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Modelo Riopaila, una costumbre de Brigard&Urrutia

Confidencial Colombia conoció documentos en los que el prestigioso bufete de abogados le sugirió a la red empresarial Cargill Colombia adquirir 20 predios en Vichada por más de 40 mil millones de pesos. Los predios fueron adquiridos a través de 17 sociedades y se utilizó el “modelo Riopaila” para que la multinacional pudiera quedarse con los baldíos. Congresistas piden investigaciones contra la firma.

Los predios comprenden una extensión de 26.060 hectáreas, ubicados en los municipios del departamento del Vichada Rosalía y Cumaribo, Las empresas que adquirieron estos terrenos, todos con antecedentes de procesos de reforma agraria, están caracterizadas como integrantes de la red empresarial de Cargill en Colombia.

 

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Los predios cuentan con características especiales por estar en procesos de reforma agraria en el período 1989-2010. Tienen el antecedente de baldíos nacionales -esto se confirma en los Certificados de Tradición y Libertad de cada uno de éstos predios-. Además de esto, son predios vecinos, los cuales conforman la totalidad de la extensión que se ha documentado hasta este momento.

 

Dentro de la investigación se ha podido establecer que el último comprador siempre era una persona jurídica, que por lo general corresponde a una razón social de este tipo: -nombre del predio- más – SAS (Sociedad Anónima Simplificada)-.

 

De esta forma, se identificaron 17 empresas en las compras de estos predios, las cuales además de esta característica del nombre, según certificados de existencia y representación de la Cámara de Comercio, comparten lo siguiente:

 

Reportan comercio en un mismo domicilio en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la dirección: Carrera 7 No 72-13 Oficina 201.

 

Comparten una misma actividad económica: “Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas”.

 

Tienen un único miembro de junta directiva, que corresponde al señor Robert Hutter, extranjero identificado con Pasaporte: (PP) 28889402.

 

Tienen un único representante legal principal, que corresponde al señor Juan Aquilino Pérez Pérez, ciudadano colombiano identificado con C.C. 19385522.

 

También se pudo conocer que la representación legal suplente varía entre empresas en tres personas, dos ciudadanos colombianos y uno extranjero:

 

Marcos Botta (CE. E365831)

 

Maria del Socorro Villamil Salgado (CC. 30280979)

 

Maria Isabel García Gómez (CC. 52056345)

 

Todas tienen una misma revisoría fiscal de persona jurídica, que corresponde a la firma KPMG (NIT. 860000846-4).

 

Todas se constituyeron en la Cámara de Comercio de Bogotá entre marzo de 2010 y enero de 2012.

 

La operación realizada por las empresas consta de la compra de un predio, que por sus antecedentes de reforma agraria, corresponden a una Unidad Agrícola Familiar (UAF). De esta manera, Cargill está realizando el polémico “modelo Riopaila” para pasarse por encima la disposición del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, según la cual no se puede concentrar bajo una misma persona más de una UAF en tierras que han sido objeto de procesos de reforma agraria

 

Las compras de los predios se ejecutaron, en la mayoría de las veces, en la notaría número 16 del circuito notarial de Bogotá. Luego, las compras se realizaron 2 meses, un mes o incluso una semana después de constituirse la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

 

La conexión de estas empresas con la multinacional Cargill, la establecen los aspectos repetidos en cada una de estas, como son el mismo domicilio, la misma representación legal y un mismo y único miembro del consejo directivo, Robert Hutter. Esta misma información corresponde a la reportada por las empresas Black River Colombia SAS (NIT.900012685-1), Cargill de Colombia Ltda. (NIT. 900237877-5), Cargill Trading Colombia Ltda (NIT. 830138074-1) y Colombia Agro SAS (NIT. 900335836-3).

 

Al prestigioso colectivo de abogados Brigard&Urrutia, nuevamente le sale otro problema con su directa participación por la asesoría en la adquisición de baldíos, haciendo caso omiso a la ley 160. Ahora tendrán que explicar por qué estas tierras terminaron en manos de compañías multinacionales.