Mineros anuncian demandas al Estado por cierre ilegal de socavones

Por el cierre de los socavones de explotación carbonífera, el cual se hizo “a la brava” y por fuera de la ley, los mineros colombianos preparan demandas contra el Estado, que procedió a sellar las minas que están en proceso de legalización.

Por el cierre de los socavones de explotación carbonífera el cual se hizo a la brava y por fuera de la ley, los mineros colombianos preparan demandas contra el estado que procedió a sellar las minas que están en proceso de legalización.

 

El presidente del Sindicato Nacional Minero, Juan Pardo Samudio afirmó en Confidencial Colombia que hay decepción en el gremio minero del país por cuanto el gobierno había ofrecido un plan social de legalización que contempló inclusive mesas de trabajo en todo el territorio nacional.

 

“Todo eso fue una gran mentira porque ya comenzaron a cerrar las minas conocidas como de hecho que están en proceso vigente de legalización. Así como le vamos a creer al gobierno o al señor ministro de Minas y Energía que llegó pateando la lonchera de los mineros que están acudiendo al llamado coherente de concertar y formalizar la actividad minera”, declaró Pardo Samudio.

 

El vocero de los mineros colombianos consideró los nuevos cierres como una burla a los propietarios de las minas que están viendo como se les vulnera el derecho al trabajo. “Aquí también hay violación de los Derechos Humanos porque con los cierres no hay ingreso para las familias y en consecuencia vendrán tiempos de hambre y grandes necesidades”.

 

Actualmente, explicó Pardo, hay cierres en todo el altiplano cundiboyacense, en Santander y en otras regiones de minería tradicional.

 

Precisó que la situación es muy delicada en Guachetá (Cundinamarca) en donde la clausura forzada de la actividad minera demostró que también desde el ejecutivo se rompen las reglas de juego.

 

“Estos cierres tienen en esa zona perjudicados a varios mineros de reconocida tradición pues hablamos de personas afectadas como Julio Gutiérrez, Flavio Cañón, Cristancho Rojas, Luis Panche, Alfonso Piraquive y otros empresarios del carbón que hoy con esos cierres debieron prescindir de personal y cancelar contratos porque indiscutiblemente con el gobierno no se puede y lamentablemente Colombia es el único país del mundo en donde el estado es dueño del subsuelo”, agregó el dirigente sindical.

 

Según Pardo, el país está por enterarse de muchas arbitrariedades y trampas porque ya se conoció un caso en donde un concesionario negoció o vendió de manera parcelada y en total desconocimiento de la ley las tierras con las que el gobierno lo benefició. “Por ahí están diciendo en el norte de Boyacá que inclusive el negocio con una firma canadiense se cayó por presiones de las autoridades mineras de la región”.

 

Para el Presidente del sindicato minero, el asunto se complica mucho más porque hubo total desconocimiento de lo pactado por cuanto no tiene presentación que cierren una mina que estaba en proceso de legalización con el comprobante de tramitación al día.

 

“En contra de su voluntad, las autoridades mineras están obligando a los alcaldes a cerrar las minas, pasando por alto los acuerdos y mostrando agresividad y rapiña con los dueños de las fincas y de las minas”, señaló Pardo Samudio.

 

La realidad que golpea a Guachetá afecta a más de 70 familias y saca del mercado una cifra superior a las 6.000 toneladas de carbón. Para el sindicalista, la ley 685 de 2001 en su artículo 165 prohíbe el cierre y las acciones de las minas de carbón, menos cuando estas están en proceso de legalización.

 

“Queremos un pronunciamiento serio y contundente de la Agencia Nacional Minera frente a los últimos hechos, porque no se entiende que un día el gobierno diga una cosa y a la semana atropelle a las personas, obviando los compromisos y los derechos constitucionales que amparan a las personas”, dijo.

 

En su concepto, vendrán múltiples demandas a la nación porque hay desde prevaricato hasta agresiones y violación de los derechos humanos. Desde ya los mineros anuncian nuevo paro nacional y protestas pacíficas, por fuera de las vías de hecho para conseguir la atención del ejecutivo, del  que reiteran, esperan una explicación lógica.