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La deuda de Obama con los latinos

Sin lugar a dudas, la reforma migratoria es la gran cuenta pendiente de la administración de Barack Obama con los más de once millones de indocumentados que hay en el país del ‘Tío Sam’. Hoy, cuando comienza su segundo periodo en la Casa Blanca, analistas y políticos saben de la fuerza política que representan los hispanos en esa nación y consideran que este tema es umbral para la agenda de la potencia mundial.

“El seis de noviembre, la comunidad hispana salió a votar masivamente a favor del candidato y del partido que les extendió la mano en términos migratorios. Salió a apoyar al presidente Obama y al partido demócrata”, dijo hace poco el vocero del líder de la mayoría demócrata de Estados Unidos, José Dante Parra.

 

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Ese día, 7,1 millones de hispanos votaron por el candidato-presidente y le dieron a Barack Obama el empujón necesario para que pudiera permanecer en la Casa Blanca por un periodo más. Un compromiso que el primer afroamericano en gobernar al país del norte debe refrendar.

 

Días antes de los comicios, el vicepresidente Joe Biden afirmó en una conferencia que “en las pasadas elecciones, el pueblo estadounidense reconoció finalmente las aportaciones de los latinos y quien no tenga en cuenta las preocupaciones de esta comunidad, jamás ganará”. Las palabras de la fórmula de Obama representan una realidad cada vez más evidente.

 

Este lunes, cuando tomó posesión como mandatario de los norteamericanos, Obama habló como nunca antes lo había hecho un Presidente estadounidenses sobre los extranjeros en ese país. “Nuestro camino no estará completo hasta que encontremos una mejor manera para acoger a nuestros inmigrantes”, señaló en un discurso ante más de 800 mil personas.

 

Obama sabe a quién le está hablando. El congreso de la República de ese país tiene 31 senadores hispanos, la población latina en Estados Unidos supera los 50 millones y desde 2002 se convirtió en la mayor minoría en ese país. En el año 2010, la población hispana alcanzó más del 16 por ciento de la población total, y se espera que llegue al 21 por ciento para el año 2020.

 

La principal inquietud de la población hispana es la necesidad de establecer una reforma migratoria, que le permita a los indocumentados realizar un proceso de legalización y adquirir la ciudadanía norteamericana.

 

Obama ha dicho que días después de tomar posesión como presidente, “empezará a presionar al Congreso para que produzca un proyecto de ley de reforma migratoria”, según el periódico Nuevo Herald. Sin embargo, ya se conocen aspectos que estarán incluidos en este documento.

Se sabe, por ejemplo, que esa posibilidad de obtener la ciudadanía norteamericana será para individuos que “aprendan inglés, paguen impuestos atrasados y que no tengan antecedentes penales”. Los inmigrantes quieren cambios, y los quieren ahora.

 

Reforma bipartidista


Analistas y políticos tienen una sola certeza frente a la reforma migratoria: no se puede gestionar ni jalonar desde un solo partido, debe ser una concertación entre republicanos y demócratas. Más en una coyuntura como la actual, donde el Senado es del partido de poder y la Cámara es de la oposición.

 

El panorama frente a una posible concertación es diverso. Mientras ya existe una comisión especial en el legislativo, conformada por tres parlamentarios republicanos y tres demócratas, para intentar conciliar un texto que pueda tramitar fluidamente en el Congreso, hay representantes de la oposición que se oponen a la iniciativa.

 

El representante republicano Lamar Smith, del comité judicial de la cámara baja, advirtió el lunes que será difícil para el Congreso aprobar una reforma migratoria que conceda a los 11 millones de inmigrantes indocumentados una vía para la naturalización, a la que calificó como una “amnistía masiva”.

 

Sin embargo, y a escasas horas de la reelección de Obama, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, expresó su disposición para abordar una reforma migratoria pero rehusó especificar si el debate incluirá la opción de que los inmigrantes sin documentos se vuelvan estadounidenses.

 

Jeb Bush, Jr., hijo del ex gobernador republicano de la Florida Jeb Bush, también se muestra a favor de un debate amplio sobre la migración a América y las condiciones de quienes han llegado al país americano de manera ilegal.

Según varios expertos, este “giro hacia el centro” por parte de los legisladores más radicales del partido republicano tiene que ver con fines eminentemente políticos. El voto latino catapultó a Obama a la presidencia y la reforma migratoria será umbral para decidir el futuro en la agenda del país del norte.

 

“Si no se sintonizan con el tema, los republicanos corren el riesgo de convertirse en un partido regional y perder la Casa Blanca por décadas”, señaló el vocero Parra. Los republicanos no pueden, según analistas, darse el lujo de perder los votos de la mayor minoría de la nación ni de convertirse en un partido antiinmigrantes.

 

Esa será la discusión al interior de los republicanos, un partido que tiene personajes que ven factible la posibilidad de debatir estos temas pero que incluye también a radicales extremos, como los que conforman el Tea Party. Esta ala ortodoxa conjuga con la tenencia de armas, ve con desconfianza el acceso de la comunidad LGBT a derechos y libertades y es partidaria de las “deportaciones voluntarias” de inmigrantes ilegales.

 

El país apoya la reforma


Mientras el gobierno y los poderes públicos discuten la necesidad de reformar la legislación migratoria en el país, una encuesta realizada hace pocos días señala el amplio apoyo popular que tendría una eventual reforma.

 

Una nueva encuesta entre 1,003 votantes, dada a conocer el viernes, muestra un sólido apoyo bipartidista a una legislación que legalizaría a millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo un plan que les otorgaría la posibilidad de solicitar ciudadanía estadounidense.

 

Según la encuesta, el 73 por ciento de los votantes encuestados prefieren la legalización de los inmigrantes indocumentados sobre la deportación. También el 77 por ciento de los encuestados apoyaría un plan que incluya seguridad fronteriza, requisitos para que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de sus empleados, la posibilidad de ciudadanía para inmigrantes indocumentados y la vinculación de la inmigración futura al estado de la economía.

 

Mientras más mejore la economía más inmigrantes se autorizarán a venir a Estados Unidos, pero si la economía empeora las visas se limitarían.

 

“Esta encuesta superó todas mis esperanzas y expectativas”, dijo Eliseo Medina, secretario-tesorero de SEIU. “Estoy absolutamente sorprendido por el nivel de apoyo público bipartidista para una solución de sentido común a la inmigración”.