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Proyecto de Ley de baldíos, 'para afuera'

El proyecto de Ley de baldíos  ha provocado una discusión ‘imparable’ entre el ministro de Agricultura, Ruben Dario Lizarralde y los campesinos, el debate se ha extendido tanto hasta al punto de tener discusiones constantes con el senador Jorge Enrique Robledo. A pesar de esto, el pasado miércoles se hizo la radicación del proyecto por parte del ministro de Agricultura que posteriormente fue derrumbado por el Gobierno.

Después de largas discusiones entre Lizarralde, sindicatos y campesinos, fue radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley, que “da oportunidades a los campesinos para que accedan a la propiedad de la tierra y a proyectos productivos”. Lo que no esperaba el ministro era que el presidente Santos ordenara el retiro de la Ley.

 

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La radicación del proyecto, la cual se llevó a cabo el pasado miércoles, fueron establecidos cinco puntos que buscan facilitar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, por medio del mejoramiento en las condiciones de titulación de baldíos; cerrar la expansión de la frontera agrícola, promover el uso del suelo y destinar los baldíos con condiciones productivas a campesinos sin tierra.

 

De igual manera, promover el desarrollo de regiones alejadas con características agroecológicas complejas; fomentar la “asociatividad” en el campo y asegurar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra.

 

Pero en la mañana de este jueves Blu Radio, anunció la decisión tomada por el Gobierno. Una orden directamente del presidente de la Republica para retirar de inmediato la ley de baldíos, que probablemente fue radicada sin autorización.

 

Según el Ministerio de Agricultura esta iniciativa es la ‘columna vertebral’ para la creación de nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y un vuelco al régimen de baldíos y además de flexibilizar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, el proyecto busca dar seguridad jurídica y económica a las inversiones en el campo.

 

El jefe de la cartera agrícola explicó que con este proyecto también se busca enviar un mensaje de seguridad jurídica y económica a las inversiones en el campo. “No sólo en la Orinoquía sino en el campo en general las inversiones están paradas y la generación de empleo se detuvo. Sus gobernantes y congresistas están angustiados porque su desarrollo está prácticamente abandonado. Hay que tomar una buena decisión en materia legislativa.

 

También dejo claro que la iniciativa no tendrá el apoyo de muchos. “Este proyecto tendrá opositores en el Congreso, pero trataremos de demostrar que tiene un impacto social enorme y que hay que rodearlo y vigilar que se cumpla en forma estricta”.