¡Qué cortina tan cara!

La noticia corrió como corren hoy en día en internet, en brincos del tuit al post, de la última hora a la ampliación de lo que aparentemente era un suceso de páginas de farándula. Una actriz con un pasado accidentado, en el sentido literal de la palabra, se ve de nuevo requerida por la Fiscalía General de la Nación para que rinda cuentas, en esta ocasión por un supuesto delito de aborto. 

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En julio de 2014, la actriz Carolina Sabino le contó a su hermana Lina, en una llamada telefónica, que se había practicado un aborto. Esta conversación, que imagino llena de la emocionalidad desordenada de una mujer que se encuentra en medio de un proceso de separación, con la angustia del momento y sobre todo del futuro, llegó a la Fiscalía entre las grabaciones de espionaje y contra espionaje de la campaña del Centro Democrático a la Presidencia de la República.

 

Ni ella ni su hermana, la esposa del hacker Sepúlveda, podían pensar que una conversación tan íntima estuviera chuzada por las autoridades. La Fiscalía, en el río revuelto del caso, pescó esta charla y la convirtió en prueba para vincular a Carolina con un supuesto delito de aborto ilegal.

 

Que un partido en campaña chuce a los contrincantes no les debió parecer suficientemente grave a los fiscales y a sus particulares agendas. Se pregunta uno qué hace la Fiscalía torciéndole el cuello a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para encontrar delitos donde no los hay, mientras seguimos esperando que la justicia actúe contra los responsables de las muertes de los niños en La Guajira, de las casas de pique en Buenaventura, de las mafias en la frontera con Venezuela, de las bandas de extorsionistas o las de la minería ilegal.

 

Porque hay que ver con qué diligencia la fiscal del caso encontró mérito para judicializar a esta mujer por un delito donde no lo hay, filtrar a la prensa documentos de absoluta confidencialidad como es su historia clínica, y poner en la picota pública a la actriz, arrasando con su privacidad y su intimidad. En el cálculo político – mediático del Fiscal General de la Nación, dar a conocer el caso Sabino debió parecer estratégico, para competirle al escándalo por los carísimos contratos de Natalia Springer, y otras indelicadezas que han rondado al señor Montealegre desde su posesión, como haber sido abogado de Saludcoop y no encontrar méritos para llevar a la cárcel a Palacino, ladrón de la salud.

 

Pero qué mal cálculo. Este no es un escándalo de farándula, señor Fiscal. Es una abierta violación a muchos derechos, de Carolina y de todas las mujeres de este país. Como bien dice ella en el escueto comunicado que publicó unas horas después de que la Fiscalía informara a los medios que la imputaría por el aborto, “esto no solo ha violado mi intimidad, sino que ha atacado mi dignidad y mis derechos como mujer, como persona y como ciudadana”.

 

Pero no es solo ella quien se ve afectada por esta cortina de humo lanzada desde el bunker de la Fiscalía. La causal de salud mental, que está explícitamente incluida por la Corte Constitucional entre las razones bajo las cuales una mujer tiene el derecho a interrumpir un embarazo, es abiertamente desconocida por la Fiscalía que intenta imputar cargos señalando como ilegal un procedimiento que no lo es. Qué pequeñez la de la justicia empeñada en hacer de este caso un proceso ejemplarizante en contra de los derechos de las mujeres. Y qué arbitrario se mostró el Fiscal General mostrándose ignorante de la legislación nacional y las normativas internacionales de salud.

 

En cuanto apareció publicada la noticia, surgieron todas las suspicacias pues, dicho sea de paso, judicializar a una mujer por aborto es un hecho no sucede en Colombia desde hace marras. ¿Querrá la Fiscalía convertir a nuestro país en un encarcelador de mujeres como El Salvador, donde permanecen detenidas más de 30, muchas de ellos con hijos criándose solos sin su madre rea, por cuenta de haber decidido conscientemente lo que resultaba más indicado para su bienestar? ¿Es que acaso los fiscales no tienen la obligación de conocer y respetar los fallos de la Corte Constitucional?

 

La desinformación sobre el derecho al aborto por salud mental no es, bajo ninguna circunstancia, una excusa para violar la intimidad de una mujer, y mucho menos, para amenazarla con la acción penal. Aunque el Fiscal haya aclarado, dos días después, que la imputación de cargos a Sabino no se va a dar, lo que queda en el ambiente es que, por cuenta de la autonomía de los fiscales para llevar adelante los procesos, hay algunos que anteceden sus creencias personales y la moral de su grey a la aplicación de las leyes. Al mejor modo de la Procuraduría General de la Nación, lo que este caso demuestra es que no importa qué tan liberal sea el Fiscal, sus subalternos manejan agendas paralelas. Así, la cortina de humo que se intentó echar al aire se convierte en la costosa voluta de un cigarro, porque aunque haya reculado, la Fiscalía queda expuesta a una millonaria demanda que Carolina bien puede interponer por el daño irreparable a su derecho a la intimidad.

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