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Mineros confían en legalización y reconocimiento del Gobierno

Al término de la Quinta Convención Nacional Minera que tuvo desarrollo en Bogotá, los mineros tradicionales o ancestrales le dieron buen recibo a los anuncios del Gobierno en el sentido que les respetará los títulos para las explotaciones de carbón,  empero precisaron que ese es un derecho constitucional que se desconoció al adjudicar contratos de concesión en total detrimento de los raizales.

El presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá (Asominb), Germán Suárez Bernal declaró en Confidencial Colombia que ahora es importante proceder con la adjudicación de títulos, respetando una actividad ancestral.

 

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 “Lo que dice el Ministro de Minas y Energía es muy importante, pero ahora lo urgente es llevarlo a la práctica y a la realidad con celeridad porque tenemos un plazo perentorio trazado por el Gobierno y que va hasta el 11 de mayo, es decir que el que no esté formalizado podría tener líos con el agravante que llevamos 10 años siguiendo instrucciones del ejecutivo juiciosamente, pero este se encarga de cambiarnos las reglas de juego, haciendo imposible la formalización, pero a este ministro le creo porque nos integra a la locomotora de la minería y parece que no es de perfil excluyente”, aseveró Suárez Bernal.

 

Para el dirigente gremial, quien está pecando a hoy, es el Gobierno por la deficiencia administrativa, pero como en todo, anotó,  habrá que esperar y trabajar al unísono con el despacho del señor Ministro.

 

Aseguró que lo que acontece con la minería en la actualidad es muy delicado por cuanto en solo Boavita, población del norte de Boyacá, hay más de 28 socavones cerrados. Declaró que el panorama social y económico ha cambiado toda vez que en julio de 2011 la zona contaba con 320 trabajadores  en las minas, hoy esa cifra no llega a 50. “Esto impactó el comercio así como el desarrollo social y económico del norte del departamento porque se tiene prohibida la explotación de carbón que se hizo de manera atávica y hegemónica”.

 

Suárez anotó que lamentablemente no hay nada más que hacer en el norte de Boyacá que trabajar en la explotación minera porque inclusive no se puede pensar en otra actividad como el turismo porque el Cañón del Chicamocha ha sido afectado considerablemente con los vertimientos directos de la industria siderúrgica y de municipios como Tunja, Sogamoso y Duitama. Por este hecho los habitantes de Boavita están buscando una compensación para tener una posibilidad de economía sostenible en la región.

 

“Con esto queremos parar la migración tan alta en la región porque en los municipios de Boavita, La Uvita y San Mateo, en los últimos 20 años se ha registrado un éxodo del 65 por ciento, el cual viene acompañado con cierre de colegios y escuelas. La agricultura por la calidad del suelo es inviable, luego no se puede pensar en empleo rural agropecuario, lo que muestra que la opción se subsistencia es la minería”, dijo el presidente de Asominb.

 

Por tal razón, precisó el ingeniero, esos colombianos tienen derechos que tienen que estar en línea con la capacitación, la financiación y el adelanto en minas. “El Gobierno ya se concientizó que estamos frente a un problema social que no se puede descuidar y por tal motivo creo la dirección de formalización que está encaminada a atender el inconveniente”.

 

A esa dirección del ministerio de Minas y Energía le asignaron 30.000 millones de pesos para la vigencia de 2013 que según dicen los mineros serán determinantes en el desarrollo, mientras no se vayan para bota militar o represión en las minas. ”Ojalá estos recursos contribuyan con la creación de empresas, con el fomento de la pequeña y mediana minería así como para tener el anhelado tren del carbón o la línea Chulavita, como se propuso”.

 

La preocupación de los mineros se agudiza pues no en vano y según datos de Fenalcarbón, más del 70 por ciento de la producción de carbón en Boyacá es informal y ancestral.


La Uvita también la está viendo negra

 

El presidente de la cooperativa de carbón Coprocañitas, Jacinto Cáceres dijo que esta asociación nació en La Uvita (Boyacá) en el año 2004 con el único fin de legalizarse y fue en ese entonces cuando se acogieron a la ley 685 de 2001. De manera increíble y tras haber acordado el tema se les negó la posibilidad. Por presiones de la comunidad en 2006 se les entregó un área de reserva especial que firmó el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Minas, Hernán Martínez Torres. A los dos meses y con la firma de un título minero con un particular se cayó el esfuerzo de tantos años, situación que llevó a demandas que reposan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 

“Esto fue un raponazo, porque nos quitaron un derecho que tenía firma presidencial y ministerial”, enfatizó Cáceres.

 

Dijo que Ingeominas le entregó a una sociedad minera, la zona de la cooperativa cuando ya le había concesionado 1.700 hectáreas. “Esto lo hemos denunciado porque la situación afectó a 36 mineros con sus familias que hoy están en veremos por los errores cometidos”.

 

En la actualidad hay en promedio 15 socavones cerrados en La Uvita por el nuevo mandato. La situación tiene a la gente sobreviviendo, según dice Cáceres, porque la mayoría se desplazó. El 40 por ciento de la minería que tenía la población boyacense en 2005 se les quitó de las manos para entregársela a un particular. “En ese momento perdimos nuestras inversiones. La reserva especial debió entregarse a mediados de 2009, pero como se dijo, hubo total desconocimiento de la ley en nuestro perjuicio”.

 

En La Uvita, comentó el minero,  se ha hecho todo por la legalización, pero algo pasa muy extraño que el país y el mundo deben conocer.