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¿Quieren acelerar la salida de Ordóñez?

La ponencia en donde se trata de determinar la legalidad o no de la reelección de Ordóñez, fue presentada este martes por la Magistrada Rocío Araujo, ante el Consejo de Estado. La próxima semana será discutida y se definirá si es acogida o no.

Este fue el único punto discutido en la agenda de la Sala Plena del Consejo de Estado. La corporación estudiará la ponencia de la magistrada Araujo en la que se asegura que la elección del Procurador Ordóñez, fue ilegal.

 

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Ordóñez fue elegido como procurador para el periodo 2009-2012 y reelegido para el periodo 2013-2017 por el Senado de la República en sesión del 27 de noviembre de 2012. Sin embargo, el cargo del jefe del Ministerio Público podría no llegar al 15 de enero de 2017, ya que “el panorama no estaría a su favor”.

 

La ponencia tiene dos argumentos centrales. Primero, que en la Constitución no existe la figura de la reelección para el cargo de Procurador General. Y, segundo, que en la Corte Suprema de Justicia, tres de los magistrados que votaron por Ordóñez para postularlo de nuevo al cargo estaban impedidos.

 

Se trata de los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes, a juicio de la ponente, debían declararse impedidos por tener familiares en la Procuraduría.

 

Tras haberse radicado la ponencia de Araujo, podría este asunto ingresar el próximo martes al orden del día de la Sala Plena del Consejo de Estado.

 

El Proceso

En su momento, la primera ponencia estimaba que como la Constitución no señalaba expresamente que el procurador no podía ser reelegido, se entendía que el Senado sí podía hacerlo.

 

La segunda cambió esa percepción y estimó que la reelección de Ordóñez es ilegal porque “no está expresamente permitida en la ley y los servidores públicos solo pueden hacer lo que la norma expresamente les dice que pueden hacer”.

 

La demanda del abogado Rodrigo Uprimny dice que hubo irregularidades en el proceso de votación y reelección de Ordóñez, el 27 de noviembre del 2012. Una de las razones es que durante la reelección del procurador, “no se tuvieron en cuenta los impedimentos que presentaron varios congresistas porque tenían familiares trabajando en la Procuraduría”.

 

En este caso se violó de manera directa el artículo 126 de la Constitución, pues Ordóñez habría nombrado personas que tenían parentesco con quienes intervinieron en su designación.

 

“Es claro que en el momento de que la Corte Suprema ternó a Ordóñez para ser reelegido, varios magistrados tenían familiares trabajando en importantes cargos en la Procuraduría, lo cual configura una flagrante violación a la norma”, indicó el jurista.