La canciller María Ángela Holguín

Cacerolazo para la canciller María Ángela Holguín

 

Por lentitud administrativa del litigio con Nicaragua

 

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Tras poco más de un año desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el ‘fallo de la discordia’, el cual le otorgó la soberanía de 75.000 kilómetros cuadrados de mar colombiano a Nicaragua, son pocos los avances registrados y muchas las denuncias por la forma en que el Gobierno y especialmente la dirección consular del país, encabezada por la ministra María Ángela Holguín, preparan las herramientas jurídicas para hacerle frente a la sentencia y a Nicaragua.

 

Si bien ya hay un plan de trabajo instalado que contempla declarar el fallo como inaplicable por la ausencia de la delimitación de los límites marítimos al interior del Congreso de la República, además de declinar los artículos 1 y 2 del Pacto de Bogotá, documento que somete a Colombia al juicio de la CIJ y la constitución de zonas contiguas alrededor del archipiélago, emergen numerosas críticas  y barreras por el manejo de los aspectos que impuso la corte y la lentitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para exponer ante la opinión pública los métodos de contingencia.

 

Las diatribas van desde el logo independentista de los raizales de San Andrés, el corte de relaciones con Nicaragua que propone el Senador de la Comisión Segunda Edgar Espíndola,  la citación a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe por presunta responsabilidad en el fallo adverso de la Corte de La Haya y el enunciado que especifica una pasarela diplomática en el archipiélago sin fines concretos.

 

Mientras que Nicaragua ya impuso tres demandas ante la asamblea internacional, denuncias que no son tareas sencillas de manejar para la Canciller, en Colombia,  al parecer, se aplicó la ‘costumbre del aplazamiento’ de reuniones y encuentros al interior del Ministerio, verbo que aplica también a la constante renovación de abogados responsables de analizar los métodos para reconfigurar el fallo.

 

La tercera demanda impuesta por los nicaragüenses sumó a los agentes de orden jurisprudencial, Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, quienes tendrán las lumbreras de representar a Colombia en La Haya el próximo 6 de diciembre para exponer cual serán el escudo y la lanza del país que detendrán la “pretensión expansionista” de Nicaragua.

 

Adicionalmente, se suma la decisión de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Nicaragua, Luz Estela Portilla, de quien poco se ha escuchado durante el proceso, especialmente cuando se elevó la tensión el 19 de noviembre del año pasado, fecha en que se dictó el fallo. El rol de Portilla es un espectro casi invisible, puesto que la única persona que está autorizada para dar declaraciones al respecto es la propia ministra Holguín.   

 

Según la Canciller de nuevo se encuentran en espera, para muchos injustificada, de un pronunciamiento de la Corte de La Haya. La pasividad del gobierno colombiano mantiene a Nicaragua ejerciendo soberanía desmesurada desde la frontera y se agota la paciencia.