La Unidad de restitución de tierras sólo ha actuado en 5% de las solicitudes

Habiendo iniciado el sexto año de ejecución política de restitución de tierras en Colombia, el Gobierno debe enfrentar un nuevo desafío de cara a implementación de los acuerdos de La Habana. La Fundación Forjando Futuros ha ofrecido números y ha publicado un balance de un proceso que avanza con lentitud y en medio de las amenazas y asesinatos de quienes deciden reclamar los predios de los que fueron despojados. Durante este periodo, de las 100.158 solicitudes presentadas en la Unidad de Tierras únicamente han sido restituidos 4.814 casos (el 5%) y se han rechazado 24.603. El 57% de los victimarios -quienes usurparon las tierras- eran paramilitares, según reconocen las 2.317 sentencias dictadas hasta ahora.

La Fundación hace un llamado al ejecutivo y propone que desde el gobierno se compren tierras para compensar a las víctimas que reclaman y que se continúe en el proceso de recuperación de las tierras robadas, de esta manera se evitaría la muerte violenta de los reclamantes.

 

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Mientras esto sucede, hay alerta en el país y en Antioquia ante los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y reclamantes de tierras, el más reciente el de José Yimer Cartagena el pasado 10 de enero en Carepa, quien además de ser líder político de Marcha Patriótica estaba inscrito en la Unidad de Tierras como reclamante de un predio ubicado en la vereda El Cerro, corregimiento Saiza en Tierralta, Córdoba y asesoraba a otros reclamantes de tierra en los procesos.

 

El municipio más afectado en esta materia ha sido Medellín. De un total de 804 solicitudes de restitución de tierras, de viviendas y predios despojados por grupos armados desde 1991, la Unidad de Restitución de Tierras no ha podido proceder con ninguna solicitud ante los jueces de la República.

 

De acuerdo con cifras oficiales, el 57% de los victimarios en los casos de agresión a líderes de tierras, corresponden a paramilitares, 13% a la guerrila y el 30% restante corresponde a enfrentamientos, grupos armados no definidos e instituciones del Estado.