagar favores, se utilizaron para propósitos de defensa jurídica.

 

Ante los hechos el Centro Democrático citó al Fiscal a un debate de control político este martes, pero el encuentro no contó con la participación del citado. Montealegre ya había afirmado que no iba a presentarse pues el Congreso no tiene competencia para hacerle una citación de ese tipo.

 

Esto no impidió que la célula legislativa decidiera aceptar la proposición que, de ser avalada en el pleno, investigaría los contratos efectuados por la Fiscalía durante los años 2012, 2013, 2014 y lo corrido del 2015. Este escenario es clave para esclarecer por qué la Fiscalía está realizando millonarios pagos a terceros –como el que hizo con Natalia Springer- si cuenta con un esquema de 20 mil funcionarios para su funcionamiento y con el agravante de que el órgano acusador no puede adelantar contrataciones externas.