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Participación política de las FARC va más allá de las curules negociadas

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Pese a que los detractores de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las FARC han señalado la elegibilidad política como “la gran manzana de la discordia”, tal participación deberá ganar la izquierda en la arena política.

En ello coincidieron un grupo de expertos durante el panel “El acuerdo sobre participación política: ¿la manzana de la discordia?”, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

 

En este espacio, los invitados reflexionaron sobre las implicaciones y retos que, tanto el Estado como las FARC y la sociedad, tendrán por dicha participación en política, después de la firma del acuerdo, la próxima semana en Cartagena.

 

Para los participantes en el panel, es claro que el número de curules que los acuerdos otorgan a las FARC en el Congreso no son el componente determinante de poder en el ejercicio político. De hecho, están muy por debajo de lo ganado en las urnas “a voto limpio”, por la exterminada Unión Patriótica (UP), y mucho más alejado del concedido a las organizaciones armadas en otros países, tras convenios de paz.

 

El actual acuerdo asegura a las FARC cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara, pero solo por los siguientes dos cuatrenios, a partir de 2018; luego, dependerán las que les aseguren los votos en las urnas. La UP, en 1986, obtuvo en las urnas cinco senadores, nueve representantes, 14 diputados y 351 concejales, recordó el excomisionado de paz y profesor de la Universidad Nacional, Daniel García-Peña Jaramillo.

 

En otros países con proceso de paz, entre tanto, las diferencias han sido abismales, a saber, en Angola, de 220 curules, 70 fueron para el grupo desmovilizado. También, les concedieron ministerios (4) y viceministerios (7) En Nepal, 83 curules fueron para la insurgencia (de 330) más cinco ministerios; en Sudán entregaron 126 curules (de 450), más la vicepresidencia y ocho ministerios; en Nigeria, 24 de 76 curules y en Sierra Leona, la vicepresidencia y cuatro ministerios y viceministerios.

 

Víctor Moncayo, doctor en Derecho y exrector de la U.N., afirmó que el tránsito de las FARC para dejar de ser una organización armada va más allá de convertirse en un partido político. Para Moncayo, las FARC están llamadas a continuar su controversia contra el orden establecido, pero de una manera distinta: sin fusiles.

 

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Sin embargo, su participación política deberá hacerla “con la cautela de saber a quién representa”, si en verdad quieren modificar el mal sentir de que dicha representatividad en el país no funciona.

 

Bajo ese contexto, se encontrará con una izquierda que ha estado devaluada en los últimos años (particularmente por las administraciones de Bogotá), pero que tiene que expresar el sentir y las inconformidades de los territorios más alejados de la Nación.

 

En ese sentido, el gran dilema será el papel de la izquierda y el espacio que tendrá. “O bien se ampliará y extenderá sus capacidades para incidir en la política nacional, o habrá una fragmentación que la divida”, cuestionó el experto en temas de crimen e impunidad y docente de la Universidad Externado, Camilo Umaña.

 

Al respecto, Daniel García-Peña señaló que, en los acuerdos actuales, el plus son las 16 circunscripciones especiales transitorias para la paz, en las zonas que han sido más azotadas por la violencia; aunque otras formas de participación ya estaban consignadas en la Carta del 91, pero quedaron en letra muerta.

 

De hecho, recordó que la actual promoción para la realización de un referendo sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo es una muestra fehaciente de mecanismos existentes, pero cuya puesta en práctica ha sido nula.

 

Tras los acuerdos, el gran reto de las FARC será, según el académico, más allá de quitarse esa etiqueta de secuestradores por solo convertirse en partido político, ganar la confianza de las minorías que en algún momento atropellaron, desconociendo las condiciones sociales de ellas y su autonomía.

 

El reto primordial del Estado será impedir que se repita lo de la UP, en un contexto que ya documenta el asesinato de 13 líderes regionales desde el anuncio del Acuerdo Final. Por su parte, la sociedad en general tiene el desafío de despojarse de ese lenguaje de guerra, que aún está contenido incluso en los medios de comunicación.

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